Opinión
Según cifras del II Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015, las mujeres bajo esta situación alcanzan una prevalencia del 20,3% en población de personas mayores de 2 años, en contraste a los hombres que corresponden a un 12,9%. Sin embargo, al hablar de inclusión laboral, es el género masculino quien ha ocupado la mayor cantidad de puestos de trabajo.
A saber, según datos del mismo estudio mencionado, la participación laboral femenina alcanzó un 37,2% versus un 53,1% de hombres respectivamente. En la actualidad, debido a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.015 de acuerdo con el reporte de estadísticas administrativas de la Dirección del Trabajo de julio de 2020 se encuentran registrados 19.506 contratos de personas en dicha condición en relación laboral vigente, de los cuales 6.973 corresponden a mujeres y 12.533 a hombres. ¿Esto por qué ocurre? ¿Discriminación? ¿Un asunto de género?
Sin lugar a dudas, las mujeres a lo largo de la historia han sido catalogadas muchas veces como ciudadanas de segunda clase, como dice la canción, “sin privilegios“, lo que además las posiciona en una serie de roles sociales predeterminados. En la actualidad, no es raro encontrar que en las entrevistas laborales se les pregunte sobre si son madres o si tienen pretensiones de serlo. Además, la brecha en los salarios entre hombres y mujeres deja bastante que desear y es algo que aún no se ha regulado y aún menos fiscalizado. Lo mismo ocurre en los altos cargos, en donde pocas veces se ve a una mujer al mando.
En el ámbito de la discapacidad, lamentablemente las cosas no son muy distintas. Según algunos estudios, el mayor problema que presentan las mujeres que trabajan es la doble presencia que permanentemente ocupa sus mentes, distrayéndolas con frecuencia de sus obligaciones laborales. Es claro que, al ser madres, profesionales y dueñas de casa, la multiplicidad de roles se hace patente y pasa la cuenta, y al tener discapacidad, esta no es una realidad lejana. En este sentido, los asuntos domésticos incluso pueden llegar a tomar una relevancia mayor, al igual que el cuidado de los hijos y el propio personal. Al tener ciertas necesidades o dificultades, al requerir asistencia o apoyo muchas veces estos elementos obstaculizan el desempeño de las mujeres en situación de discapacidad, no obstante, no resulta ser un motivo decidor para reducir la contratación o empleabilidad de las mismas.
¿Es entonces un asunto que se podría adjudicar al ámbito de la discapacidad en particular? ¿O es algo que atañe a la sociedad en general? Ciertamente, los prejuicios actúan rápidamente frente a la instancia de selección de personal, frente a las entrevistas, al reclutamiento y otras etapas propias del proceso en sí de la búsqueda y obtención de una vacante.
¿Es una mera coincidencia o algo premeditado el que las mujeres con alguna limitación física, psíquica, sensorial o mental sean menos incluidas laboralmente que los hombres en Chile? Las mujeres, de por sí, ya tienen como lo mencionábamos anteriormente una serie de clasificaciones sociales, pero la mujer en situación de discapacidad debe lidiar con el doble o triple de estas percepciones, en donde no sólo se le despoja de su capacidad de decisión, sino que también de su facultad de autonomía e incluso de dignidad.
La construcción social de las personas en situación de discapacidad está cargada de prejuicios, estigmas y de creencias fundadas muchas veces en la ignorancia arrastrada de generación en generación.
Así, de acuerdo a lo evidenciado en líneas precedentes, se yuxtapone también una interseccionalidad de la realidad de las mujeres con lo que además implica tener algún tipo de limitación, lo que claramente genera distintas brechas socioculturales e institucionales, que dificultan su acceso y empleabilidad en el mundo laboral.
Ellas sí son capaces, sí son profesionales, sí pueden tener una familia, sí pueden conservar un trabajo y responder a todas las demandas sociales exigidas en el presente. Las mujeres en situación de discapacidad también tienen voz y se
encuentran preparadas para asumir los distintos desafíos personales y sociales que la vida les depara.
Pero ¿Cómo podríamos alcanzar una equidad de género en este ámbito? ¿Cómo podríamos subsanar estas brechas sociales? Es nuestro deber como sociedad civil, el fomentar prácticas y culturas inclusivas que apunten a la empleabilidad de más trabajadoras bajo dicha condición en Chile. Es por todo esto, que es fundamental aplicar distintas estrategias de formación, capacitación y accesibilidad que respondan a tratados internacionales y a la Ley N° 20.422 (establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad), para que así la equidad de género en el ámbito de la discapacidad se convierta en una realidad y no en un mito en el contexto de la ley 21.015 de inclusión laboral.
