Los constantes retrasos, fallas en el diseño e instalación del sistema de climatización tienen al Ministerio de Obras Públicas ad portas de aplicar una multa de más de US$1,6 millones a la firma que construyó el Centro de Justicia. Todo en el contexto de un sumario que realiza la Contraloría por otras irregularidades, que implicaron un sobreprecio de más de US$ 50 millones en la construcción del llamado «elefante blanco» de la administración Lagos.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar (PPD), tiene a su par de Justicia, Carlos Maldonado (PRSD), entre la espada y la pared. Y es que a través de un oficio enviado el 2 de noviembre pasado le pide que tome una decisión en torno a los incumplimientos y atrasos «graves» de la empresa multinacional OHL, concesionaria a cargo de la construcción del Centro de Justicia, los que ya superaron ampliamente los legales y razonables.
En el documento de 14 páginas que sincera el actual estado de cosas, Bitar sostiene que el MOP es un mero ejecutor, siendo la cartera de Maldonado la «mandante» de la obra y sobre la que recae la responsabilidad de evitar que la firma siga retrasándose en instalar la climatización. Esta última debía estar operativa hace más de un año, lo que ha traído problemas para los funcionarios de la Defensoría, Fiscalía y los tribunales y mantiene inutilizada un ala completa de la edificación.
Y aunque se han ejecutado obras de mitigación, no han logrado solucionar el problema de fondo.
Tan importante ha sido este hecho, que llevó a que en 2007 la Corte Suprema no recibiera las obras, mientras la situación no esté solucionada, hecho que ha llevado a gastar fondos en el arriendo e implementación de otros edificios con cargo al presupuesto del Poder Judicial.
Al respecto, Bitar le propone a Maldonado varios caminos de acción, entre ellos declarar la «extinción» del contrato con OHL, ya que el MOP «se encuentra en proceso de cursar las multas correspondientes, que a la fecha suman 22.370 UTM», poco más de US$ 1,6 millones.
Sin embargo, le advierte que seguir por esa vía implicaría retrasar más las obras de climatización, tanto tiempo esperadas por los funcionarios que trabajan en el llamado «mall del crimen», sobre todo en verano, donde las temperaturas han alcanzado más de 40 grados.
En otras palabras, la autoridad está con las manos atadas y a merced de OHL, más allá de las fórmulas que entrega la Comisión Conciliadora, instancia de solución de controversias empresas-Estado que establece la Ley de Concesiones, cuya única víctima hasta ahora han sido las arcas del fisco. Para muestra una botón: el fisco tuvo que pagarle a las concesionarias de distintos tipos de obras más de US$ 283 millones, en el período 2006-2007, luego de pasar por la instancia ya mencionada y de varios juicios arbitrales. Ninguno de estos fallos fue favorable el Estado.
El oficio de Bitar además revela la histórica pugna entre ambas carteras, en torno a quién debe pagar por los platos rotos de esta obra, que entre jueces, fiscales y defensores, es conocida como el «elefante blanco» de la administración Lagos, porque pese a no estar terminada y edificarse con graves deficiencias, se lanzó en junio de 2005 con bombos y platillos como el ícono de la reforma procesa penal.
Lo anterior se enmarca dentro del sumario que realiza la Contraloría, que busca establecer la responsabilidad por las graves anomalías detectadas tras una auditoría interna y que se plasmaron en un informe de agosto pasado.
En la oportunidad, el organismo fiscalizador acreditó que el fisco tuvo que pagar más de US$ 50 millones por la ineficiencia de la autoridad, muchas de ellas permitidas por la cartera de Justicia, encargada política de llevar adelante el proyecto.
De hecho, el MOP envió una copia del mismo documento publicado por este medio a la Suprema, a la Fiscalía Nacional y a la Defensoría.
Bitar asegura en el oficio que OHL presentó este año un recurso de reclamación ante la Comisión Conciliadora, para solicitar nuevos plazos que le permitan terminar las obras de climatización, «ya que en su concepto, los atrasos tendrían su origen en causas que no le son imputables».
En ese sentido, el secretario de Estado le advierte a Maldonado que se encuentran en una posición muy compleja para negociar con OHL, toda vez que si difieren la discusión de las responsabilidades para cuando estén terminadas las obras, o bien cursan las multas o más aún declaran la «extinción del contrato, los trabajos podrían demorarse más de lo esperado. Ello, con el consabido costo político para ambas carteras.
Para aseverar sus dichos, Bitar adjunta una minuta pormenorizada hecha por el coordinador de Concesiones de Obras Públicas, Ricardo Trincado, sobre cómo se llevó adelante el proyecto, cuyo mandante es Justicia. En él, es posible encontrar insólitos errores e ineficiencias graves de la autoridad y los evidentes incumplimientos del área privada.
Algunos de ellos, por ejemplo, son los relativos a la climatización, donde el diseño original no consideró el impacto de ingreso del calor solar en la zona donde trabajan los funcionarios tanto de la Fiscalía, la Defensoría así como los judiciales. También hubo una serie de retrasos en la contratación de empresas y fallas en las licitaciones, lo que derivó en que los trabajos fueran postergados una y otra vez.
A sabiendas que podían recibir millonarias multas por los retrasos, OHL presentó a mediados de este año un recurso ante la Comisión Conciliadora, solicitando la ampliación del plazo, debido a problemas de financiamiento con los bancos e incluso se reservó la posibilidad de emprender acciones para ser indemnizada, según establece el documento.
El MOP, a su vez, respondió que debían ser rechazadas las pretensiones de la firma, ya que el financiamiento es de su exclusiva responsabilidad, como también todos y cada uno de los problemas que se produjeron para instalar la climatización.
La Comisión Conciliadora entregó un texto de acuerdo para que las partes alcancen una fórmula para finalizar -de una vez por todas- las obras del Centro de Justicia, pero no hubo avenimiento. De allí que Bitar le propone a Maldonado que considere dos alternativas para recurrir contra OHL: conciliar criterios en un arbitraje «o intentar configurar una causal de incumplimiento, con el objeto de extinguir el contrato de concesión».
«Dada la naturaleza de las alternativas propuestas, creemos indispensable comunicar esta situación a las instituciones mandantes (Justicia) para que sean éstas, en definitiva, quienes tomen una decisión sobre el particular», sostiene la minuta preparada por Trincado.
«Avanzar por la línea de la conciliación, supone necesariamente el otorgamiento de nuevos plazos constructivos por parte de la Administración, lo que si bien permitiría regularizar los actuales plazos vencidos, podría debilitar la posición del Ministerio de Obras Públicas en una futura reclamación», concluye el documento.
Al interior del MOP, si bien reconocen el tono del informe, aseguran que el alcance del mismo es tratar de buscar un acuerdo que sea bueno para todas las partes, pero sobre todo tener a más tardar en enero las obras terminadas.
Este medio intentó obtener una opinión oficial de Justicia, pero no hubo respuesta. En el MOP, en tanto, se indicó que el informe hablaba por sí sólo.
Lo que está claro es que la climatización en el «mall del crimen» de seguro será inaugurada en el próximo gobierno.
