El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (UCEN), Marco Velarde, y el vocero de los 37 alumnos expulsados del plantel, Iván Ortiz, hicieron un llamado este martes al rector Rafael Rosell, pidiéndole que no tome esa medida de excluir a los jóvenes, una decisión que se tomaría en forma definitiva, antes del 31 de enero próximo.
En una conferencia de prensa, junto a las presidentas de las federaciones de estudiantes de las universidades de Chile y Católica, Melissa Sepúlveda y Nashla Aburman, respectivamente, y del vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Pablo Toro, en la sede de la FECH, Velarde explicó que los estudiantes de la Universidad Central «vivieron como todos los años una más de las movilizaciones en conjunto con el movimiento estudiantil por transformar el carácter de su universidad y de la educación chilena».
«Después de las movilizaciones -agregó Valverde- y de haber llegado a acuerdo con las autoridades de la UCEN, estudiantes que habían sido desalojados de la toma de los inmuebles de la universidad, fueron expulsados por un tribunal que investigó los hechos sucedidos en las movilizaciones y fueron expulsados injustamente. Ninguna de las instancias internas tanto del tribunal que investigó en primera instancia, como el Tribunal de Apelación, pudieron acreditar que estos estudiantes fueron responsables de los hechos que se les acusaban. Este Tribunal determinó la expulsión de 37 estudiantes que han depositado sus sueños en la Universidad Central y han depositado sus sueños también en transformarla», dijo Valverde.
El dirigente estudiantil agregó que «nos vemos en la obligación de defender a cada uno de esos 37 estudiantes para que ellos no sean expulsados de la universidad. Estos estudiantes se encuentran en el tercer y último proceso interno de la universidad que se denomina Recurso de Gracia, donde el rector Rafael Rosell es quien va a determinar si la expulsión se lleva a cabo o no, o si se determina otro tipo de sanción».
«Y nosotros estamos aquí -agregó- con el resto del movimiento estudiantil pidiéndole al rector Rafael Rosell que pueda cambiar la medida adoptada por los tribunales internos. Creemos que la medida de expulsión es injusta, que es desmedida, y que nunca había sucedido esto después de la dictadura. Nosotros pedimos no una petición de solidaridad sino que de justicia ante estudiantes que quieren cambiar el carácter de la educación en Chile».
Velarde manifestó que «esta decisión debe ser tomada antes que comience el año académico 2014, al término del año 2013, que es el 31 de enero, por ende esta petición al rector, la cual la hacemos con urgencia para que pueda cambiar la medida adoptada por la institución interna de la universidad».
A su vez, el vocero de los expulsados, Iván Ortiz, expresó que esta sanción «nos afecta no sólo porque atente nuestro sueños o atente contra los bolsillos de nuestras familias, nos afecta también porque nos decepciona profundamente que la universidad pregone una serie de valores y luego sancione a las personas que las llevamos a la práctica».
Agregó que «muchas de las personas que hoy día estamos expulsados somos los que en 2011 luchamos contra el grupo económico que quería comprar la universidad; y de alguna u otra manera permitimos que las autoridades que hoy día están en el poder, llegaran allí. Y es por eso mismo que nosotros, quienes representamos los valores de la universidad, hacemos un llamado al rector a que haga las reflexiones pertinentes, en el fondo que no haga distinciones arbitrarias en una sanción que es absolutamente general, porque tanto la denuncia como las pruebas y la sanción no particulariza en ninguna persona y no pueden establecer responsabilidades de ningún tipo en particular y el llamado es a que el rector dé un fin razonable a esto», planteó Ortiz.
En tanto, la presidenta de la FEUC, Nashla Aburman, sostuvo que «estamos hablando de 37 alumnos expulsados, pero también estamos hablando de 37 familias que tienen depositados los sueños y las expectativas de esos alumnos. No puede ser que se reprima a un movimiento estudiantil como hace 40 años, un movimiento que quiere avanzar».
«No podemos -añadió- seguir solucionando los conflictos como si nosotros no hubiésemos cambiado; si queremos avanzar en cambiar la situación de nuestro país no sólo en educación, sino de cómo nos reconocemos y además en una institución educativa, no podemos seguir tomando estas decisiones, avanzando de esta manera y tan injusta porque como dijeron los estudiantes de la UCEN no hay fundamento ni pruebas de lo ocurrido; había más personas en ese momento (de la toma), estamos hablando de un castigo a personas que encontró Carabineros en ese momento, y por lo tanto, es completamente ilógico que una medida pueda seguir avanzando cuando todos los pasos que han dado son en falso».
«Por lo mismo, pedimos, como representantes del movimiento estudiantil, seriedad en solucionar un conflicto. El conflicto aquí no son los 200 millones de pesos de pérdidas, sino, la manera en que se está actuando para reprimir las manifestaciones de los alumnos que quieren avanzar por construir una mejor universidad», argumentó Nashla Aburman.
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