Los diputados de la DC Carolina Goic y Patricio Vallespín, junto al PPD Enrique Accorsi, además de representantes de diversas organizaciones de Magallanes, denunciaron supuestas «presiones indebidas» del Gobierno y «serios conflictos de intereses» en el proyecto minero en la Isla Riesco de dicha Región.
Los miembros de las organizaciones junto a los parlamentarios expresaron que están recabando la información que demostraría el presunto conflicto de intereses en la aprobación de este proyecto carbonífero, y afirmaron que el propio Presidente Sebastián Piñera tiene acciones en Copec, una de las empresas impulsoras de esta iniciativa, de acuerdo a lo que declararon.
Agregaron que el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne y el subsecretario de Energía, Sergio del Campo fueron directivos de Gener, otro de los grupos que están invirtiendo en esta iniciativa, según dijeron.
Vallespín, integrante de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, manifestó que «estamos cansados de las presiones indebidas de las autoridades nacionales en los proyectos vinculados a energía. Terminemos con las irregularidades».
«Tenemos un estudio de impacto ambiental que ha sido aprobado en la región, un estudio de línea base absolutamente insuficiente, incompleto, con metodologías inadecuadas, donde se usa información falsa y que en base a esto logra la aprobación de la autoridad», agregó.
Además, dijo que «lo más grave es que es el Presidente Piñera, quien lidera estas presiones, en noviembre, al presentar el Plan Regional de Desarrollo, cuando este proyecto aún estaba en evaluación, señaló con orgullo que la mina de carbón iba a generar muchos empleos y que se iba a iniciar la industria del carbón; y, obviamente, el resultado de eso, nada es casual, es que los servicios respectivos dejaron de entregar los informes y en enero se aprobó este proyecto».
En tanto, Goic sostuvo que «acá se está privilegiando el negocio de una empresa privada, ha sido el mismo Presidente quien ha dado la señal de que este proyecto se debía aprobar; claramente, no se condice con el resguardo de los intereses de patrimonio de los magallánicos y de todos los chilenos».
Por su parte, Accorsi enfatizó que «me parece impresentable que un Presidente salga apoyando y pidiendo agilizar la tramitación de un proyecto que está sujeto a evaluación ambiental, siendo accionista de una de las empresas, y que sus ministros también tengan intereses económicos en estos proyectos».
upi/so
