El próximo martes la Cámara de Diputados votará el informe final de la comisión investigadora que indagó en las irregularidades detectadas en la contratación de la empresa Kodama para la construcción de un corredor del Transantiago en Pedro Aguirre Cerda, caso que involucra a la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte.
Este jueves la presidenta de la comisión que investigó estos hechos, diputada Claudia Nogueira (UDI), dio cuenta en la sala de la Cámara Baja del informe redactado por esta instancia, cuya votación se acordó para la próxima semana.
Sobre el tema, la diputada gremialista dijo que en la investigación «constatamos que hubo problemas en la construcción del corredor desde su origen». Por esta razón, añadió, «aquí hay que hacer una revisión seria y profunda de todos los mecanismos de control y supervisión que tiene tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Serviu y el Ministerio de Vivienda».
Agregó que «la impericia que hubo en algunos funcionarios del Serviu, quienes asumieron su responsabilidad política en su oportunidad y dejaron sus cargos, ya que su falta hizo que este contrato excediera por mucho la cantidad original estimada, poniendo en riesgo el patrimonio fiscal del Estado».
A su turno, el diputado Romilio Gutiérrez (UDI), quien también integró la instancia fiscalizadora, puso énfasis en que «este contrato parte el año 2006 y desde su origen presentó situaciones anómalas, como la adjudicación por sobre el 40% del presupuesto oficial, que se haya licitado y adjudicado con tanta celeridad en sólo 24 horas, el cobro de obras complementarias, etc.».
Respecto del rol de la ex ministra Matte, los parlamentarios destacaron su «actitud proactiva» y su «correcta ponderación de lo que estaba ocurriendo, por lo que puso todos los antecedentes ante la justicia, el CDE y la Contraloría».
La comisión decidió responsabilizar a uno de los más cercanos asesores de la ex secretaria de Estado, el abogado Álvaro Baeza, por «no haber dispuesto todos los antecedentes para que la ex ministra para resolver de mejor manera esta situación y no haber autorizado este contrato».
En este contexto, los diputados dijeron que «hoy podemos concluir que sin perjuicio de no haber daño patrimonial fiscal, es necesario activar desde el comienzo los mecanismos de control y que los funcionarios involucrados asuman su responsabilidad».
Este caso surgió luego que la empresa Kodama demandara al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por el incumplimiento de un acuerdo existente entre ambos para el pago de una compensación por $17.000 millones por los gastos extras en que habría incurrido la constructora en el desarrollo del proyecto. Pago que en su momento fue autorizado por la entonces ministra de Vivienda, quien luego detuvo el proceso y puso en conocimiento de la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado los antecedentes, a raíz de las irregularidades detectadas.
Por este caso además se inició un proceso en los tribunales de justicia por presunto fraude en el acuerdo extrajudicial suscrito por Kodama y el Serviu Metropolitano.
upi/so
