Luego de un informe evacuado por la Contraloría que detecta irregularidades en la apertura del relleno Santa Marta, los diputados pretenden que el organismo fiscalizador proponga drásticas sanciones que irían desde el cierre del acopio hasta la destitución del jefe regional.
El lapidario informe emanado por la Contraloría en diciembre pasado sobre irregularidades en la apertura del relleno Santa Marta, ubicado en Talagante, abrió el apetito de diputados que cuestionan a la gestión del intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, tras la "apurada" puesta en marcha del relleno sanitario Santa Marta.
Legisladores de la oposición afirman que solicitarán agilizar al organismo fiscalizador el proceso sancionatorio contra el jefe regional por "vulnerar la ley".
El informe de la Contraloría, encargado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, ordena invalidar el Plan de Cumplimiento que dio luz verde al depósito que reemplazó al clausurado vertedero Lepanto.
El documento, firmado por el titular del organismo Gustavo Sciolla, detalla ocho omisiones del Plan de Cumplimiento antes de la apertura del acopio entre los que se cuentan la omisión de exigencias como una báscula o pesa y la implementación de caminos de acceso al recinto.
En lo medular, la Contraloría determina que "el citado Plan de Cumplimiento, como la referida Resolución N° 228/2002 que lo aprueba no se ajusta a Derecho, al permitir que algunas de las antedichas medidas contenidas en la resolución de Calificación Ambiental no se cumplieran o materializaran en una oportunidad distinta a la exigida", por lo que el organismo fiscalizador concluye que el acto deberá invalidarse.
El intendente, en tanto, prepara sus descargos ante la misma entidad, los que apuntarían -según fuentes de la intendencia- a que los actos administrativos que realizó en su calidad de presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) son legales por cuanto deben respetarse.
Embestida opositora
Los diputados opositores Gonzalo Uriarte y Mario Varela (ambos UDI), que impulsaron la acusación constitucional rechazada estrechamente en la Cámara contra el jefe regional, aseguran que las observaciones de la Contraloría refirman la tesis esgrimida en junio pasado.
El diputado Mario Varela sostuvo que ahora los dardos apuntarán a que la Contraloría agilice la proposición de sanciones que debería entregarse en las próximas semanas.
"Sin ánimo de influir en las acciones que desarrolle el organismo creemos que es de suma urgencia que pronuncie respecto a las sanciones por este ilegal acto administrativo por parte del intendente, lo que implicaría, paralelamente, proponer la destitución del jefe regional como también el cierre del relleno Santa Marta", explicó.
El diputado Gonzalo Uriarte refirmó los dichos de su par y agregó que no se descarta reflotar una acusación política "aunque debemos esperar el dictamen de la Contraloría".
El legislador consideró que a la luz de lo expuesto por la entidad fiscalizadora "el intendente debería de dejar su cargo y pedir disculpas a las comunas de Talagante y Maipú por apurar la entrega de rellenos sanitarios que no cumplían con normas ambientales requeridas".
"No es el momento"
Para el diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, Alejandro Navarro, el delicado momento político que enfrenta el gobierno tras los casos Coimas y GATE impediría destituir de su cargo a Trivelli.
"No es el momento político adecuado para realizar gestiones de ese tipo debido al grave momento que atraviesa el gobierno", aseguró Navarro, férreo opositor de la gestión ambiental de la autoridad regional.
El parlamentario explicó que la autoridad regional "hasta ahora ha tenido protecciones externas que lo han favorecido: la crisis del gobierno y el blindaje desplegado por La Moneda para frenar la acusación constitucional", por lo que sería "complicado" que se tome una determinación política de que se remueva de su cargo.
"La apertura del relleno ha estado plagada de intervenciones políticas impropias, y que han generado un desastre disfrazado de ilegalidad", dijo.
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