Presidente de los magistrados, Mario Carroza, valoró el texto, pero dijo lo revisarán antes de dar una opinión acabada, mientras que el juez y dirigente gremial Álvaro Flores manifestó que »está lejos de nuestras aspiraciones y no pasa el testeo del debido proceso». Vocero del máximo tribunal, en tanto, explicó que nuevos procedimientos no son un paso, sino »un salto» en esta materia.
Una mala evaluación entre los jueces tuvo el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corte Suprema, que entregó un procedimiento para investigar las responsabilidades disciplinarias a los funcionarios del Poder Judicial. Frases como "pirotecnia inquisitiva" o "más de lo mismo" fueron las primera expresiones de algunos magistrados, al ser consultados por El Mostrador.cl.
El documento, básicamente, entrega la forma en que debe investigarse un hecho que atente contra las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales. Aunque existe similitud en lo que se hace actualmente, las diferencias radican las formas administrativas para llevar adelante estas indagatorias.
Uno de los detalles negativos del auto acordado, según los jueces consultados, fue que no existió ninguna alusión a cómo sustancia los procesos disciplinarios la Comisión de Ética del máximo tribunal, una de las grandes aspiraciones de la Asociación Nacional de Magistrados.
El órgano gremial ha abogado, tanto con presentaciones y discursos de su presidente, el ministro Mario Carroza, por la falta de una reglamentación clara para esa instancia.
Una de las opiniones divergentes sobre el tema la tuvo el juez Álvaro Flores Monardes, uno de los directores de la ANM, que compone la lista Nueva Justicia, integrada por jueces de Garantía.
«La decisión de la Corte Suprema está lejos de nuestras aspiraciones y no pasa el testeo del debido proceso por el que hemos abogado", explicó a este diario.
Flores Monardes dijo que uno de los bemoles del texto es que no existen tipificaciones claras de las conductas a investigar y sancionar, por lo que siempre queda abierta a la interpretación del instructor.
«El juez investigado, por ejemplo, queda como un objeto de derecho y no como un sujeto de derecho con garantías", insistió.
Otros jueces y ministros consultados explicaron que la decisión del máximo tribunal, "más que un avance es un retroceso".
Los jueces criticaron, bajo reserva de identidad, la inexistencia de la prescripción de los hechos que se pueden investigar. Si bien el manual señala que no pueden indagarse eventos ocurridos en un plazo superior a dos años, deja al mismo tiempo con la potestad para decidir a la Suprema sobre esta materia.
Mario Carroza, un paso
Respecto al instructivo, el presidente de la Asociación de Magistrados, Mario Carroza, lo calificó como algo bastante positivo y que este era un paso más hacia la transparencia, ya que para los jueces era importante que existiera un solo procedimiento y que, además, daba pie a saber los pasos que se debían seguir.
"Existe la posibilidad de rendir pruebas, de impugnar las resoluciones", dijo. Sin embargo, aclaró que existen algunas situaciones que deben analizarse más en profundidad para tener una visión más concreta, dejando la puerta abierta a la crítica. Y agregó que primero leerán el documento con detención y, de ser necesario, elevarían alguna observación "de forma respetuosa al máximo tribunal".
Siguiendo con la posición oficial de la ANM, Carroza manifestó que de todas formas el instructivo debiera ser parte de una solución legislativa.
¿Carencia que adolece?
El ministro Urbano Marín, vocero de la Corte Suprema, señaló que el auto acordado del Pleno extraordinario llevado a cabo ayer por el máximo tribunal se había dictado para "salvar una carencia que adolece el régimen jurídico aplicable a jueces y funcionarios del Poder Judicial".
Según explicó, el reglamento establece reglas claras para establecer los hechos, formular cargos y por sobre todo dar derecho a que el afectado pueda defenderse. «Con esto damos un salto más que un paso, porque esto viene a satisfacer una carencia que ha sido centenaria en esta materia", señaló.
En ese sentido, descartó que pueda ser homologado a la Comisión de Ética, ya que a esta instancia no tiene facultades disciplinarias. "Es un organismo interno que asesora al Pleno en reunir antecedentes para ver si hay o no mérito para investigar algo y después viene el sistema disciplinario al que se refiere este acuerdo", aclaró.
Agregó que el 90% de los asuntos que llegan a la Comisión de Ética no prosperan, es decir, no llegan a ser analizados por la Corte Suprema.
Sin embargo, las críticas han surgido justamente respecto a este punto, ya que los miembros que componen la Comisión de Ética y elaboran informes, después integran el Pleno del máximo tribunal, por lo cual forman parte en la decisión final de los casos.
