BRAGA
Agencia Uno
“Los exámenes de ADN son una prueba muy importante para poder acreditar la autoría de las violaciones de las que fueron víctimas estas mujeres y niñas en Haití”, dijo la diputada RD Natalia Castillo a El Mostrador. En tanto, el ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que, por el momento, no se conocen antecedentes concretos ya que no existirían denuncias formales. “¿Cómo investigo algo si no tengo antecedentes?”, sostuvo.
Durante la jornada de ayer, Susan Bartles, investigadora de Queen’s University en Canada y una de las autoras del estudio que reveló que militares de Chile estarían involucrados en casos de abusos sexuales en Haití, aclaró en Radio BioBío que se trataría de 21 bebés o “niños de la paz” los vinculados a efectivos chilenos.
En ese contexto, parlamentarios de oposición anunciaron esta mañana que solicitarán que se practiquen exámenes de ADN a los militares que viajaron a la isla caribeña, para comprobar el parentesco con aquellas niñas y niños que han sido bautizados como “petit minustah” o “niños de la paz”, así como “bebés casques bleus” (bebés cascos azules).
El Gobierno descartó manejar antecedentes los militares involucrados, sin embargo, la ministra vocera Karla Rubilar aseguró que están comprometidos con la investigación que llevará a cabo una comisión especial de la Cámara de Diputados.
“Los exámenes de ADN son una prueba muy importante para poder acreditar la autoría de las violaciones de las que fueron víctimas estas mujeres y niñas en Haití”, dijo a El Mostrador, la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo. La abogada además agregó que en caso de que el examen acredite efectivamente la paternidad, los implicados tendrán que “cumplir con las obligaciones que tengan para con esos niños y niñas”.
En tanto, el diputado RD Jorge Brito, quien preside la Comisión de Defensa, acusó un rol pasivo del Ministerio de Defensa para esclarecer la denuncia. En ese sentido, confirmó que oficiará a la Cancillería para obtener todos los antecedentes relacionados con denuncias presentadas ante la embajada chilena en Haití.
En tanto, en conversación con Radio Bío Bío, el ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que “cuando nosotros recibimos esa información (que existirían militares chilenos involucrados), que fue el 18 de diciembre, tomamos de inmediato medidas concretas”.
“Hasta ahora no tenemos ningún antecedente concreto de nada (…) Salvo lo que se ha señalado que hay casos, según dice el informe, que vincularía a personal no sé sabe si civil o militar que habría cometido estos hechos horrorosos, pero no tenemos denuncias formales”, añadió. “¿Cómo investigo algo si no tengo antecedentes?”, lamentó.
Chile mantuvo tropas en Haití durante 13 años, entre 2004 y 2017, lo que se traduce en 12.305 efectivos de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. El gasto total fue de 177 millones de dólares. Respecto a las denuncias por abuso sexual, el ministro Espina explicó que, en esos 13 años, solo se recibió una denuncia. Además, calificó estos sucesos como un hecho «extremadamente grave».
Cuando el medio internacional The Conversation reveló el estudio de Susan Bartles, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo (PS), anunció la última semana de diciembre 2019 la creación de una comisión investigadora para esclarecer la participación de los militares chilenos en los abusos con consecuencia de embarazos denunciados por el estudio.
Sin embargo, durante la jornada del 7 de enero, la creación de la comisión había sido rechazada por falta de quórum, ya que contó solo con 55 votos a favor y se requerían 62 para su aprobación. Esto generó muchas críticas e indignación en redes sociales, ya que el fracaso de la iniciativa fue consecuencia de la poca asistencia de los parlamentarios para la votación.
La presión ciudadana y mediática logró que durante la misma tarde del martes siete, la votación fuera repetida antes del comienzo de la sesión especial de interpelación a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.
Finalmente la iniciativa fue aprobada con 83 votos, 30 abstenciones y el rechazo de 3 diputados: los UDI Gustavo Sanhueza, Osvaldo Urrutia y Gastón Von Mühlenbrock.
Este caso remeció a Latinoamérica y al mundo debido a que las víctimas detallaron que los soldados ofrecían dinero, agua o comida a mujeres y niñas sin importar si eran menores de edad, a cambio de relaciones sexuales. Fue de esta manera que se produjeron 265 embarazos.
