Javiera Blanco podría ser la primera autoridad en enfrentar una sanción de acuerdo a la nueva normativa. El abogado Pedro Anguita fue quien solicitó los datos de todas las gestiones que tramitó la subsecretaria ante la institución policial, luego del incidente que protagonizó el senador Guido Girardi, cuando un par de uniformados «partearon» a su chofer por manejar a casi 140 km por hora, siendo sancionados. No es la primera vez que Carabineros se escuda en el secreto, tal como lo estableció la Contraloría en dos recientes dictámenes.
Trabajó por casi ocho años en la Fundación Paz Ciudadana, el think tank conservador que pautea el combate a la delincuencia, presidida por Agustín Edwards Eastman, y en cuyo directorio figuran Edmundo Pérez Yoma, Paola Luksic y Eugenio Tironi, entre otros. Estudió y se tituló de abogada en la Católica; tiene un magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, domina el inglés y el alemán y está diplomada en metodología de la investigación y en litigación oral para los juicios de la reforma.
Tiene dos hijos de su matrimonio con Eugenio Ortega Frei, hijo de Carmen Frei y sobrino del candidato presidencial de la DC, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Está muy bien contactada con el mundo político y es muy eficiente en su trabajo, según comentan. Y, por cierto, es la primera mujer en la historia chilena en asumir -en 2006- como subsecretaria de Carabineros. Una fiel representante de la nueva generación femenina a sus poco más de 36 años, y por eso fue incluida como una de las «mujeres líderes», tanto por El Mercurio como por la revista Qué Pasa.
Sin embargo, a Javiera Blanco, ninguno de estos logros y antecedentes personales la salvó de que el abogado Pedro Anguita, un doctor en Derecho a la Información y activista contra el secretismo del Estado, la llevara al banquillo del Consejo de la Transparencia (CDT). Ello por entregarle -a su juicio- datos incompletos sobre las «denuncias» contra Carabineros presentadas durante 2008 ante esa dependencia ministerial.
De comprobarse una intención para ocultar la información, Blanco podría recibir una sanción de parte de CDT de hasta 50% de su sueldo y ser sumariada por el mismo organismo o la Contraloría, que también podía aplicarle un castigo.
Cuestión que resultaría paradojal, considerando que además es hermana de Rafael Blanco, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia de la Presidenta Bachelet, instancia que fue el punto de partida de la actual institucionalidad pro-transparencia.
Acceso a la autoridad
La solicitud de Anguita tuvo como contexto el impasse que protagonizó en diciembre del año pasado el senador PPD Guido Girardi, cuando dos carabineros de carreteras infraccionaron a su chofer por conducir a exceso de velocidad (139 kmph), cuestión muy común entre los parlamentarios.
En la oportunidad, Girardi usó sus influencias y llamó precisamente a Blanco para hacer un reclamo en contra de los policías -saltándose la formalidad que debe seguir todo ciudadano- y logró que fueran sancionados, aunque la jefatura policial les anuló el castigo, atendido el escándalo que provocó el hecho en la opinión pública.
Girardi pidió disculpas públicas y debió explicar lo inexplicable, argumentando que, mientras a él le pasaban el parte, otros autos iban a más velocidad. «O todos o ninguno», dijo.
Desde ese instante se conoció que muchos personeros contactaban a la subsecretaria y presentaban reclamos cada vez que lo estimaban pertinente. Quedaba claro que se trataba de personas con acceso a una autoridad de este tipo. También hubo otros que siguieron la vía formal, es decir, por escrito.
Críticas públicas, tanto de la derecha como de la propia Concertación, recayeron en Blanco. Esta última defendió su actuar, señalando que cualquier denuncia, por la vía que fuera, debía canalizarla ante Carabineros, ya que guardarlas en el cajón resultaría «poco ético», según indicó.
Los oficios que no existen
La solicitud de acceso a la información llegó a la subsecretaría el pasado 30 de abril. Hasta allí el asunto caminaba bien. Anguita confiaba en que todo se cumpliría según la normativa y que podría acceder a los documentos que requería.
