En un principio la ministra Romy Schmidt señaló que evaluaban la presentación de una querella, atribuyendo los hechos a meras “coincidencias” y declinó anunciar una investigación interna. Pero esa fórmula no fue bien acogida en Palacio, donde vieron con preocupación que la Contraloría iniciara una investigación propia.
El jueves pasado, luego de la publicación hecha por El Mostrador que vinculaba la impresión de unos calendarios por orden del ministerio de Bienes Nacionales con otros del candidato a senador Ricardo Lagos Weber, la cartera de Romy Schmidt definió un único discurso público: todo era una “coincidencia”.
Ese día, este medio se contactó con la ministra y se le explicó que existían nuevos antecedentes: su jefe de gabinete, el PPD Pablo Mecklenburg, era miembro y uno de los creadores de la organización Ciudadanos por Viña, que se adjudicó la impresión de los calendarios del candidato por la V Región Costa.
Frente a ello, Schmidt señaló que “El Mostrador ha hecho imputaciones falsas, maliciosas, en base sólo a lo que llama coincidencias. No hay pruebas. Pusimos a disposición toda la documentación para que la revisara, no quiso hacerlo antes de publicar, y están a disposición de quien quiera verla. Bienes Nacionales se reserva el derecho de estudiar e iniciar acciones legales contra el medio”. Cuando se le preguntó si planeaban iniciar una investigación interna sobre lo sucedido, declinó responder.
Mala evaluación desde La Moneda
El discurso cambió sustancialmente al día siguiente. El viernes en la mañana, en una entrevista a Radio Duna, Schmidt explicó que no acudiría a tribunales. Más tarde y a través de un comunicado de prensa, la secretaria de Estado anunció que había dado la instrucción para que se iniciara una investigación sumaria que, según una resolución emanada de la División Jurídica del ministerio busca “establecer posibles responsabilidades administrativas que le pudieran caber a funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales en los hechos señalados en el Oficio Reservado, GABM Nº2, de 27 de noviembre de 2009, de la ministra de Bienes Nacionales”.
Para ello, se designó a la fiscal María Del Pilar Vives Dibarrart, Jefa de la División Jurídica.
Pero ¿por qué el cambio de discurso? Según fuentes cercanas a La Moneda, desde Palacio se evaluó negativamente que no se considerara la realización de una investigación interna, pues se dejaba abierta la puerta a que la Contraloría General de la República tomara cartas en el asunto. Panorama complejo, ya que se recordó la experiencia del caso del SIDA en Iquique, donde la Contraloría decidió intervenir y hacerse cargo del sumario que el Hospital de Iquique tuvo detenido por dos meses, lo que impulsó la salida de la entonces ministra de Salud, María Soledad Barría. También se tomó en cuenta que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había prestado oídos a la historia. Por ello, el jueves en la tarde llegó la orden a Bienes Nacionales de que cambiara de postura, haciéndose cargo de investigar internamente.
