Consorcio anunció que desde abril no abrirán las puertas a las comunas que no quieran pagar la nueva tarifa. La Florida, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, El Bosque, San Ramón y Macul, adscritas a la empresa Metropolitana de Residuos Sólidos Domiciliarios (Emeres), están en esta situación.
La empresa Santa Marta no trabajará más con municipios que tengan deudas con el consorcio y tampoco con las comunas que no paguen la nueva tarifa de un 35 por ciento más sobre el precio actual, debido a los serios problemas financieros que enfrenta el depósito.
Así lo anunció el presidente del consorcio Santa Marta, Guillermo Ruiz, quien dijo que desde abril se cerrarán las puertas a las municipalidades que no quieran pagar la tarifa nueva, que hasta ahora, son un total de siete: La Florida, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, El Bosque, San Ramón y Macul, adscritas a la empresa Metropolitana de Residuos Solidos Domiciliarios (Emeres). Añadió que una de las comunas en peor situación es El Bosque, pues tiene una deuda que asciende a 300 millones de pesos.
Esto fue confirmado ayer por el gerente general del relleno, Rodolfo Bernstein, quien dijo:"pedimos una tarifa de acuerdo a nuestros estudios y sin esa no se puede sobrevivir. Va a llegar un minuto, no sé cuando, en que no se pueda seguir recibiendo basura. Ojalá ese minuto no llegue y que el Gobierno tome partido, no sé si el Sesma o Intendencia, y estudiemos una estructura tarifaria de acuerdo a las exigencias que nos han hecho".
Las municipalidades se niegan a pagar esta cifra nueva debido a que aseguran que todo aumento en los costos de operación del relleno no las deben absorber los usuarios.
Pese a que el consorcio admite que necesitan estos recursos para funcionar, Guillermo Ruiz afirmó que "no hay problemas financieros que lleven a un cierre o colapso".
Santa Marta en problemas por boleta de garantía
Pese al relativo optimismo de los ejecutivos de Santa Marta, en Emeres se afirma que la débil situación económica del consorcio se constata en que la compañía no depositó la boleta de garantía de 200 millones de pesos a nombre de Emeres, en febrero pasado. Ese documento asegura a los municipios una cantidad determinada de recursos en caso que el relleno no preste los servicios.
La firma municipal cobró esa cantidad de dinero a principios de marzo, pero ejecutivos del consorcio aseguran que podrían parar este trámite por la vía judicial.
Según sostienen en Emeres, las tensas relaciones se han profundizado debido al juicio entablado por Santa Marta que pidió judicialmente el término de contrato. La idea del consorcio es negociar las tarifas de basura con cada municipio y no hacerlo con la empresa municipal.
El problema surgió cuando Santa Marta anunció que subiría las tarifas por disposición de basura en un 35 por ciento, para todas las comunas. Así, de los cinco mil 524 pesos que se cobraba por tonelada el 2003, la nueva administración de Santa Marta decidió que por los gastos en que ha incurrido el vertedero se deben cancelar mil 970 pesos más.
