Rafael Blanco destacó que la aprobación de esta iniciativa y destacó que con ella Chile se pone entre 24 los países que cuentan con una legislación de este tipo.
Con la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados concluyó la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Acceso a Información Pública, enmarcada en la Agenda de Probidad y Transparencia.
La nueva ley regula las obligaciones en materia de transparencia de toda la administración del Estado y consagra el principio de publicidad de la información que ésta posea.
Además, crea el «Consejo para la Transparencia» como un órgano autónomo, cuyo objetivo será promover la transparencia, garantizar el derecho de acceso a la información y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad.
El secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia, Rafael Blanco, valoró la aprobación de esta iniciativa y destacó que con ella Chile se pone entre 24 los países que cuentan con una legislación de este tipo.
«No hay otro país en América Latina que cuente con organismo como el Consejo para la Transparencia, autónomo y con capacidad de sancionar a quienes no cumplan con las obligaciones que establece la ley. México tiene el Instituto Federal de Acceso a Información desde el año 2003, pero sin capacidad sancionatoria», indicó.
A partir de la promulgación de esta ley, la cual tiene ocho meses de vacancia, los órganos de la Administración del Estado deberán mantener a disposición permanente del público en sus sitios web información sobre su orgánica y atribuciones, sobre su personal y remuneraciones, sus compras en general, las transferencias de fondos a privados y los actos que afecten a terceros.
Además, se garantiza el derecho de acceder a información estatal bajo los principios de máxima divulgación, facilitación, no discriminación, y se resguarda la entrega oportuna y gratuita, originando responsabilidades y sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan con estas disposiciones.
El Consejo para la Transparencia será dirigido por un Consejo Directivo que estará integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República con acuerdo de los dos tercios del Senado, los cuales durarán seis años en sus funciones.
Las normas contenidas en esta Ley se aplicarán a todos los organismos de la administración central del Estado y a los municipios.
