El combate que libra Argentina desde hace 12 años por deshacerse de su crisis financiera de 2001 está en manos de jueces estadounidenses que atacaron su “continua falta de consideración” hacia los derechos de los acreedores y se negaron a anular fallos de tribunales inferiores según los cuales el país debía pagar miles de millones de dólares en deuda que no honró cuando se desplomó su economía.
Argentina sostiene que aplicar dichos fallos podría exponer al país a reclamos por más de US$43.000 millones que no puede pagar, lo cual probablemente generaría otra debacle. Los inversores en la deuda no honrada replicaron que si el país quiere pagar a los tenedores de bonos reestructurados luego de su colapso en 2011 –los llamados bonos canjeados- también debe pagarles a ellos. Hasta ahora, la justicia estadounidense estuvo de acuerdo.
Este miércoles, una comisión integrada por tres jueces de la Corte de Apelaciones estadounidense en Nueva York, escuchará los argumentos de ambas partes, abordando algunas cuestiones como preámbulo a un dictamen que podría constituir la última palabra, dado que una audiencia ante la Corte Suprema estadounidense sería poco probable, dijeron expertos legales. Simultáneamente, Argentina está solicitando una infrecuente revisión de resoluciones anteriores de ese mismo tribunal de apelación por las que estableció que debe tratar a los bonistas de deuda impaga de la misma manera que a los que aceptaron el acuerdo de canje.
Argentina tal vez deba afrontar una dura lucha. El juez de distrito estadounidense Thomas Griesa en Nueva York ha presidido este pleito durante un decenio. Si bien falló con frecuencia a favor de Argentina, el año pasado citó la “intención (del país) de cuestionar cualquier sentencia de pago emitida por este tribunal”. En los cuestionamientos a las resoluciones de Griesa, la Corte de apelaciones criticó a Argentina por ignorar los derechos de sus acreedores y la autoridad de la justicia estadounidense.
Fondos de cobertura
En la audiencia del 27 de febrero, un grupo de inversores en la deuda impaga, encabezado por NML Capital Ltd. de Elliott Management Corp., que está a cargo del multimillonario gerente de fondos de cobertura Paul Singer, y Aurelius Capital Management, intentarán ratificar las resoluciones que podrían obligar a Argentina a pagarles US$1.300 millones en capital e intereses. Argentina afirma que un dictamen a favor de los bonistas violaría sus derechos como nación soberana.
La cesación de pagos del país en 2001 por un récord de deuda de US$95.000 millones se produjo a raíz de un déficit presupuestario cada vez más grande y tres años seguidos de contracción económica. La crisis provocó una agitación en el país que dejó más de dos docenas de muertos.
Los bonos que están en discusión en la apelación fueron vendidos a comienzos de 1994. Algunos demandantes individuales, incluidos centenares de jubilados italianos, tienen los bonos desde una época anterior a la cesación de pagos. Algunos de los fondos de cobertura compraron los bonos como deuda en problemas recién en 2010.
En 2005 y 2010, Argentina ofreció un acuerdo a los tenedores de bonos impagos que permitía a los inversores cambiarlos por nuevos bonos canjeados, como se los llama, con un descuento de hasta 75 por ciento. Participó más del 91 por ciento de la deuda impaga.
Argentina es apoyada en la apelación por Fintech Advisory Inc., que tiene bonos canjeados. También apoyan la causa del país Bank of New York Mellon, Clearing House Association LLC, Euroclear Bank SA y la American Bankers Association.
