¿Qué pasó en Uruguay?
Para algunos es la piedra de tope, una especie de trampa para que a las mujeres que necesiten o deseen interrumpir su embarazo en alguna de las 3 causales no puedan lograrlo, especialmente aquellas que sean más vulnerables y que viven alejadas de la capital. la experiencia uruguaya, así lo muestra.
Es lunes en la tarde. Un grupo de unas 300 mujeres se reúne fuera del Ministerio de Salud para reclamar porque se aprobó la entrega de recursos del Estado para las instituciones objetoras de conciencia, lo que para el mundo civil que peleó por la aprobación de la Ley de Aborto en 3 Causales, pone en riesgo el espíritu de la norma vigente.
«Pasamos de una excepción que tenía la ley incorporada por el Tribunal Constitucional a algo normal dentro de la norma. Es decir, todas las clínicas que quieran hacer objeción de conciencia lo van a poder hacer y van a seguir recibiendo recursos públicos», dijo la diputada Karol Cariola, entre muchas otras voces.
Mientras eso sucedía en calle Mac Iver, en el Cerro San Cristóbal, específicamente en el Anfitreatro Pablo Neruda, el ministro Emilio Santelices abandona el evento de la Fundación Todo Mejora, que se preocupa de la salud mental de niñas, niños y adolescentes LGBTI+, y es abordado por El Mostrador Braga:
– Ministro, ¿qué le podría decir a las mujeres que en este momento protestan fuera del Ministerio de Salud por la ampliación del protocolo de objeción de conciencia y que temen que este sea un cortapisas para aplicar la interrupción voluntaria del embarazo?
– Les diría que tengan confianza, que lo que nosotros hemos reiterado es que los derechos expresados en la ley de aborto en tres causales, como también el reglamento, están absolutamente garantizados y estamos ocupados en que se implementen de la mejor manera para cuidar a esas mujeres, y que lo que nosotros modificamos en el protocolo es precisamente una corrección de un error cometido en la administración anterior, que generaba un espacio de incertidumbre para muchas otras mujeres que en algún momento también pudieran requerir de alguna atención, particularmente en condiciones vulnerables y en situaciones de urgencia obstétrica, en donde se podría poner en riesgo la vida de esa madre y de sus niños. De tal modo, que nada más que invitarlas a estar muy tranquilas, porque el ánimo de nuestro gobierno y del ministerio no es bloquear la ley, sino precisamente lo contrario, es darle seguridades, tranquilidad y garantías de que cumplimos y vamos más allá, nos preocupamos de las mujeres para que estén cuidadas y seguras en las condiciones cuando más lo requieren, que es en situaciones de dolor, de abandono y muchas veces de temor.
– Señor ministro, usted sabe que…
En ese momento, aparece el asesor de prensa de Emilio Santelices, y el encargado de la cartera de salud abandona el cerro.
República Oriental del Uruguay: las dificultades que ha generado a objeción de conciencia
En Uruguay, la Ley No 18.987 de Interrupción Voluntaria Embarazo (IVE) ampara a las mujeres que quieren terminar con un embarazo no deseado, cualquiera sea el motivo. Fue aprobada por el parlamento uruguayo en octubre de 2012, durante el mandato del ex presidente José Mujica (2010-2015).
Si bien la legislación fue muy discutida y causó polémica en lo político y social, posicionó a Uruguay en la vanguardia de los derechos humanos, junto con la legalización de la marihuana y del matrimonio igualitario. De hecho, se convirtió en el primer país de Sudamérica en legalizar el aborto, y el cuarto en América Latina, después de Cuba, Guyana y Puerto Rico.
Los objetivos de la ley IVE son garantizar el pleno acceso de las mujeres a un aborto seguro, reducir la mortalidad materna y combatir el aborto clandestino. La ley es de observancia para el sector público y privado. Cualquier mujer puede solicitar la interrupción dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, hasta las 14 en caso de violación, y sin fecha límite por riesgos de salud o anomalías fetales.
Los pasos para completar la IVE son cuatro: IVE 1, consulta con un médico o enfermera. IVE 2, asesoramiento con un grupo interdisciplinario conformado por ginecólogo/a, trabajador/a social, y psicólogo/; a partir de ahí corren cinco días de reflexión para la mujer, donde ratificará o no su decisión de abortar. IVE 3, el ginecólogo/a receta el medicamento (mifepristona y misoprostol). E IVE 4, control postaborto para verificar si se expulsó correctamente el feto.
Sin embargo, para algunos profesionales la práctica va en contra de sus principios e intereses. Un mes después de aprobada la ley, en noviembre de 2012, el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay emitió un decreto reglamentario que aseguraba la confidencialidad del procedimiento y el respeto a la voluntad de la mujer. Pero en julio de 2013, una demanda de nulidad contra el decreto, encabezada por Justo Alonso y Washington Lauría —responsables de dos de las tres Cátedras de Ginecotocología de la Universidad de la República—, cambió el panorama legal.
Los ginecólogos denunciaron que el decreto restringía el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud, porque los obligaba a participar de todos pasos de la IVE y solo podían excluirse del tercero. Es decir: era una objeción a medias. En agosto de 2015, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay falló a su favor, anulando siete de los 11 artículos impugnados. A partir de ese momento, todos los ginecólogos de Uruguay pueden objetar conciencia para todos los pasos del procedimiento de la IVE. ¿Le parece una historia conocida?
