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Los gallitos de poder que tienen a la institucionalidad deportiva en punto muerto Conflictos y acusaciones entre sindicalistas, funcionarios, deportistas y autoridades

Los gallitos de poder que tienen a la institucionalidad deportiva en punto muerto

A más de tres años de su creación, abundan las críticas cruzadas entre todos los actores. Mientras la ministra Riffo da señales de calma y mantiene su nivel de aprobación en las encuestas, las suspicacias se levantan sobre el incumplimiento de las promesas de campaña, la presión de los funcionarios, las quejas de los deportistas y los recortes en el presupuesto derivados de la lenta ejecución en inversión.


Hace unos días los Deportistas de Alto Rendimiento –agrupados en DAR Chile– fueron hasta La Moneda y entregaron una dura carta a la Presidenta Bachelet para exigirle que cumpla las promesas hechas en marzo de este año: “A seis meses de dichos compromisos y terminados los JJ.OO. de Río, estos no se han cumplido y lejos de ello, más bien las situaciones denunciadas se han profundizado y se han vuelto más críticas”, señalaba el escrito.

Los atletas acusaron los pagos irregulares de las becas Proddar –que es el principal soporte que les entrega el Estado–, exigieron más participación de su directiva en las políticas estatales destinadas al Alto Rendimiento, una definición clara de lo que pasará con el Plan Olímpico –que es una alianza entre el Instituto Nacional del Deporte (IND), el Comité Olímpico de Chile (COCh) y la Asociación de Deportistas Olímpicos (ADO) para preparar a deportistas en competencias internacionales y que finaliza el 31 de diciembre de este año–, pidieron arreglos en las dependencias del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y el reconocimiento profesional de su labor como deportistas.

Pero eso parece ser sólo la punta del iceberg de lo que ocurre al interior del Ministerio del Deporte (Mindep) y del Instituto Nacional del Deporte (IND): desde que Natalia Riffo asumió la cartera, seis directores han pasado por este último organismo, las asociaciones gremiales de la entidad –Asofind, Anfuchid y Afindep– reclaman por la falta de comunicación y la tensa relación entre ambos estamentos, mientras que los trabajadores que no pertenecen a estos grupos acusan que actúan como caudillos políticos.

Por otro lado, los miembros de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara han cuestionado la administración del IND y el Mindep por el atraso y el fracaso en la ejecución de los proyectos, lo que derivó en la disminución del presupuesto en infraestructura deportiva en 2016 y 2017.

Y como un fantasma permanente, siguen los cuestionamientos a la organización de los X Juegos Suramericanos. A fines de 2014, la Contraloría General de la República emitió un informe en que examinó el presupuesto entregado por el Estado para la organización del evento. Del monto auditado, un 63,9% –que ascendía a $4.096.350.082– no coincidía con la rendición de gastos del IND. En marzo, un nuevo informe con los montos subsanados arrojaba aún fondos sin rendir por $1.845.126.744. La investigación hoy está en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de la Fiscalía Regional Oriente.

Los dardos de los funcionarios y deportistas también apuntan a la gestión de la ministra Natalia Riffo (MAS) y a la subsecretaria Nicole Sáez (DC). Las principales críticas son la inexperiencia en el área y la ambición de Sáez de querer hacer una carrera política.

Mindep versus IND

Mientras se discutía la creación del Ministerio en el Congreso, ya existían asperezas y críticas de los trabajadores. Los tres sindicatos del IND presentaron una carta en que llamaban a los senadores a rechazar ciertos artículos de la ley que los perjudicaban, argumentando que la nueva entidad era un simple «traspaso de funciones» para obtener un triunfo político. En contraposición, Gabriel Ruiz-Tagle (UDI), que era el subsecretario de Deportes en ese momento, expresó que estas quejas eran una manera de dilatar la aprobación del proyecto del Gobierno de Piñera.

Finalmente, el proyecto se aprobó en el Senado con 34 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Pero siguió existiendo la idea de que había una delimitación poco clara entre las funciones del IND y las del Mindep. En septiembre del año pasado, desde la Anfuchid levantaron un diagnóstico en donde exponían serias dificultades en el diseño institucional. Entre ellas señalaban la falsa dicotomía entre el “Ministerio planificador” y el “Instituto ejecutor”. En la instancia, Álvaro Muñoz Marín, ex presidente de ese sindicato, acusó la “excesiva verticalidad y centralismo de las políticas deportivas”.

