El sector pesquero chileno -para Anapesca- presenta crecientes síntomas de agotamiento institucional, lo cual lejos de solucionarse mediante la proposición de ley, probablemente se intensificará ante las demandas de certidumbre y continuidad en las asignaciones de cuotas de parte de quienes han tenido el privilegio de su explotación durante más de dos décadas.
La Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas de Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) aseguró que la institucionalidad pesquera durante los últimos 15 años es la principal responsable del estado de sobreexplotación de los recursos pesqueros.
Para ellos, el principal problema radica la falta de transparencia en la toma de decisiones, la que en el fondo se traduce en la posibilidad de los ciudadanos de revisar los fundamentos de las mismas, acotó la organización.
“Hasta ahora muchas decisiones han sido adoptadas en el marco de una ‘caja negra’ alimentada de información no contrastada, la que termina siendo una decisión que acomoda los intereses de la administración y de los grupos dominantes del sector pesquero”, sostuvo el gerente general de Anapesca, Santiago Gacitúa, en referencia al nuevo proyecto de Ley de Pesca.
“Para mejorar ese proceso de adopción de decisiones se requiere establecer contrapesos administrativos que aseguren que la decisión no está previamente definida por razones ajenas al mismo proceso. Este ha sido uno de los elementos más perniciosos en la operación de la institucionalidad pesquera chilena y el proyecto de ley presentado por el Gobierno no se hace cargo del problema. Por ejemplo, continúa basando toda decisión en el informe técnico de la propia subsecretaria de pesca, el cual en innumerables ocasiones, y en las situaciones más críticas, se ha transformado en un mero trámite que debe cumplirse para completar un procedimiento destinado a una decisión que ya ha sido negociada y pre-acordada”, agregó el ejecutivo.
Según el representante de Anapesca, «hay responsables claros de que la situación haya llegado hasta este estado. En la ley actual todo lo anterior descansa en la ausencia de responsabilidad de quienes adoptan decisiones. Estas se radican en un complejo Subsecretaría-Consejo Nacional de Pesca, quedando la primera vinculada por las decisiones del segundo, el cual, a su vez, no tiene responsabilidad administrativa como tal, dado su origen y composición. Eso ha llevado a que el Consejo Nacional de Pesca (CNP) se transforme en una presa apetecida por los grupos dominantes y en un lugar en el cual no se puede estar ausente, dada la lógica de trincheras y de compensaciones mutuas que se despliegan en el. Todos hemos sido testigos en el último tiempo de cómo los interesados han salido en su defensa para que no le quiten al Consejo las facultades resolutivas, lo que en el fondo es la oportunidad donde los grupos de poder pueden influir en temas tan sensibles para la sustentabilidad de los recursos como la determinación de las cuotas de pesca”.
«Ahora, en el proyecto de ley se propone una suerte de remplazo del CNP por un Panel de Expertos, que muchos han destacado como uno de los puntos novedosos del proyecto en cuestión. Para Anapesca este nuevo organismo es solamente consultivo y sigue centrando toda decisión de administración pesquera en la Subsecretaría, sin atacar la principal causa de la sobreexplotación de los recursos, es decir, que toda decisión es principalmente dirigida por una componente política donde la ciencia sólo cumple una función auxiliar para justificar medidas, cualesquiera que ellas sean. Entonces, tal como se plantea al principio, ¿existirá cambio real? Difícil responder cuando pareciera ser que las leyes son hechas para que, finalmente, se mantenga el statu quo», concluyó.
