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El terror de los poderes fácticos

por 7 septiembre, 2018

Si uno ha seguido rigurosamente el debate respecto a la acusación constitucional contra tres ministros de la Excma. Corte Suprema en la prensa, veremos las diversas columnas de opinión, editoriales, instituciones o agrupaciones que han señalado que estamos poniendo una bomba de racimo al Estado de Derecho. Ha sido sorprendente e inédito el despliegue realizado para “bajar” la acusación, lo único que falta es que la Cruz Roja y los Boy Scouts también salgan a defender a los jueces de la Sala Penal.
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Durante toda mi carrera política y según mi experiencia parlamentaria, desde que volvimos a la democracia, nunca había visto un clima tan apocalíptico en relación con una acusación constitucional. De manera lamentable, esto se ha tornado en una clara campaña de amedrentamiento, teniendo como único propósito inhibir las facultades exclusivas del Poder Legislativo.

Es más, el país ha sido testigo de la postura que ha asumido el Presidente Sebastián Piñera, al entrevistarse privadamente con el ministro Haroldo Brito, máxima autoridad en estos momentos de la Corte Suprema. ¿Estarán actuando de manera coordinada dos poderes del Estado, como lo son el Ejecutivo y el Judicial, frente a esta problemática? ¿Querrán desconocer las facultades que la propia Constitución nos delega como parlamentarios?

Si uno ha seguido rigurosamente el debate respecto a la acusación constitucional contra tres ministros de la Excma. Corte Suprema en la prensa, veremos las diversas columnas de opinión, editoriales, instituciones o agrupaciones que han señalado que estamos poniendo una bomba de racimo al Estado de Derecho. Ha sido sorprendente e inédito el despliegue realizado para “bajar” la acusación, lo único que falta es que la Cruz Roja y los Boy Scouts también salgan a defender a los jueces de la Sala Penal.

Quisiera dejar en claro que nosotros no nos hemos apartado ni un milímetro de la Constitución. Es más, me atrevería a decir que esta campaña ha tenido el claro objetivo de enlodar nuestras funciones, llegando al extremo de, con las palabras del ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, señalar que esta acusación es equivalente al quiebre institucional del año 1973. Queda claro que solo buscan infundir temor a la opinión pública, haciendo un uso instrumental a la memoria colectiva de los 17 años más oscuros de nuestra República.

Quienes han politizado la acusación constitucional, podrían ser más bien aquellos que han sacado cálculos mezquinos de quienes podrían ser los reemplazantes de los jueces en cuestión o quienes litigan permanentemente en tribunales o bien aquellos que sostienen que por razones políticas votarían a favor, ya que, según palabras textuales del ministro de Justicia, Hernán Larraín, “en Chile la mayoría de los jueces son de izquierda”.

Quisiera destacar que esta acusación está cimentada sobre bases jurídicas y políticas sólidas, lo que –a lo largo del estudio que realiza la comisión que examina el mérito de la misma– ha quedado ratificado por opiniones de juristas que no han tenido temor de expresar sus razones de forma independiente, movidos por una preocupación honesta y genuina de defensa de los derechos humanos en nuestro país.

El libelo señala que los jueces involucrados han caído en un grave o notable abandono de deberes por no ejercer un control de convencionalidad, al aplicar el decreto ley sobre libertad condicional concediendo este beneficio, en forma indebida, a criminales de lesa humanidad, lo cual ha sido rechazado expresamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH, constituyendo esto una forma encubierta de impunidad. No podemos comparar un delito común con un delito de lesa humanidad, y la Corte Suprema, a través de su Sala Penal, ha terminado por relativizar esta diferencia.

En Chile nadie está por sobre la Constitución, ni siquiera los integrantes del máximo tribunal de justicia.

Es preciso señalar que, en esta oportunidad, no se cumplió con el estándar que el derecho humanitario internacional emplea para conceder este tipo de beneficios penales de formar excepcional y, siempre, ponderando cuando estamos frente a criminales que han violentado la conciencia de la humanidad. Además, los tratados internacionales –en especial los de DDHH– deben ser interpretados de buena fe y no puede justificarse su incumplimiento por razones de derecho interno, ya sea por ausencia o defecto de la ley para justificar un incumplimiento de las obligaciones internacionales o neutralizar las vigencias de tales, contraídas por el Estado de Chile. Es por ello que todas las bancadas de la oposición concurrimos con nuestras firmas para interponer la acusación constitucional.

Quienes han politizado la acusación constitucional, podrían ser más bien aquellos que han sacado cálculos mezquinos de quienes podrían ser los reemplazantes de los jueces en cuestión o quienes litigan permanentemente en tribunales o bien aquellos que sostienen que por razones políticas votarían a favor, ya que, según palabras textuales del ministro de Justicia, Hernán Larraín, “en Chile la mayoría de los jueces son de izquierda”.

En fin, lo digo con el mayor respeto para que no se siga ensuciando la acusación constitucional y que esta pueda proseguir su curso normal y sepamos esperar TODOS el debido proceso, al igual que su resultado. Respetemos las funciones de cada uno de los poderes del Estado, sin intervenciones, ni presiones.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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Envíada por Enrique Álvarez Jaque | 22 septiembre, 2018

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