El investigador del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo (LyD), Jorge Ramírez, manifestó que el Servicio Electoral tiene capacidades limitadas y el «esquema institucional rígido no es capaz de procesar las nuevas exigencias que emergen en el sistema político chileno», por lo que «se hace necesaria una modernización que permita darle mayor ‘enforcement’ a algunas de sus actuales funciones».
«También, se torna evidente la necesidad de ampliar el abanico de funciones del Servel», acotó, proponiendo tres nuevas divisiones.
Una de «Estudios», abocada a la realización periódica de informes que permitan levantar información basada en evidencia, a fin de optimizar la lectura de los procesos electorales, comprender de mejor manera fenómenos de naturaleza compleja como la participación vía sufragio, e introducir innovaciones en diferentes áreas del ordenamiento electoral, precisó, entre otras cosas.
«Un segunda división necesaria es la de ‘Transparencia’, abocada única y exclusivamente al control y fiscalización de ingresos y gastos electorales, estados financieros de los partidos y la validación de información sobre la cual se sostienen los registros de los militantes de partidos políticos y la inscripción de candidaturas», acotó.
En la misma línea, precisó que «las denuncias de ‘falsos militantes’ que surgieron después de la elección primaria y problemas con la validación de las firmas notariales que presentan los candidatos presidenciales independientes, son sólo ejemplos de vacíos legales, disfuncionalidad institucional, al descansar el Servel en la función de otras entidades, pero también de falta de capacidad de validación y fiscalización por parte del órgano electoral».
También planteó la «División de promoción de la democracia», y sostuvo que las últimas cifras de participación electoral y la desafección ciudadana han puesto de manifiesto la necesidad de promover ciertos valores democráticos.
«La educación cívica es parte de las funciones esenciales de una parte de los órganos electorales. El Servel, con su nueva configuración institucional, se encuentra en una posición preferente respecto a otras entidades para la elaboración de programas de educación cívica», agregó, en lo que es parte de un conjunto mayor de planteamientos.
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