Opinión
La salud bucal de los chilenos no puede ser excluida de la nueva Constitución. Un argumento para no incluirlo en la propuesta es la especificidad del problema dentro de un universo amplio de otros derechos sociales, que podrían parecer más prioritarios desde la opinión de los constituyentes.
Sin embargo, hemos observado que se ha incorporado lo siguiente: “El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento”.
En nuestra opinión, un inciso similar es ineludible en lo que respecta a la salud bucal.
Las enfermedades bucales más frecuentes, al igual que las enfermedades mentales, son enfermedades crónicas no transmisibles (ECNTs). Estas afectan alrededor de 3.5 billones de personas en el mundo, son de naturaleza prevenible y comparten factores de riesgo con otras ECNTs.
En las últimas tres décadas, la prevalencia global de caries, periodontitis y pérdida de dientes se ha mantenido alrededor del 45%, cifra que es mayor a cualquier otra enfermedad. El cáncer de labio y de la cavidad oral representa el decimosexto cáncer más común, con alrededor de 375.000 nuevos casos y cerca de 180.000 muertes en 2020.
En Chile, según la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, alrededor de 9 millones de personas tienen al menos un diente con caries y el 27% tiene menos de 20 dientes en su boca. Adicionalmente, las enfermedades bucales coexisten con otras ECNTs, incluyendo depresión y Alzheimer.
Las consecuencias de las enfermedades bucales impactan no solo a nivel individual con limitaciones físicas o funcionales, sino que también repercuten en la calidad de vida, en el bienestar, en las emociones y en lo económico. Las intervenciones recuperativas son complejas y requieren de altos gastos que deben asumir los bolsillos de los individuos y los presupuestos de los sistemas de salud.
La postergación de los tratamientos genera un daño acumulativo que demanda de atención especializada, aumentando aún más los costos. En 2015, los trastornos bucodentales representaron costos directos estimados en US$ 357 billones y costos indirectos de US$ 188 billones, con diferencias significativas según nivel de ingreso de los países, costos que superan a muchas condiciones.
Por ello, al igual que lo propuesto para las enfermedades mentales en el borrador constitucional, es sumamente importante que el Estado garantice políticas y programas de salud bucal eficientes, sostenibles y con financiamiento, que disminuyan las inequidades.
El aumento del acceso a la atención odontológica no debe ser solo en menores de 20 años, sino que se requiere un enfoque de ciclo de vida, algo ya reconocido en el Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2020. Hoy en día la cobertura sigue siendo insuficiente, sobre todo en personas mayores.
Además el abordaje del problema debe ser desde la prevención y la promoción de salud, con énfasis en el enfoque comunitario y familiar.
Adicionalmente la pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto negativo en los programas que entregan servicios esenciales en salud bucal en la mayoría de los países, incluido Chile, con innúmeras atenciones perdidas o postergadas. Efectos similares han sido estimados para las enfermedades mentales.
La Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud en 2021, en varios documentos han reforzado la urgencia de afrontar cara a cara el problema de las enfermedades bucales.
Por ello, en el marco de los nuevos derechos constitucionales, Chile debe hacerse cargo de este desafío, con la misma fuerza que se ha plasmado cubrir las necesidades en salud mental de la población.
