Escala el conflicto administrativo
En medio de la enrarecida licitación del telemático para monitorear las tobilleras electrónicas y mientras el Tribunal de Compras resuelve las reclamaciones, Gendarmería, bajo la premisa de “continuidad de servicio”, suscribe un nuevo contrato en la modalidad de trato directo con el operador actual por 11 millones de dólares por seis meses, un precio casi tres veces más caro que el valor de la oferta económica que este había hecho en la licitación y entre un 25 y 35 por ciento más caro que el servicio que venía brindando por el contrato que acaba de terminar.
En medio de los cuestionamientos a la licitación que adjudicó el nuevo sistema de tobilleras electrónicas a la firma de origen israelí Global System, a pesar de que obtuvo el tercer lugar entre las participantes en el proceso, Gendarmería de Chile, por la vía de un trato directo, resolvió firmar un nuevo contrato por 6.889 millones de pesos con la misma empresa a cargo hasta ahora de proveer este servicio, y que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por las falencias de la plataforma para el monitoreo telemático de reos y por la que el fisco ya desembolsó, en los últimos cuatro años, más de $35.153 millones, equivalentes a 55.3 millones de dólares.
La propia institución comunicó, en un oficio requerido por Transparencia, que había resuelto ese mecanismo ante la imposibilidad de extender el contrato que expiró el pasado 17 de octubre con TrackGroup Chile Spa, pues este tenía una cláusula de no extensión, y se debía “asegurar la continuidad del servicio”.
De este modo, Gendarmería pagará por el próximo semestre entre un 25 y un 35 por ciento más por el mismo servicio, aceptando un precio en el nuevo contrato tres veces más alto de la oferta que hiciera Track Group en la licitación objeto de cuestionamientos. Ello, señalan fuentes del interior de Gendarmería, implica que prácticamente el Estado le está regalando dinero a una empresa y no existe ninguna garantía de que dentro de los próximos seis meses, si la situación continúa, deba volver a firmar un nuevo contrato tal vez por un precio más alto. Todo, pese a la mala calidad del servicio, que –según la propia institución de Gendarmería– había acumulado un volumen de fallas cercanas a los 100 mil casos.
En el mismo oficio, el Departamento de Monitoreo Telemático reconoce que, desde un comienzo, el sistema presentó “inconvenientes derivados de la inestabilidad de la cobertura de señal celular en ciertas zonas del país, lo que ha traído aparejado dificultades en determinados casos, situación técnica que se ha logrado superar mediante la instalación en el domicilio de los condenados que han presentado este inconveniente de un aparato fijo (Beacon) que establece enlace con el dispositivo que porta el usuario evitándose de este modo las pérdidas de señal”.
En estricto rigor, esto significa que actualmente los dispositivos solo pueden aplicarse a condenados bajo arresto domiciliario total y que en la práctica es inútil como medida sustitutiva de prisión para los condenados por casos de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, que tienen prohibición de acercarse a quienes fueron sus víctimas.
El oficio, en tanto, también alude a las fallas que detectó la Contraloría (Informe Final 481 de 2015) a los mecanismos acordados para el pago de los servicios a TrackGroup. “Habiendo entrado en ejecución el Servicio de Monitoreo Telemático se detectaron ciertas falencias que ni las bases administrativas y técnicas, así como tampoco el contrato previeron. Una de ellas fue el establecimiento de un sistema de control de gestión del servicio contratado, el que reviste una serie de complejidades que dificultan la labor de auditoría. Lo anterior fue siendo subsanado mediante la implementación paulatina de mecanismos y herramientas tecnológicas destinadas al establecimiento de un sistema de control de gestión del servicio”, dice el documento fechado el 23 de octubre de 2016, que incluyó incluso una rebaja en la carga de servicios comprometidos.
TrackGroup Chile fue una de las empresas que participó, junto con Cramick S.A., Pegasus y Global Systems, en la nueva licitación del sistema de monitoreo telemático que fue adjudicado a esta última, obteniendo una nota de 4,92, detrás del 6,05 que obtuvo Pegasus y delante del 4,44 de la compañía que, controvertidamente, se convirtió en la práctica en la ganadora, no obstante resultar tercera en una medición donde pesaba en 50% la mejor oferta económica, en 45% la mejor oferta técnica y en 5,0% la que presentara los mejores parámetros en criterios de sustentabilidad y de requisitos formales.
Fue por ello que el actual administrador –y ahora ganador de hecho– del sistema no dudó en impugnar ante el Tribunal de Compras el proceso de licitación, lo que a la postre le permitió mantenerse por los próximos seis meses en condiciones económicas aún más ventajosas.
Asimismo, Pegasus, que resultó con la mayor calificación, también impugnó el proceso. Su abogado, Luis Hermosilla, dijo que la licitación se había convertido en un “ejercicio inútil”, toda vez que su resultado fue una decisión arbitraria.
[cita tipo=»destaque»]TrackGroup Chile fue una de las empresas que participó, junto con Cramick S.A., Pegasus y Global Systems, en la nueva licitación del sistema de monitoreo telemático que fue adjudicado a esta última, obteniendo una nota de 4,92, detrás del 6,05 que obtuvo Pegasus y delante del 4,44 de la compañía que, controvertidamente, se convirtió en la práctica en la ganadora, no obstante resultar tercera en una medición donde pesaba en 50% la mejor oferta económica, en 45% la mejor oferta técnica y en 5,0% la que presentara los mejores parámetros en criterios de sustentabilidad y de requisitos formales.[/cita]
“Global Systems SpA obtuvo muy atrás el tercer lugar en las calificaciones aplicadas por la Comisión, la misma que luego, por una decisión absolutamente arbitraria, la adjudica a Global Systems por representar el mejor interés de Gendarmería, lo que se aleja absolutamente de los criterios de transparencia y buena fe que deben guiar las acciones del Estado. Este procedimiento es tan irregular, que no puede pasar sin sanción jurisdiccional, es muy grave”, dijo. Y ahora, se firma un contrato contra toda racionalidad económica.
Mientras tanto, desde la Asociación Gremial de Funcionarios de Gendarmería, que también hizo objeciones al proceso de licitación ante Contraloría, señalan que no se entienden los criterios de la Dirección para diseñar un proceso tan enredado y poco previsor, sobre todo teniendo en cuenta las advertencias del organismo contralor en la auditoría que hizo al sistema el año 2015. Primero, indican, “se desmanteló prácticamente a todo el equipo que debía llevar adelante el proceso” y luego se hizo un cronograma en que los plazos de término del contrato que vencía y de adjudicación del nuevo eran tan estrechos, que ante cualquier dificultad todo iba a terminar en un embrollo, tal como está ocurriendo. Peor aún, con el sistema dependiendo de la sola voluntad de una empresa. “Ni que fueran errores planificados”, sostienen.