Pero el 29 de mayo, un documento firmado por la propia Blanco llegó hasta su domicilio. En él, la funcionaria le explicaba en cuatro puntos que se accedía a entregarle una lista, la que contiene 315 casos individualizados con sus respectivos oficios, pero no la forma en que fueron recepcionados por la subsecretaría, salvo en los que se pidieron por escrito. Tampoco le entregaron la identidad los recurrentes. En otras palabras, era un poco menos de la mitad de la información.
Sin embargo, a renglón seguido, la misma Blanco asegura, basándose en la propia Ley de Transparencia, que identificar a las personas que hay detrás de cada una de las 315 presentaciones, implica «distraer indebidamente» a funcionarios. Lo preocupante es que el oficio -Nº 1245- reconoce que la institución no cuenta con la cantidad de personas que corresponde para poder responder a la legislación estrella del gobierno de Bachelet.
Según la subsecretaria, el hecho de que Anguita quiera conocer los datos personales de los denunciantes, atenta contra la vida privada de los mismos, toda vez que algunos reclamos ingresaron por correo electrónico sin información personal.
Llama la atención que habiendo 315 casos, cada uno con su respectivo oficio de tramitación dirigido desde la Subsecretaría del ramo a Carabineros, no exista información de ellos. De estos, casi 120 son por procedimientos «mal adoptados».
Criterio policial
Pero no fue la única explicación que recibió Anguita. Hubo otra, esta vez del comandante de Carabineros Ramiro Larraín Donoso. El uniformado indicó que el año pasado hubo 684 presentaciones que ingresaron a través de la Dirección General. De esas, 539 -que corresponden a poco más del 80 %- fueron desestimadas. En el resto se constataron responsabilidades administrativas, las que recibieron sanciones que fueron desde la amonestación hasta la destitución.
Los argumentos entregados por la institución son los mismos a los vertidos por Blanco, salvo por un detalle. En el documento el uniformado consigna que «Carabineros sólo actúa frente a reclamos formales, por escrito, ratificados con posterioridad o efectuados de modo personal por el afectado». En otras palabras, tienen toda la información.
Anguita no se quedó tranquilo con la respuesta de la subsecretaria y presentó un reclamo y un recurso de amparo de acceso a la información ante el CDT.
En este cuestiona los argumentos vertidos por Blanco, aduciendo que carecen de validez, entre otros, porque desconocen la Constitución y la propia Ley de Transparencia.
En todo caso, no es la primera vez que Carabineros se ampara en el secretismo. En el sitio Ciper Chile saben muy bien del tema. En 2007 y 2008 pidieron información a la institución respecto a la cantidad de dinero que recaudaba el OS-10, el departamento que supervigila a los guardias de seguridad.
En una primea instancia se indicó que no se prestaban servicios a terceros, información avalada por la subsecretaria Blanco. Pero una vez que entró en vigencia la Ley de Transparencia, las cosas cambiaron. Dicho de otra forma, se había negado la información abiertamente, aunque posteriormente, mucho más allá del tiempo razonable según consigna el mismo portal de periodismo de investigación, los uniformados accedieron a revelar lo que la ley les ordena.
De hecho la Contraloría, en un dictamen del 15 de mayo pasado, le recuerda a la institución que los actos del Estado son públicos, esto a raíz de la solicitud de un teniente (r) que solicitó obtener copia de su hoja de vida funcionaria. Diez días más tarde hubo otra resolución respecto a una expulsión, que Carabineros quiso declarar «reservada», en circunstancia que la ley lo prohíbe.
Este medio intentó obtener una versión de parte de la subsecretaria, pero a través de su departamento de comunicaciones sólo se entregó una copia del documento enviado al abogado que recurrió por la información, la que en todo caso ya obraba en poder de El Mostrador.
Además:
Lea los documentos (en formato PDF):