Según cálculos del MSP que aparecen en un reportaje del diario La Nación, para el 2013, el 30 por ciento de los ginecólogos uruguayos declararon objeción de conciencia, unos 200 en un total de 700. Pero las estimaciones oficiales no son el único dato, el Observatorio de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), relevó que los porcentajes del litoral oeste de Uruguay son notoriamente mayores. Departamentos como Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, cuentan con más de un 50 por ciento de ginecólogos objetores y, algunas de sus ciudades, hasta del cien por ciento.
Eso es lo que pasa en Mercedes, en el departamento de Soriano, que se distingue por sus gobiernos de derecha, sus casonas antiguas y una estrecha relación con la Iglesia Católica. Mercedes tiene 41,974 habitantes y descansa sobre el Río Negro que corre lento, distinto a la realidad de la enfermera Yanela Tórtore, quien atiende en la policlínica de ginecología de su hospital público y recibe las dudas y planteos de decenas de mujeres por día.
Tórtore está encargada de aconsejar a las usuarias y coordinar los diferentes pasos del servicio IVE en dicha policlínica. Aunque los cinco ginecólogos de la ciudad se abstienen de practicar solamente el tercer paso, es decir, el de recetar la medicación para abortar, para Tórtore el sistema «funciona muy bien». Los médicos se abstienen, pero no tanto. Para ese único paso, las mujeres de Mercedes deben viajar 36 kilómetros a la ciudad de Dolores —donde atienden ginecólogos no objetores—, o 35 kilómetros hasta Fray Bentos (capital del departamento de Río Negro). Eso sí: el Hospital les paga transporte a la otra ciudad.
La enfermera Tórtore reconoce que hace buena parte del trabajo de la policlínica —le saca sangre a las usuarias para los exámenes aunque no sea su tarea—, y le da tranquilidad a las mujeres sobre el procedimiento, sobre todo a las «adolescentes primigestas». Allí la confidencialidad es sumamente importante. Desde que se aprobó la ley, la enfermera ha acompañado la realización de 300 abortos.
Y aunque para Tórtore, que los ginecólogos de Mercedes objeten conciencia no es un obstáculo para las mujeres, porque ella les consigue «turnos en Dolores en una semana», para otras ginecólogas, como Carolina Dorner, no es tan simple, según ella explicó a La Nación: «Se pierde el hilo de la paciente” cuando viaja a otra ciudad para la medicación.
Aún más grave, según Dorner, es que ha habido casos puntuales en el hospital público, en los que a las usuarias la medicación no les hizo efecto, es decir, después de la ingesta siguen con el feto vivo. Por ello, tienen que volver a ver al equipo que las trató en Dolores o Fray Bentos para una segunda aplicación. «Los llamás [a los médicos de otras ciudades] y te dicen que no, que ellos otra vez no las atienden. Si haces la IVE, tenés que hacerla toda, si no, no la hagas. Después nos recriminan a nosotros [los ginecólogos de Mercedes], pero no tenemos la culpa», denunció la doctora en el reportaje.
De igual forma, Dorner critica a sus colegas que aceptan realizar el IVE 3 pero no un aborto quirúrgico si la situación se complica. En algunos casos, cuando las usuarias han llegado al límite de las 12 semanas, son enviadas a un hospital de Montevideo (a 278 kilómetros) para ser asistidas de urgencia con una operación quirúrgica. Para Dorner, la situación genera mucha «confusión y angustia» en las mujeres. Lo interesante es que Dorner es una ginecóloga que objeta conciencia y se define católica.
Una mujer de 43 que se realizó un aborto en Mercedes en enero de 2016 quedó satisfecha en general con el procedimiento, sin embargo, lo único que no le gustó fue que el ginecólogo que le recetó el medicamento, «no tuvo un trato cordial», según dijo.
Sgún MYSU, se ha contabilizado un total de 20,000 abortos legales en los tres años de vigencia de la ley. La brecha tan amplia entre los abortos previos a la IVE y los legales plantea la duda: ¿el sistema clandestino sigue funcionando? Tanto Abracinskas como Tórtore, están seguras que la respuesta es afirmativa.
Sin ir más lejos, recientemente falleció en Maldonado una joven de 21 años tras realizarse un aborto clandestino. Se presume que quedó por fuera de la ley porque su embarazo se pasó de las 12 semanas. Esta sería la segunda muerte materna registrada por aborto clandestino, desde la aprobación de la ley.
Pero para un Estado orgullosamente laico, la lista de incongruencias es larga: el aborto sigue apareciendo como delito, según el artículo 325 del Código Penal. Es decir, el aborto es una violación a la ley si se realiza fuera de la norma IVE y del sistema de salud, situación que perpetúa confusión y discriminación sobre la práctica.
La pregunta es, si eso pasó en Uruguay, un país en que el aborto está despenalizado a voluntad de la mujer, sin necesidad de una de las 3 causales, ¿qué sucederá en Chile con la puesta en práctica de la ley? Por ahora la respuesta son 111 abortos entre septiembre de 2017, cuando se promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, hasta el 22 de marzo, cuando se registraron 123 casos en los que se invocó el aborto.
Según informó La Tercera, los datos entregados por el Ministerio de Salud revelaron que del total de las intervenciones que se realizaron en el sector público, 50 corresponden a la primera causal de peligro de la madre, 35 por inviabilidad fetal y 26 por violación.
Asimismo, hubo 12 mujeres que invocaron la ley y que decidieron continuar su embarazo, donde una de ellas lo había hecho por agresión sexual, tres por riegos de vida y ocho porque el feto no podría sobrevivir.
La información fue entregada por el Minsal a través de la Ley de Transparencia.
