El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, al entregar este martes la cuenta pública anual del Poder Judicial, advirtió que la tragedia que costó la vida a 81 internos de la cárcel de San Miguel, dejó en evidencia que el sistema penitenciario en Chile se encuentra en una situación de colapso.
En uno de los pasajes de su discurso, la autoridad sostuvo que «la situación penitenciaria en Chile se encuentra en un estado de colapso absoluto y de irrespeto grave a los derechos y garantías de quienes están privados de libertad, la que requiere una solución inmediata por quienes tienen la obligación de hacerlo, ya que estos sucesos, que fácilmente se olvidan, se producen con una frecuencia inaceptable», declaró.
Juica dio cuenta de la gestión de los tribunales del país haciendo notar la disminución de ingresos en primera instancia de un 6,8% respecto del año anterior, lo que puede ser atribuido principalmente a los efectos del sismo de febrero de 2010, y que dejó en situación de emergencia a varias regiones del territorio nacional.
Asimismo, resaltó la puesta en marcha del proyecto de planificación estratégica y el programa de fortalecimiento institucional que se desarrollará en los próximos cuatro años con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También abordó en su discurso materias de alto interés nacional y para la judicatura, como lo relativo a los procesos por violaciones a los derechos humanos, la situación de los pueblos originarios, la preocupación de la judicatura por la proliferación de tribunales especiales y la necesidad de regular de una manera distinta la entrega de los títulos de abogados.
De igual modo sostuvo que existe un «irrespeto grave a los derechos y garantías de quienes están privados de libertad».
Asimismo, pidió relevar a la Corte Suprema de la obligación de entregar los títulos de abogado, si no se solucionan los problemas de formación que se han denunciado.
«De no entregarse más facultades de control a esta Corte, parece más atendible desvincularla de la responsabilidad, más que centenaria, de otorgar los títulos. Las universidades entonces deberían asegurar el control de calidad que se exige para el ejercicio de esta profesión, confiriendo ellas los diplomas», declaró al leer su discurso de 15 páginas.
En cuanto a la proliferación de tribunales especiales en el país, dijo que «si al Poder Judicial se le reserva la facultad de conocer y resolver los conflictos jurídicos, resulta necesario que esa exclusividad vaya aparejada de lo que la doctrina denomina la unidad jurisdiccional, que importa una base fundamental en la organización y funcionamiento de los tribunales, principio que a su vez se opone a la creación de jurisdicciones especiales, que se apartan de los factores de independencia e imparcialidad que son esenciales en las jurisdicción ordinaria. Es lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, con la frecuente creación de tribunales especiales, los que por su número debilitan el natural equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado y atomiza peligrosamente la actividad jurisdiccional», replicó el magistrado.
Agregó que «el principio de la unidad jurisdiccional es consustancial a todo sistema democrático y que la dispersión jurisdiccional o las ‘jurisdicciones especiales’ constituye una característica de los Estados autocráticos».
Respecto de las causas por violaciones a los derechos humanos, Juica enfatizó el interés de la Corte Suprema «en obtener, en un plazo adecuado y con el máximo celo, el término de estas causas que aún mantienen en la sociedad un alto grado de preocupación por la gravedad de los hechos investigados y que espera de la jurisdicción una respuesta clara, de tal modo, que estos sucesos no vuelvan a repetirse para el bien de la justicia y de la paz social».
Agregó que las agrupaciones defensoras de los derechos humanos han advertido «cierto pesimismo que esa colaboración actualmente no se otorga con la misma firmeza. Para convencer de lo contrario, parece necesario que exista una declaración categórica de quienes corresponda, en el sentido de que se seguirá prestando la necesaria colaboración en la investigación de estos gravísimos delitos».
A continuación, llamó la atención sobre un problema «que no hemos podido solucionar como sociedad y es el relativo a los pueblos indígenas que sienten una discriminación que todavía no se supera. Los tribunales de Justicia deben actuar por imperativo constitucional frente a conflictos que se han judicializado con gran violencia en el país, pero parece razonable considerar que esas reivindicaciones sean asumidas como una tarea de Estado, de tal modo que se puedan corregir de manera política dichas demandas las que deben ser superadas por la vía del diálogo y el entendimiento».
En la cuenta pública de la labor jurisdiccional destacó el aumento del rendimiento del trabajo de la Corte Suprema en un 18,1% respecto del año anterior, lo que obedece principalmente a la extensión del funcionamiento de salas los cinco días a la semana, desde septiembre pasado; y también la disminución de los tiempos de tramitación en las Cortes de Apelaciones, la que llegó a un promedio de 92,51 días; en tanto, en la Suprema el tiempo de despacho se redujo a 128,6 días, en promedio.
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