Otro problema administrativo se ha traducido en el constante cambio en los directorios del IND. Desde que asumió Riffo, en marzo de 2014, seis directores han pasado por ahí. Sobre ello, las autoridades eluden hablar. Actualmente el IND es presidido por Juan Carlos Cabezas (ex PPD), quien fue director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y cuya salida estuvo marcada en 2009 por graves anomalías sanitarias en Arica.

El cambio de seis directores en dos años también ha derivado en problemas para los deportistas. La futbolista Iona Rothfeld expresa su molestia e indica que, cada vez que empiezan un trabajo en conjunto con las respectivas autoridades, se cambia de director y tienen que volver a comenzar. “Es la radiografía de una mala gestión”, afirma.

Al respecto, el diputado Pedro Browne (Amplitud) es tajante: “Para el Gobierno no es prioridad el deporte. Esa confusión y falta de liderazgo se ven reflejados en estos cambios permanentes (de directores), porque no se han podido consolidar equipos que permitan desarrollar un trabajo de mediano plazo”, dice.

Fuentes ligadas al IND señalan que el nombramiento como ministra de la psicóloga y militante del ex partido de Alejandro Navarro (MAS), causó sorpresa, ya que su currículum ha estado ligado a temas de seguridad y salud –asesora de seguridad vecinal, en programas de seguridad ciudadana, de áreas vulnerables, entre otros–, pero no al deporte. Agregan que ella sabe escuchar los problemas de los deportistas, pero que no tiene las facultades para liderar una cartera de Estado.

La atleta chilena con mayor participación en los JJ.OO. y que lidera el Movimiento Deportivo Chile (Movidech), Érika Olivera, describe a la ministra como una persona muy cálida y con deseos de querer mejorar las cosas, pero asegura que “le ha faltado ponerse los pantalones por el deporte”.

Fabián Zambrano, presidente de Asofind, cree que al interior del IND ha habido roces entre Riffo y Sáez por pugnas de poder. “Los roles entre el ministerio (que planifica) y el IND (que ejecuta) se confunden. Es más, cuando llegó Riffo ni siquiera quiso ocupar el edificio que estaba destinado para el ministerio, sino que se quedó aquí, en el edificio del IND”, cuenta el dirigente con militancia en la DC.

Por su parte, el presidente de Anfuchid, Dante Gil, apunta sus críticas hacia la joven subsecretaria, Nicole Sáez, de 29 años. “Si bien la ministra asesora a la Presidenta en temas de deporte, quien debería velar por los cumplimientos de los proyectos del IND es la subsecretaria… Y eso hasta ahora no ha pasado, nadie la ha cuestionado tampoco. Por eso los desastres que tenemos, nadie los ha controlado. Eso también provoca la rotativa de directores en el IND. Vamos a cumplir récord con este gobierno”, detalla Gil.

“A mi gusto la subsecretaria tiene un espíritu que no calza. Además, por su ímpetu de juventud, está haciendo carrera política”, señala una fuente del IND. “Quiere mostrarse a toda costa y se despreocupa de su responsabilidad con la relación que debe tener con el Instituto. Interfiere en temas que no maneja e impone su lado partidista por sobre el bien común. Le pasa la cuenta su inexperiencia en cargos públicos y técnicos”, asegura.

Pese a los problemas al interior de ambas instituciones públicas –Mindep e IND–, la aprobación y popularidad de la ministra Riffo no baja del 46%, según la encuesta Adimark. Ante la pregunta por un eventual cambio de gabinete, le respondió a El Mostrador: “Me siento muy cómoda en el ministerio y seguiré en mis labores hasta que la Presidenta determine lo contrario”.

La disputa oficialista

Al interior del IND hay diferentes interpretaciones respecto a los equilibrios de fuerzas en su interior. Por un lado, algunos funcionarios y deportistas sienten que el Instituto está coartado por asociaciones de funcionarios, en especial, por dirigentes que llevan años allí y se resisten a cambios, lo que hace muy difícil la elección de cualquier autoridad. “Esto ha pasado con Lagos, Piñera y Bachelet”, afirmaron fuentes dentro del organismo. Indican que la injerencia de los partidos políticos como el PPD, el PC y la DC es fuerte.

Por ejemplo, entre las personas que llevan más de una década trabajando allí se repiten nombres ligados al oficialismo, como los de Jacqueline Andalaft (PPD), Antonio Giadalah (PPD), Fabián Zambrano y Simón Michelow (DC), por nombrar algunos.

