La solicitud se basa en la “ausencia completa” de fiscalización por parte de la Superintendencia a la forma en que las isapres están comercializando sus planes de salud, mediante el uso de las declaraciones de salud de los afiliados para conocer sus ingresos económicos y de ese modo poner la barrera para que cualquier persona que gane menos de 300 mil pesos no pueda ingresar a una isapre.
Los diputados Juan Luis Castro (PS), Adriana Muñoz (PPD), Víctor Torres (DC), Marco Antonio Núñez (PPD) y Enrique Accorsi (PPD), junto a la presidenta del sindicato de trabajadores de isapres, Sandra Atensio, se reunieron la subcontralora general de la República, Patricia Arriagada, a quien solicitaron inicie una investigación formal en contra del superintendente de Salud, Luis Romero, por notable abandono de deberes al no cumplir con su rol de fiscalización a las isapres.
El diputado Castro, miembro de la comisión de Salud, informó que la solicitud se basa en la “ausencia completa” de fiscalización por parte de la Superintendencia a la forma en que las isapres están comercializando sus planes de salud, mediante el uso de las declaraciones de salud de los afiliados para conocer sus ingresos económicos y de ese modo poner la barrera para que cualquier persona que gane menos de 300 mil pesos no pueda ingresar a una isapre.
A esto se suma la existencia de listas negras de empresas públicas y privadas, las cuales son marginadas de poder incorporar a sus trabajadores a las isapres por el supuesto no pago de cotizaciones, por siniestralidad o excesivo uso de licencias médicas por parte de los trabajadores, dijo Castro.
El parlamentario además denunció que los propios trabajadores de isapres reconocen que tienen un “incentivo perverso” que les obliga a tener que vender más de cuatro planes de salud al mes, equivalentes a 10 Unidades de Fomento (UF) para poder acceder a un incentivo de 3 UF adicionales por cada plan que venda sobre ese mínimo y así poder mejorar sus remuneraciones.
El legislador informó que en las próximas 48 horas la contralora (S) recibirá un completo dossier con los antecedentes de estas denuncias, para que inicie una investigación “frente a un notable abandono de deberes en que ha incurrido el superintendente de Salud, quien además fue ejecutivo de la isapre Colmena hasta hace un año atrás y está comprometido a nuestro juicio éticamente con el sistema privado de isapres”, denunció.
A juicio del ex presidente del Colegio Médico, en este caso se configura “una complacencia de la autoridad estatal para que las isapres sigan haciendo un gran negocio con la ciudadanía y sobre todo con la clase media que ha apostado por ingresar a una isapre”.
Por su parte la diputada y miembro de la comisión de Trabajo, Adriana Muñoz (PPD), señaló que también se le informó a la contralora que el superintendente de Salud ha incurrido en una grave inconstitucionalidad porque “él hoy día no está mirando que existe una barrera por sexo. Las mujeres que hoy día tienen carga, tienen planes de salud 40% más caros, y con un 30% menos de cobertura”. “La Constitución garantiza igual acceso a la salud para todos, y hoy día las Isapres, están negando la salud a miles de mujeres, a través de negar los planes de salud a miles de trabajadores y trabajadoras por no tener los ingresos, y a muchos trabajadores por no tener edad”.
El diputado y también miembro de la comisión de salud, Enrique Accorsi (PPD), indicó que esto tiene como fundamento solamente el equilibrio del negocio, “porque todo lo que no sea rentable ellos (las Isapres) lo están sacando”. “Este es un tema de ajuste económico, y eso ha redundado en unas ganancias realmente escandalosas. Y aquí cuando nosotros hicimos la reforma de salud, al Superintendente se le dieron todas las garantías, y todos los instrumentos para que fiscalizara. Pero en estos momentos fiscaliza más a Fonasa que a las Isapres”, denunció Accorsi.
La presidenta del sindicato de trabajadores de isapres, Sandra Atensio, denunció que las isapres se las ingeniaron “con la concomitancia de las superintendencia” para cambiar la declaración de salud, incorporándole ítems que permiten filtrar a los futuros afiliados por su condición económica. “La declaración solo evalúa el riesgo de salud pero la superintendencia ha dejado que las isapres cambien el documento y hoy día se discrimina a través de la declaración de salud”, acusó.
