Vida Pública: Ministro Barraza analiza «primer paso» hacia inclusión laboral de personas con discapacidad

El ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, calificó como un hecho «histórico» que la Presidenta Michelle Bachelet firmara la indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea un Sistema de Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad.

El secretario de Estado abordó el tema en el programa Vida Pública, conducido por Max Raide de El Mostrador, oportunidad en la que recalcó que esta indicación sustitutiva es el resultado de la ratificación en 2008 de la Convención de Protección de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y que «nos permite entrar en profundidad en materias donde no habíamos entrado, y una de esas es precisamente la necesidad de tener cuotas laborales para personas con discapacidad resguardadas legalmente con un propósito muy claro: que esas cuotas laborales vayan generando cultura de inclusión social en el mundo laboral, como un primer paso».

Asimismo, explicó por qué la iniciativa, que rubricó la mandataria el lunes último y que se encuentra en segundo trámite en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, considera que las empresas deben reserva sólo el 1,0% de empleo para este grupo de la población.

«La evidencia comparada a nivel internacional nos indica que las políticas más efectivas desde el punto de vista de generar cultura de inclusión laboral para personas con discapacidad son aquellas donde existe reserva de empleos, es decir cuotas. El caso de Japón es de  1,6%, el caso de Italia, que es el otro extremo, es de 7,0% en cuotas laborales. En el caso de Chile, nosotros estamos iniciando con un uno por ciento, que es el proyecto de ley, porque creemos que aquí hay que generar un camino gradual de cultura laboral que permita ir reconociendo el aporte que las personas con discapacidad hacen a la sociedad a diario», sostuvo.

Y agregó que «el proyecto contempla que, en aquellas empresas grandes, de 200 personas y más, exista un 1,0% mínimo de cuota laboral, y también en entidades públicas, es decir en los diferentes órganos de administración del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, en el caso del personal civil, que también tendrían que tener cuando existan unidades de 200 personas y más, una reserva de 1,0%».

Equidad salarial

Barraza también afirmó que el proyecto también prohíbe, más allá de la cuota de reserva, la discriminación de la que son objeto actualmente las personas con discapacidad. «Por ejemplo, la ley 18.600 en su artículo 16 establece que las personas con discapacidad mental pueden recibir un salario inferior al salario mínimo, en circunstancias que están realizando la misma función de otra persona que no tiene discapacidad mental. Esa norma cuando fue creada, ciertamente que fue pensada para incentivar la contratación. Ahora, en un país con 23 mil dólares per cápita, que es el caso de Chile, la realidad cambió, y ciertamente que esa es una discriminación odiosa que no puede persistir, por tanto lo que establece el proyecto es que no puede haber un salario inferior para una persona con discapacidad mental al salario mínimo, digamos, equidad de trabajo respecto de otra persona que realiza el mismo trabajo».

El titular de Desarrollo Social puso énfasis en que los empleadores tampoco podrán recurrir al contrato de «aprendiz» que se aplica a jóvenes de hasta 21 años para pagarles menos del mínimo, y que en el caso de las personas discapacitadas se extendía de manera indefinida.

«Lo que establece el proyecto de ley es que en este caso se le hace efectivo sólo hasta los 26 años, ¿Y por qué hasta los 26? Porque es la edad en que las personas en situación de discapacidad egresan de la educación especial. Entonces tampoco después de los 26 se le podría aplicar un salario inferior al salario mínimo», explicó.

Finalmente, sostuvo que para que la ya mencionada cuota salarial funcione, el proyecto también considera una gradualidad para que progresivamente «las empresas vayan haciendo las adecuaciones necesarias de modo tal que exista accesibilidad universal, es decir, contar con una rampa adecuada, contar con las barandas adecuadas para que las personas se puedan desplazar, son mecanismos que la ley contempla para efectos de que la empresa haga esas adecuaciones necesarias progresivamente.  En la misma dirección, el proyecto de ley contempla que en el caso de las empresas privadas, la entidad encargada de fiscalizar es la inspección del Trabajo, y en el caso del sector público, las entidades encargadas de fiscalizar son el Servicio Civil y el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), por tanto en ese sentido el proyecto es completo en la medida también que resguarda también el contenido de la norma».