[cita tipo=»destaque»]El tema de la ejecución del presupuesto ha sido una discusión permanente en las sesiones de la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados. Incluso lo han calificado como “el gran talón de Aquiles” del Mindep y el IND. En 2015, de los 52 mil millones aprobados para este ámbito, solo se ejecutó un 41%. Sergio Arévalo, el director del IND en ese entonces, se defendió diciendo que habría una “sobreexpectativa” respecto a lo que son capaces de hacer.[/cita]

De sus tres sindicatos, los dos más antiguos y con más miembros son la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional del Deporte (Asofind), presidido por Fabián Zambrano (DC) y antiguamente liderado por la actual jefa del departamento de Alto Rendimiento, Jacqueline Andalaft (PPD). El segundo sindicato, la Asociación de Funcionarios de Chiledeportes (Anfuchid), tuvo como presidente a Álvaro Muñoz Marín, hijo de la histórica dirigente comunista Gladys Marín.

“Los sindicatos al interior del IND tienen una fuerza más allá de lo razonable… solo están para defender los problemas de sus propios trabajadores”, opinó una fuente de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara.

Sin embargo, el presidente de Asofind, Fabián Zambrano (DC), niega tajantemente que su partido político interfiera o tenga alguna relación con lo laboral. Asevera que, si bien estas personas poseen militancia y están incluso desde la existencia de la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), la cantidad de militantes en el IND es baja y son solo unos pocos nombres.

Pero los roces entre los que están sindicalizados y los que no, han resentido las relaciones laborales.

Un caso reciente es la denuncia que hizo en octubre del año pasado la ex presidenta de Asofind, Jacqueline Andalaft –protegida con fuero sindical–, quien reclamaba acoso laboral de su superior, el ex voleibolista Rodrigo Grimalt (independiente), quien era entonces jefe de la división de Actividad Física del IND.

La funcionaria y miembro del PPD, llevaba 15 años trabajando en el IND y en enero de 2015 asumió la jefatura del Departamento de Alto Rendimiento. Ocho meses después, debido a la mala relación con su jefe, se inició un sumario interno, pero que no tuvo ningún resultado. Andalaft decidió recurrir al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago para demandar al Mindep y al IND por $65 millones, denunciando que su superior jerárquico no validaba su trabajo y que incluso recibía agresiones verbales de su parte, lo que fue repudiado públicamente por todos los sindicatos. Desde la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) acreditaron que ella padecía de una «enfermedad de carácter laboral».

La ministra del Deporte, Natalia Riffo, le pidió su cargo a Grimalt y en junio del presente año año este renunció a su puesto en el IND.

Los presidentes de las asociaciones gremiales indican que el interés por defender a los funcionarios del acoso laboral está por sobre las lealtades políticas hacia sus propios partidos. El presidente de Asofind explica que la acusación fue contra el Mindep, donde la subsecretaria, Nicole Sáez (DC), estaba directamente involucrada e incluso forma parte de su partido. “No hay que confundir la (militancia) política con el trabajo que hacemos como sindicato”, puntualiza Zambrano. Agrega que, pese a pertenecer a un partido, las asociaciones poseen autonomía del mismo.

El diputado Browne, perteneciente a la Comisión, cree que “el Mindep e IND han intentado hacer un trabajo en conjunto, pero las rencillas dentro de esta última entidad han ocasionado que esté paralizado cualquier tipo de iniciativas y que no se haya podido avanzar como corresponde”, afirmó.

Por su parte, Érika Olivera cree que “el ambiente que hay dentro de las instituciones es malísimo. No hay buenas relaciones y los deportistas no deberíamos caer en eso”, expresa.

Los perjudicados

La carta del pasado miércoles a la Presidenta no ha sido la única vez que los deportistas han ido a Palacio exigiendo respuestas.

A fines de octubre de 2014, una marea roja de deportistas con el uniforme oficial del Team Chile protestaban en la Plaza de la Ciudadanía. La razón era que el presupuesto para el 2015 había aumentado en $2.411 millones, sin embargo, dicho monto no era para fortalecer el Alto Rendimiento, sino para subvencionar las entradas del Mundial de Fútbol Sub-17, que se desarrollaría en nuestro país al año siguiente.

