Tras el dictamen, el municipio debe excluir de la comuna la totalidad del avisaje perteneciente al grupo Sarmiento, el que ya tuvo problemas en la comuna de Santiago. Recoleta y la empresa están obligados a pagar 45 millones de multa por no respetar un fallo anterior y atentar contra la libre competencia.
Obligada por la Comisión Resolutiva de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a sacar la totalidad del mobiliario urbano en Recoleta, como paletas publicitarias, basureros y refugios peatonales, quedó la empresa publicitaria Sarmiento.
Según el ente jurisdiccional que vela en Chile contra los monopolios, la compañía y el municipio de Recoleta, infringieron un dictamen fechado el 2002 donde ya se ordenaba dicho retiro. El fallo constata también que ambas atentaron contra la libre competencia al no llamar a concurso público para licitar los espacios comunales destinados a publicidad.
Además, el organismo multó al municipio con mil unidades tributarias mensuales -unos 30 millones de pesos- y con la mitad de esa cifra a la sociedad publicitaria.
La medida, adoptada por la Fiscalía Nacional Económica hace algunas semanas, de la que apeló la empresa Sarmiento ante la Comisión Resolutiva, se produjo luego que el año pasado la firma Zhar Vía Pública solicitó al organismo que realizara una investigación, alegando que el municipio encabezado por el alcalde Gonzalo Cornejo celebró en el 2001 un contrato de exclusividad que permite instalar elementos publicitarios en la comuna, con lo que se dejó fuera a otros posibles competidores.
La Fiscalía determinó que Recoleta debía revocar el permiso a la firma y, en caso que celebrara un nuevo contrato relacionado con el mobiliario urbano, debía llamar a licitación pública para tal efecto.
El grupo Sarmiento es una compañía dedicada al negocio de la publicidad en las vías públicas y los mobiliarios urbanos, tales como paraderos de buses, baños y relojes públicos. Su matriz es Publicidad Sarmiento, empresa con sede en Mendoza y cuyo controlador es la familia Terranova, además de tener como socio minoritario al Bank of America. Sus ventas globales ascienden a unos 70 millones de dólares anuales en distintos países en que está presente.
Exploración de la Fiscalía
Las autoridades municipales de Recoleta no estuvieron disponibles ayer para entregar su visión respecto al fallo. Sólo la concejala DC Mónica Luna pudo ser contactada y sostuvo que el concejo municipal ha estado permanentemente preocupado por la falta de transparencia respecto a "la situación en que fue adjudicada la propuesta a Sarmiento».
Los resultados de la investigación de mayo del 2003 de la Fiscalía dieron cuenta que en las vías de la comuna se constató la existencia de «al menos 36 elementos de mobiliario urbano con soporte publicitario del grupo Sarmiento, emplazados en las calles, y que en a lo menos 21 de estos elementos la publicidad fue renovada con posterioridad a febrero del 2003».
Así, la entidad solicitó a la municipalidad que informara las razones del incumplimiento de la resolución que ordenó retirar los productos, bajo qué tipo de contrato y por qué la firma renovó la publicidad.
El municipio respondió que el 5 del diciembre del 2002 se puso fin al contrato con la firma, que no se produjo renovación del mobiliario y que respecto al retiro del material se dijo que esto se debió "a la imposibilidad municipal de destinar recursos extraordinarios a esta labor". Sarmiento, en tanto, pidió que se le rebajara la multa y argumentó que ya no tenía ningún vínculo con el municipio.
Ante ello, la Comisión Resolutiva, pronunciándose respecto de la apelación contra lo resuelto por la Fiscalía, determinó que "indiferente resultan las distintas y contradictorias imputaciones que recíprocamente se atribuyen las partes, para intentar explicar la razón de la utilización de los elementos publicitarios". Por ello determinó que el material se debe sacar y que la multa era justificada.
Problemas para Lavín y otros municipios
La firma presta servicios en otras comunas capitalinas, como Santiago y Vitacura. El municipio de Lavín se encontró con un gran dolor de cabeza este año pues enfrenta una demanda por 7 mil millones de pesos de la empresa de publicidad callejera Publietapa, que se considera afectada por la decisión del edil de renegociar un contrato -y no cobrar las boletas de garantía- con el grupo Sarmiento en el 2002.
La decisión de Lavín también ha tenido cuestionamientos por parte de los concejales de la comuna. Ricardo Zúñiga envió una carta a la Contraloría el 2002 en que dio cuenta de irregularidades cometidas por la firma durante la licitación anterior, como el no pago de derechos municipales, incumplimiento de la instalación de la totalidad del mobiliario comprometido y faltas en la mantención de los elementos. Además, argumentó la escasa información del alcalde en el proceso de elección de la compañía de mobiliario urbano.
En Vitacura, el concejal Sergio Hernández explica que el municipio ha tenido numerosos problemas por el no pago de los montos a los que se comprometió Sarmiento tras la licitación, lo que va en desmedro de los recursos de la comuna.
Uno de los temas que más problema causa a los distintos municipios son los antecedentes que la compañía tuvo en Mendoza, Argentina, donde hace un par de años se les acusó de pagar coimas a concejales a cambio de ganar una licitación.
___________
