El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Rodrigo Sarquis, afirmó que la actividad pesquera extractiva vive una «realidad compleja», ya que a los daños provocados por el terremoto, se suma la reducción de cuotas, la presencia de flotas extranjeras pescando al borde de la ZEE, y la incertidumbre que provoca la discusión sobre modificaciones a la administración pesquera.
Esto al realizar un balance de la realidad que vive el sector pesquero industrial en el país, considerando los acontecimientos que ha sufrido la actividad en el último año.
Sarquis, aseveró que el objetivo primordial, tanto para el Gobierno como para la industria, es la conservación del recurso y la estabilidad de las pesquerías.
«Cualquier normativa que regule el sector, debe velar porque esto se cumpla, resolviendo los distintos problemas de las pesquerías en cada región del país y asegurando una pesca sustentable desde una perspectiva biológica, económica, medioambiental y social», indicó.
Según informó, los daños registrados en la industria fueron avaluados en US$ 330 millones, sólo considerando pérdidas en plantas y en faenas de descarga. A la fecha, dijo, sólo se ha recuperado un 70% de la capacidad de procesamiento, cifra que se explica fundamentalmente por la menor disponibilidad del recurso jurel y también por la falta de decisión respecto de la normativa del sector pesquero.
El presidente de Sonapesca hizo hincapié en la reducción de los desembarques industriales en los últimos años. En la misma etapa, el sector artesanal aumentó su representación en el total de los desembarques pesqueros de 8,7% de las capturas totales en 1991 a 53% en 2010.
Durante 2010 y por segundo año consecutivo, el sector pesquero industrial no logró cumplir con las cuotas asignadas. Las capturas se redujeron de 3,6 millones de toneladas en 2004, a 1,6 millones de toneladas en 2010, lo que equivale a una baja de 56,7%.
En los últimos meses, compañías del sector pesquero anunciaron planes para incorporar mayor valor agregado; establecieron asociaciones estratégicas entre algunas empresas y, en otros casos, acordaron fusiones para racionalizar las operaciones y reducir los costos dada la escasez de materia prima, entre otras variables.
Durante 201,1 la industria apoyó la medida del Gobierno de aplicar una considerable reducción en las cuotas de pesca (76% en el caso del jurel y 72% en la anchoveta), sobre la base de un enfoque precautorio y la información científica disponible sobre los recursos pelágicos nacionales. Sin embargo, esta decisión, que busca la preservación de los recursos pensando en la sustentabilidad en el largo plazo, ha generado una serie de impactos en áreas tan sensibles como el empleo.
Como consecuencia de la reducción de los desembarques, principalmente del jurel, se estima que la fuerza laboral se redujo en un 15,6%.
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