El hecho generó molestia entre deportistas y parlamentarios. Tras una semana de tensión, en la que figuras de la élite deportiva realizaron campañas por redes sociales –como el gimnasta Tomás González, la esgrimista Cáterin Bravo, la lanzadora de bala Natalia Duco e incluso el futbolista Gary Medel–, los atletas lograron su objetivo. Se llegó al acuerdo de inyectar $3.000 millones al Alto Rendimiento, con miras a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Pero ese triunfo “histórico” en el presupuesto no tuvo mayor eco en los resultados en Brasil. En junio ya lo preveía el presidente del Comité Olímpico, Neven Illic, cuando aseguró que sería “irresponsable salir a asegurar medallas”, y agregó que falta tiempo aún para un trabajo consistente.

El mejor resultado de Chile en Río 2016 lo obtuvo Bárbara Riveros, con un quinto lugar en triatlón. La ministra Riffo aseguró que nunca pensaron en medallas, sin embargo, reconoció que la mitad de las expectativas no se consumaron, ya que solo pudieron cumplir con el 50% de las proyecciones técnicas y metodológicas que tenían.

Y la batalla por el presupuesto ha sido solo una de las tantas que los deportistas han debido dar estos últimos años.

Los montos de la beca Proddar los reciben mes a mes y varían según los logros de cada deportista, pero oscilan entre $337.435 y $1.079.794 mensuales. Según el IND, a julio de 2016, eran 384 los beneficiados provenientes de 35 federaciones deportivas.

Pero los deportistas tienen múltiples quejas: el lento ingreso al programa, la caída del mismo por semanas, el largo tiempo de espera con los trámites, el no cumplimiento de los compromisos acordados con las autoridades, los errores en los montos de los pagos o que los disminuyen sin avisar.

Incluso denuncian que siete clasificados a los JJ.OO. que representaron a Chile en Río 2016 fueron sin recibir su beca. Hasta agosto de este año, según información del IND –obtenida por Ley de Transparencia–, Enzo Yáñez y Daniel Estrada (atletismo), Julio Peralta (tenis), Francisco Ducasse (vela), Julio Acosta (pesas), Felipe Tapia (natación) y Ricardo Soto (tiro con arco) no figuraban en los registros de la beca Proddar.

La futbolista Iona Rothfeld cuenta que con esta situación se han sentido dejados a un lado, que es algo humillante, y que, además de costear sus propios gastos, les faltan recursos para poder planificar los costos de sus respectivos preparadores físicos y de sus viajes. “El departamento de Alto Rendimiento del IND no tiene voluntad. No nos ofrecen ninguna solución. Y la poca gente que sí nos ha querido brindar su ayuda, ha salido por temas administrativos o políticos. No es posible que como DAR Chile estemos trabajando solos”, sostiene.

Las críticas de los representantes de los deportistas apuntan a la militante del PPD Jacqueline Andalaft, jefa del departamento de Alto Rendimiento.

A Francisca Crovetto, tesorera de DAR Chile, le frustra la situación. La tiradora en modalidad skeet dijo que han estado en reuniones con Andalaft y que “nunca han sido los mejores reportes”, además de ser evidentes los problemas de gestión. Desde DAR Chile cuentan que hubo una reunión en que la funcionaria se exaltó y empezó a “gritonear” a un deportista. Señalan que el episodio ocasionó que, a partir de ese momento, la ministra Riffo pusiera a otro interlocutor para asistir a dichas reuniones. “Al deportista lo ven como una amenaza”, indican en DAR Chile.

Fuentes cercanas a Andalaft niegan que esto sea así. También la atleta Érika Olivera asegura que desde Movidech “nunca hemos tenido problemas con Andalaft, sino todo lo contrario, ya que su departamento nos ha brindado toda la información que hemos necesitado”.

La karateca y presidenta de DAR Chile, Claudia Vera, señala que no se les ha respetado el derecho de apelación que tienen los deportistas frente a eventuales modificaciones en sus becas y agrega que, por culpa de los problemas políticos al interior del IND, las consecuencias las terminan pagando los deportistas y los preparadores físicos. “Hay una sistematización de perjudicar al deportista (…). Son bastantes problemas dentro de una misma directiva, lo que nos hace pensar que hay una persecución hacia nosotros o tipos de amedrentamientos”, manifiesta.

En DAR Chile afirman que han mandado mails y reclamos al IND por los problemas que arrastran con las becas Proddar y por la vulneración al artículo 12 de la Ley del Deporte, pero que no han obtenido respuestas. “Habíamos denunciado este tipo de situaciones hace más de un año y jamás nos respondieron, pero a los diputados sí… El director nacional del IND recién me mandó la respuesta a nuestra solicitud, y dice que este tema ya se solucionó. Pero no se ha solucionado, lo que me parece gravísimo”, enfatiza Vera.

