Opinión
Actualmente en Chile hay casi 19.000 niñas, niños y adolescentes bajo algún sistema de cuidado alternativo entregado por parte del Estado de Chile, es decir, que no viven necesariamente con sus familias de origen.
De ellos, casi 13.000 están en residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename) o son sujetos de adopción y casi 6.000 están bajo el cuidado de familias de acogida, según las cifras dadas a conocer por el último estudio del Hogar de Cristo.
Estas cifras, que para quienes las leen pueden ser solo números, vuelven a tomar relevancia cuando se dan a conocer vídeos como el que conocimos ayer por redes sociales y luego por los medios de comunicación donde un niño estaría siendo víctima de maltratos en una residencia del Sename en Carlos Antúnez, en la comuna de Providencia, en plena capital de nuestro país.
Estas residencias son parte de una nueva generación de políticas públicas, en teoría de calidad muy superior a las residencias masivas que anteriormente operaban. A pesar de los esfuerzos, vemos como las dificultades continúan y hoy hay investigaciones para comprender qué originó esta situación.
La investigación es esencial, y debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pero ¿qué pasará cuando esta investigación llegue a su fin?, ¿esas cifras volverán a ser solo números fríos? Hoy Chile es el único país de la región que no tiene una ley de garantías explícitas de protección para la niñez, además, no cuenta en su Constitución con un mandato de protección de niñas, niños y adolescentes, pese a haber suscrito la Convención Sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años.
Solo entre 2005 y 2016 más de 1.300 niñas, niños y adolescentes que estaban bajo el cuidado del Estado perdieron la vida. Es por eso que, como sociedad, debemos dar vuelta esta situación, poner a la niñez y sobre todo a la más vulnerable como prioridad.
Hoy tenemos la oportunidad histórica, ad portas de la elección de Convencionales Constituyentes, de elegir a personas que se hagan cargo de esta deuda con la infancia y puedan consagrar explícitamente sus derechos en la nueva Constitución, con mecanismos efectivos para garantizar sus derechos y, así, evitar que estas cifras no se sigan repitiendo.
Hoy también tenemos la reforma al servicio de protección como una posibilidad concreta de cambio y mejora en la respuesta que damos a la realidad de la infancia vulnerada. Hemos visto aumentar los presupuestos y crear nuevas institucionalidades.
Sin embargo, esas reformas requieren mayor profundidad y compromiso tanto del Estado como de toda la ciudadanía para tener impacto real. Se requieren modelos técnicos nuevos, y capacidades institucionales para llevarlos a cabo, o si no todo aumento de presupuesto es solo un gasto mayor de recursos públicos.
Mientras esperamos que las investigaciones entreguen luces acerca de los sucesos de esta semana, esperamos que las autoridades pertinentes profundicen las reformas que están en curso, instalen el Servicio de Protección Especializado y avancen de forma decidida en la promulgación de una Ley de Garantías. Las niñas y niños de este país no pueden seguir esperando.
