Opinión
Uno de los democratacristianos que firmó la señalada declaración de 2014, Jorge Fábrega, me explicó didácticamente qué implica todo esto. Me dijo vía Twitter: “Comer Super 8 no es un delito, pero no puedo exigir que me lo den”. ¿Comienzan a darse cuenta de qué va todo esto? ¡Zapata y compañía creen que el Estado debe comportarse igual, ante la difícil decisión de abortar en casos extremos, que ante la compra de un Super 8! Verdaderamente indignante.
Estamos nuevamente ad portas del inicio de un nuevo debate a nivel legislativo respecto de la despenalización del aborto bajo circunstancias excepcionales, pero esta vez a partir de un proyecto de ley enviado por el actual Gobierno de Michelle Bachelet.
Sin embargo, este mandato se ha ido complicando para la Democracia Cristiana, partido político oficialista en el que coexisten diferentes miradas sobre la materia.
Están, por cierto, los que podemos denominar “confesionales no democráticos”, comandados por el diputado Jorge Sabag, quien no muestra ningún tipo de problema para justificar su posición acudiendo a su fe en Dios. “Yo me quedo con la Biblia y no con lo que dicen autoridades que no pueden pretender saber más que Dios”, expresó en relación con el debate por el Matrimonio Igualitario. Claramente este tipo de argumentaciones deben ser descartadas del debate público, si se considera que Chile es un Estado laico. Pero sobre este tipo de argumentaciones tan poco sofisticadas, ya me he referido anteriormente, por lo que solo me permito recordar una célebre frase de Valéry Giscard d’Estaing –presidente de Francia entre 1974 y 1981–, quien señaló: “Yo soy católico (…) pero también soy presidente de una República, cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos (…). Como católico, estoy en contra del aborto, como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización”.
Por otro lado, existe un grupo que llamaremos “Históricos”, integrado principalmente por ex autoridades y académicos liderados por el constitucionalista Patricio Zapata Larraín y secundados por Soledad Alvear y Carlos Massad, Sergio Micco, entre otros, que han planteado que el debate que se avecina es peligroso e innecesario. Para estos –según se lee en una declaración que realizaran en el año 2014, titulada “La vida: Derecho Humano y compromiso”– la actual legislación es suficiente para hacerse cargo de las causales que se discuten. Es decir, bajo su lectura jurídica, ninguna mujer debiera ir a la cárcel si se practica un aborto bajo las causales presentes en el proyecto de ley preparado por el Gobierno. Pero la sola despenalización –agregan– no implica ningún derecho de la mujer a exigir el involucramiento del Estado. En otras palabras, su propuesta –esto es, dejar la legislación tal como está– no considera garantía alguna en favor de las mujeres, por parte del aparato estatal.
[cita] Existe un grupo que llamaremos “Históricos”, integrado principalmente por ex autoridades y académicos liderados por el constitucionalista Patricio Zapata Larraín y secundados por Soledad Alvear y Carlos Massad, Sergio Micco, entre otros, que han planteado que el debate que se avecina es peligroso e innecesario. Para estos –según se lee en una declaración que realizaran en el año 2014, titulada “La vida: Derecho Humano y compromiso”– la actual legislación es suficiente para hacerse cargo de las causales que se discuten.[/cita]
Esta posición tiene al menos dos profundos problemas: el primero es que la práctica indica que esa interpretación no es compartida por quienes pueden verse involucrados –principalmente mujeres, médicos y jueces–, por lo que la falta de certeza implica, en los hechos, su inoperancia para resolver satisfactoriamente las situaciones en debate. Esto lo ha aclarado brillantemente la abogada Verónica Undurraga en respuesta a una columna del propio Zapata, escrita hace ya varios años. Una réplica que, sin embargo, nunca tuvo contestación.
El otro gran problema tiene que ver con la actitud que debe adoptar el Estado frente a estos dramas. Uno de los democratacristianos que firmó la señalada declaración de 2014, Jorge Fábrega, me explicó didácticamente qué implica todo esto. Me dijo vía Twitter: “Comer Super 8 no es un delito, pero no puedo exigir que me lo den”. ¿Comienzan a darse cuenta de qué va todo esto? ¡Zapata y compañía creen que el Estado debe comportarse igual, ante la difícil decisión de abortar en casos extremos, que ante la compra de un Super 8! Verdaderamente indignante.
Indignante porque, en los casos debatidos, lo que las mujeres necesitan del Estado son prestaciones de salud, que deben traducirse en apoyo psicosocial y en acceso igualitario al procedimiento mismo de interrupción voluntaria del embarazo en caso de que así lo solicite la mujer, luego de su propia, libre y autónoma reflexión.
Así, entonces, dejar las cosas tal como están –lo que, a juicio de los integrantes de este grupo, no debe llevar a la cárcel a nadie– genera muchísimas preguntas: ¿las mujeres deberán arreglárselas solas?, ¿deberán buscar dentro de las “ofertas de mercado”?, ¿deberán, por ejemplo, buscar por su propia cuenta una clínica (de esas en donde Dios no sea un problema y solo la medida de la billetera de la “cliente” sea lo relevante)? O peor –si no existen instituciones disponibles o recursos suficientes– deberán recurrir a prácticas rudimentarias como meterse por la vagina un misoprostol o un apio verde (@apioverdefilm), para solo, luego de una hemorragia, implorar por la ayuda del Estado? Perdonen lo explícita, pero las cosas por su nombre. En suma, ¿aprecia usted, al final del día, cuál es la propuesta realmente peligrosa?
Sería bueno, entonces, que a este respecto los “Históricos” explicitaran –de cara a la ciudadanía– las consecuencias prácticas de sus posturas teóricas. Porque si bien la mayoría de los chilenos y chilenas no tenemos postgrados en derecho o filosofía, entendemos perfectamente que las causales en estudio pueden significar verdaderas torturas para la mujeres, que requieren del involucramiento del Estado y no, como en la compra de un Súper 8, de su indiferencia.
Finalmente, están los que llamaré “Empáticos”. Democratacristianos –muchos de ellos parlamentarios– que entienden bien que el Estado tiene una responsabilidad insoslayable en esta materia y, por tanto, creen necesario un cambio legal. Entre ellos, cabe destacar a la ex ministra del Sernam Laura Albornoz y al diputado Víctor Torres, quienes han manifestado públicamente su apertura a cambiar el (nefasto) estado actual de las cosas.
Es de esperar que este último grupo continúe mostrando gallardía al plantear al interior del partido una posición que –dicho sea de paso– representa el sentir mayoritario de la ciudadanía (según la última encuesta Plaza Pública CADEM 2015, el 71% de los chilenos apoya el proyecto de ley), sin dejar que amenazas mezquinas de expulsión de la colectividad –como las planteadas por Eduardo Saffirio y Sergio Micco– aminoren la fuerza que se necesita para que, de una vez por todas, salgamos del reducido y vergonzoso listado de países que prohíben el aborto a todo evento.
Posdata: Las declaraciones del diputado Lorenzini quedaron fuera de esta columna pues, además de misóginas, no resisten mayor análisis.