Hasta hace un mes, desde DAR Chile indican que los deportistas Cristián Araya (bádminton), Edward Araya, Mauricio Araya y Leticia Torres (atletismo), Erik Caniu, Cristian Moll, Pablo Baeza, Sebastián Ceballos y Diego Reyes (handbol), Claudia Vera y Rodrigo Rojas (karate), Ítalo Córdova (judo), Andrés Quispé (lucha olímpica), Yanara Aedo, Leticia Torres y María José Rojas (fútbol femenino), Bastián Salazar (gimnasia artística), tenían problemas con sus becas. Incluso dicen que algunos los arrastran por logros cosechados desde los Odesur 2014. A estos casos se sumó en septiembre Natalia Castellano (tenis de mesa), quien asegura que le quitaron su Proddar sin explicaciones claras, a pesar de sus logros deportivos.

Al respecto, en el Ministerio indicaron que en 2015 se realizó una revisión al Reglamento y que se está realizando una auditoría a los pagos de las becas Proddar, además de un procedimiento que permitirá mejorar “en el breve plazo” la gestión. Además, señalan que del total del presupuesto –de 130 mil millones–, para el Alto Rendimiento se destinan 19 mil millones, es decir, un 14,5% del total.

Fuentes cercanas a la situación explican que una beca se gana y que se puede perder si no se cumplen los requisitos, que en muchos casos tienen que ver exclusivamente con el reglamento. Desde los sindicatos afirman que quienes se juntaron a modificar el reglamento fueron la misma presidenta de DAR Chile, Claudia Vera, junto a Rodrigo Grimalt –ex jefe de la división de Actividad Física–, por lo que apuntan a que esto tiene que ver con un protagonismo político que quiere tener la organización de deportistas.

“El nuevo reglamento de las becas Proddar lo redactaron Claudia Vera y Rodrigo Grimalt. Pero del departamento de Alto rendimiento nadie fue. Yo trabajo ahí, pero nadie me invitó. Hay cosas que se están cruzando porque a la Claudia Vera le quitaron su beca. A dos miembros de las directivas de DAR les ha ido mal y les han tenido que quitar sus becas (…). Súmale que el marido de Vera, Patricio Valencia, fue funcionario del IND, y también trabajó en el Plan (Olímpico)”, cuenta Dante Gil, presidente de Anfuchid y analista del departamento de Alto Rendimiento.

Hacia esta visión política del conflicto también apunta la remadora Ysumy Orellana: “Por qué dicen ‘los deportistas’ si tan solo es un grupo que pretende formar ataques políticos estratégicos contra el #IND”, publicó en Twitter como respuesta a los dichos de Claudia Vera.

Otro problema viene con el Plan Olímpico, que es la alianza en la que participan el IND, el COCh y ADO. Se creó durante la gestión de Sebastián Piñera, en 2010, para administrar los recursos que potencien el deporte de cara a las competencias internacionales. Una alianza entre lo público y lo privado, que ha acarreado más de un conflicto de interés.

El Mostrador tuvo acceso a un oficio, del 19 de enero de 2015 –10 días después que Jacqueline Andalaft llegara a presidir el departamento de Alto Rendimiento–, en el cual la funcionaria del PPD le pidió a su superior, el jefe de la división de Actividad Física del IND, en ese entonces Rodrigo Grimalt, que pusiera fin al Plan Olímpico para “insertar todas las funciones asignadas al Plan Olímpico al departamento de Alto Rendimiento (al mando de Andalaft) respecto de sus obligaciones como organismo público”. Es decir, hacer un traspaso de la totalidad de las tareas del referido Plan Olímpico a su departamento.

La presidenta de DAR Chile, Claudia Vera, cree que desde el departamento de Alto Rendimiento “se quiere manejar el deporte en Chile, por eso hay un permanente conflicto en validar el Plan Olímpico, que nos aseguraba la distribución de los recursos en el marco técnico con procesos más claros y limpios, y no otro tipo de criterios políticos o familiares que se dan en el deporte en Chile”.

