Mineduc dio ayer luces de cómo será el proyecto de ley que pretende enviar en septiembre al Congreso Nacional. Iniciativa incluye la acreditación obligatoria, fija exigencia para financiamiento público y plantea que las instituciones sean dueñas de un porcentaje de los inmuebles en los que funcionan.
Los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) recibieron ayer un documento elaborado por el Ministerio de Educación donde se explicita cuáles serán las principales modificaciones que se pretenden hacer al sistema de educación superior.
Cambios que se traducirán en un proyecto de ley que será enviado en septiembre al Congreso Nacional.
Estos son: un nuevo marco regulatorio, creación de un sistema común de ingreso a la educación superior, aseguramiento de la calidad, financiamiento, e institucionalidad, consigna hoy La Tercera.
Respecto del acceso a la educación superior, el Mineduc propone «comenzar con la construcción de un sistema común, de uso obligatorio para todas las instituciones y con total acceso a la información para el postulante».
En ese sentido, plantea tener cuatro instrumentos de selección: pruebas estandarizadas, ranking de notas, reconocimiento de aprendizajes previos y pruebas especiales.
De igual modo, propone rediseñar la PSU «para que mida habilidades cognitivas y formas de razonamiento, y no únicamente contenidos aprendidos».
Asimismo, apunta a que se crearán tres nuevas estructuras para organizar el sistema de educación superior, además del Consejo de Rectores. Se trata de una conferencia con todas las instituciones, dividida en capítulos universitario y técnico-profesional; un consejo que incluya a quienes reciban fondos públicos; y una red estatal de educación superior, que integrará a las universidades y centros de formación técnica del Estado.
Otro punto tratado por el documento es la calidad de las instituciones. Sobre este ítem, se propone que la acreditación sea obligatoria y que, además, sea un requisito para obtener el reconocimiento oficial.
Para ello, existirá un umbral mínimo de acreditación, que según algunas presentaciones previas que se hicieron a rectores sería de tres años. Bajo este límite las instituciones estarían en riesgo de que se les nombrara un administrador provisional, que establece la Ley 20.800.
Por otro lado, se plantea cambiar la actual composición corporativa de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), donde los consejeros son designados por las mismas instituciones de educación superior que luego son sujeto a evaluación y acreditación.
Se propone «pasar a una composición cuyos integrantes deberán ser académicos de destacada trayectoria en la educación superior, con jornada completa o dedicación exclusiva y seleccionados a través de mecanismos transparentes y objetivos».
Por último se señala que la adscripción al sistema de financiamiento público será una determinación voluntaria de cada plantel, pero deberá cumplir con las exigencias que le permitirán optar a los recursos estatales.
Para tales fines, las instituciones deberán estar acreditadas y estar constituida como una corporación de derecho privado sin fines de lucro y no contar con sociedades comerciales entre los integrantes de dicha entidad. Además, deberán ser propietarios de un porcentaje de sus bienes inmuebles.
Entre los requisitos está además no cobrar ninguna suma de dinero en aranceles o derechos básicos de matrícula a los estudiantes beneficiarios de la gratuidad.
