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Investigación apuntará a dilucidar participación de miembros del Ejército

Luego de la recalificación de procesamientos dictada por el ministro Haroldo Brito, las indagaciones se centrarán en tratar de establecer quiénes fueron los autores de los homicidios de los cinco jóvenes frentistas secuestrados y hechos desaparecer en 1987, en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño. Asimismo, se intentará determinar quién fue el que dio la orden de lanzar los cuerpos al mar.


Una nueva etapa en la investigación por la desaparición de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en septiembre de 1987, inició el ministro en visita a cargo del caso, Haroldo Brito, luego de resolver la recalificación de los procesamientos que ya se habían dictado en contra de ex integrantes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), a quienes se responsabiliza de la detención de estos opositores, considerados los últimos desaparecidos de la dictadura.



A juicio de los interiorizados en este proceso judicial, esta investigación ha sido una de las más complejas de desarrollar, debido a la eventual participación de distintas unidades del Ejército, así como también por el alto grado de compartimentaje con que se realizó esta operación, la cual fue llevada a cabo como represalia por el secuestro del entonces gerente general de Famae, coronel Carlos Carreño, perpetrado a contar del uno de septiembre de dicho año.



Según se estableció en la resolución del mencionado magistrado, entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, doce ex agentes de la CNI detuvieron a Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, quienes luego de ser trasladados al cuartel Borgoño del organismo de seguridad, fueron sometidos a duros interrogatorios y, presumiblemente, asesinados. Después de ello, sus cuerpos habrían sido arrojados al mar desde un helicóptero de la institución castrense.



Como trascendió, hasta ahora sólo se tiene certeza de los grupos completos que actuaron en tres de estas cinco detenciones, así como también de que fue el comandante del Regimiento Aéreo de Rancagua, coronel (r) Aquiles Navarrete, quien le dio la orden al entonces piloto Luis "Chino" Campos y a su copiloto Hugo Barría Roggers (ex agregado militar de Chile en Francia, hasta hace pocas semanas) para lanzar unos "bultos" al mar.



En esa medida, fuentes allegadas a la investigación explicaron que estos ex uniformados no fueron sometidos a proceso ya que el tribunal aún no adquiere la convicción de que ellos participaron, en esta macabra operación, a sabiendas que estaban colaborando en el encubrimiento de un delito. Por lo mismo, no se descarta que en el futuro puedan ser encausados sí dicha situación cambia.



Participación del Ejército



Más allá de las aristas mencionadas, que aún quedan por aclarar, la investigación encabezada por el juez Brito también contempla dilucidar los indicios que existen acerca de la participación de miembros del Ejército propiamente tal en estos crímenes. De hecho, uno de los aspectos claves sería establecer fehacientemente cuáles fueron los mandos que ordenaron la muerte y posterior lanzamiento al mar de estos militantes del Frente.



En esa línea, uno de los últimos interrogados por el ministro Brito fue el general (r) Santiago Sinclair, tercero en la línea de mando después del ex comandante en jefe Augusto Pinochet.



Según ha trascendido, hasta ahora existe la hipótesis de que si bien estas detenciones fueron realizadas por la ex CNI, cuyos miembros identificados como Gonzalo Asenjo Zegers y Rodrigo Pérez fueron los encargados de cargar los cuerpos en el helicóptero que luego los arrojó frente a las costas de la Quinta Región, aún falta por dilucidar quiénes fueron los autores materiales de los homicidios de estos opositores al régimen militar.



Al respecto, se dijo que existen indicios de la participación de dos grupos operativos de ex miembros de Inteligencia del Ejército, uno que habría pertenecido a la unidad de Seguridad Militar y el otro correspondiente al grupo denominado Poblacional. De estas reparticiones habrían al menos seis ex funcionarios que están siendo investigados por el ministro.



En todo caso, también existe la posibilidad que esta teoría se diluya, en la medida que los ex agentes de la CNI que han colaborado con la investigación exculpen su responsabilidad mediante esta vía. De hecho, fuentes castrenses consultadas sobre el tema, advirtieron que en ese tipo de operaciones sólo intervenía el ex organismo represivo.



Procesamientos



Aparte de los dos ex agentes de la CNI mencionados como los encargados de lanzar los cuerpos al mar, el ministro Brito recalificó los procesamientos de otros 10 ex integrantes del organismo represor que actuaron con motivo de las detenciones de los frentistas. En todo caso, aún existiría la duda procesal respecto a la situación futura que ellos podrían enfrentar, dado que ellos habrían actuado a raíz de una orden amplia para detener a opositores emanada desde la Fiscalía Militar Ad Hoc que investigaba el secuestro de Carreño y todo el llamado accionar subversivo, encabezada por el entonces general Fernando Torres Silva.



Sin embargo, en esta etapa el dictamen afectó al general (R) Hugo Salas Wenzel, otrora director de la CNI, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla (jefe de Operaciones) y Krantz Bauer Donoso (jefe de la División Antisubersiva) , quienes fueron encausados en calidad de coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.



El magistrado, además, procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.



En tanto, los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Alejandro Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.



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