Cercanos a este conflicto precisan que hay luchas de poder e intencionalidad de administrar los dineros del Alto Rendimiento, y que en ese sentido el más responsable de hacerlo es el Estado, ya que tiene medios de fiscalización más potentes. Dante Gil comparte este diagnóstico y enfatiza que “los resultados, desde que se creó el Plan Olímpico, a modo país han sido peores que en años anteriores. Se dijo que en Odesur 2014 arrasaríamos y no fue así, lo mismo pasó con los Juegos Panamericanos 2015 y ahora con Río 2016”, señala el sindicalista.

En cuanto a la continuidad del Plan, pensando en Tokio 2020, la ministra Riffo declaró escuetamente que se debe “evaluar su funcionamiento habiendo terminado el ciclo olímpico” y que a fines de este año se creará una nueva Resolución.

El Mostrador contactó a Jacqueline Andalaft y, pese a que la funcionaria estaba dispuesta a conversar con este medio, desde el IND no autorizaron la entrevista.

El talón de Aquiles

La construcción de los Centros Deportivos Integrales (CDI) ha sido una continua promesa de campaña de la Presidenta Bachelet. Los CDI consisten en estructuras diseñadas para el desarrollo y especialización de actividades físicas y deportivas del país. En 2014, durante el discurso del 21 de mayo, aseguró que en 2015 estarían listos 10 de ellos, otros 10 en 2016 y 10 en 2017. En el mensaje de 2015, anunció que ese año comenzaría la construcción de 11 nuevos centros. Pero en 2016 la Mandataria ni siquiera mencionó el deporte: de los 30 esperados, 8 ya han sido descartados y ninguno estará listo para este año.

El tema de la ejecución del presupuesto ha sido una discusión permanente en las sesiones de la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados. Incluso lo han calificado como “el gran talón de Aquiles” del Mindep y el IND.

En 2015, de los 52 mil millones aprobados para este ámbito, solo se ejecutó un 41%. Sergio Arévalo, el director del IND en ese entonces, se defendió diciendo que habría una “sobreexpectativa” respecto a lo que son capaces de hacer.

En tanto, el diputado Jaime Pilowsky (DC) expresa que este nivel de ejecución “debe constituir la cifra más baja en el ámbito público”, al tiempo que critica el hecho señalando que “uno hubiera esperado liderazgo y capacidad para aprender de los errores, pero este año 2016 se repiten los magros resultados en inversión”.

En la sesión del 12 de mayo de este año, el diputado Celso Morales (UDI) advertía que esta situación se repetía, “siendo probable que el próximo año se tenga incluso menos recursos por la falta de cumplimiento”. Y así ha sido. Para 2016, en infraestructura deportiva se aprobaron 55 mil millones, pero, después de los ajustes al presupuesto en el Ministerio de Hacienda –por ineficacia en la ejecución–, se redujeron a 35 mil millones.

La ministra Riffo explica que el trámite es complejo: “Ir a Contraloría, a la Dirección de Presupuesto, a Desarrollo Social, etcétera. A eso hubo que sumar que las licitaciones en algunos casos no tuvieron éxito. No había interés de las grandes empresas y todas las que iniciamos hubo que declararlas desiertas, o por falta de oferentes o porque las propuestas superaban el presupuesto. Y eso nos significaba al menos seis meses más, repetir todo el proceso”, detalla.

Pero el diputado Pilowsky no se contenta con las explicaciones oficiales: “Esta situación refleja la falta de planificación y de gestión de las autoridades”.

A fines de este año se espera que cinco CDI estén en obras, seis con diseños terminados y cuatro en etapa de elaboración de diseños.

El diputado de la Comisión, Pedro Browne, señaló que “evidentemente se ha demostrado que el ministerio no es el que tiene las competencias para llevar adelante las construcciones de aquellas infraestructuras, sino que debiera ser otra entidad desde el Estado”.

Tras darse a conocer la Ley de Presupuestos para el 2017, se contempla una baja importante para el Ministerio del Deporte: un retroceso de un 6,8% de los ingresos totales para el IND. Es decir, de los $130 mil millones que se asignaron para el 2016, la cifra bajará a $121 mil millones para el 2017.

La caída del Presupuesto para la cartera se debe principalmente al derrumbe de los “Programas de Normalización de Infraestructura Deportiva”. Apenas se destinarán $257 millones para financiar las obras en 2017, lo que significa un 82,5% menos, comparado con los $1.474 millones que fueron entregados en 2016.

Mientras que los recursos para el Alto Rendimiento tendrán una leve alza: de $21.674 millones contemplados para 2016, se pasó a $22.156 millones para 2017.

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