BRAGA
Crédito: EFE
El precario acceso al aborto que ya sufrían las mujeres en Latinoamérica ha empeorado con la llegada de la pandemia de la COVID-19, que ha sido utilizada como excusa para limitarlo y darle menos valor que al resto de servicios sanitarios debido a su relación con la libertad sexual y con los conceptos machistas y patriarcales tan arraigados en la mayoría de los países latinoamericanos.
El precario acceso al aborto que ya sufrían las mujeres en Latinoamérica ha empeorado con la llegada de la pandemia de la COVID-19, que ha sido utilizada como excusa para limitarlo y darle menos valor que al resto de servicios sanitarios debido a su relación con la libertad sexual y con los conceptos machistas y patriarcales tan arraigados en la mayoría de los países latinoamericanos.
Así lo han puesto de relieve cuatro de las investigadoras que forman parte del Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI) que han participado en el debate sobre salud sexual y reproductiva en la región organizado bajo el nombre ‘Menos trabas, más acceso al aborto en América Latina’.
“En general el acceso a los servicios de salud ha empeorado. Además, a la salud sexual y reproductiva se le da un valor menor porque tiene que ver con la libertad sexual, con rebatir todos los conceptos machistas y patriarcales que existen y, pese a que se pidió que estos servicios fueran considerados esenciales durante la pandemia, en muchos países las mujeres no pudieron acceder a anticonceptivos ni mucho menos a abortos seguros”, explica a Efeminista la colombiana Laura Gil, de la Fundación ESAR.
Gil, junto a la argentina Agustina Ramón (CEDES), la peruana Rossina Guerrero (Promsex) y la ecuatoriana Ana Vera (Surkuna), fueron parte del webinar ‘Menos trabas, más acceso al aborto en América Latina’, en donde compartieron experiencias concretas de sus países, en cuanto a la situación y la calidad de la implementación de medidas para la interrupción legal del embarazo durante la pandemia.
Las especialistas coinciden en que, pese a que en muchos países de la región, como Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, existe una despenalización parcial del aborto, la falta de implementación de estas leyes impide que la mayoría de las mujeres puedan acceder al servicio.
“En varios países de Latinoamérica estas excepciones son amplias en el papel, por ejemplo cuando existe la despenalización por el riesgo para la vida o para la salud. Esto cubriría la gran mayoría de los abortos que se necesitan, sin embargo, esta no es la realidad”, asegura Gil, ginecóloga y directora de ESAR.
Agustina Ramón, académica de la Universidad de Palermo, dice que otro de los principales problemas es que en muchos de estos países “no hubo ningún esfuerzo por querer facilitar el acceso a esta práctica”.
“Perú, por ejemplo, tiene un protocolo que exige que el aborto se haga en el hospital, en el segundo nivel de atención. Lo que supone, en primer lugar, poner un requisito innecesario, pero más ahora que en este contexto, cuando muchos hospitales están recibiendo pacientes por coronavirus”, precisa a Efeminista. En Argentina, cuenta, sí se favoreció el acceso de las mujeres a interrumpir su embarazo de forma legal en los centros de salud de primer nivel.
En países de Centroamérica, en cambio, el aborto está totalmente penalizado. Honduras, Nicaragua y República Dominicana son algunos de esos países. “En estos lugares obviamente la situación es peor, la estigmatización es mayor y la mujer corre el peligro de ir a la cárcel. En El Salvador existen muchos casos de mujeres que habiendo sufrido un aborto espontáneo terminan en prisión porque las personas que la atienden creen que puede ser un aborto inducido y las acusan de homicidio”, recuerda Laura Gil.
Precisamente en El Salvador, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas pidió hace unos meses la liberación y reparación, sin dilación, de cuatro mujeres criminalizadas por sufrir emergencias obstétricas, al considerar sus detenciones como arbitrarias, según información del Centro de Derechos Reproductivos.
El acceso al aborto legal se vio “grandemente afectado” en la mayoría de países de América Latina con la llegada de la pandemia, no solo por la falta de priorización de estos servicios, sino porque, en muchos de los casos, el confinamiento impidió que las mujeres pudiesen viajar a las grandes ciudades.
“Muchas mujeres también dejaron de recibir anticonceptivos, y no pudieron ir a atención médica porque estaban aisladas u ocupadas en labores de cuidado de niños, personas adultas o enfermas”, precisa Gil.
Además, la especialista colombiana asegura que las personas que estén en contra del aborto encontraron en la pandemia “una excusa para no atender”. “Cuando el aborto es un servicio tan restringido por las posiciones personales y la cultura, cualquier excusa es buena para poner barreras. A muchas mujeres se les dijo que no podían ser atendidas si no era una urgencia que pusiera en riesgo su vida”.
Ana Vera, directora de Surkuna, afirma que en Ecuador “un 47 % de las mujeres que han querido acceder a los servicios de salud sexual y reproductivos han tenido obstáculos”, porcentaje que aumenta al 75 cuando se trata de mujeres con complicaciones obstétricas a las que no han podido atender.
Si los obstáculos para las mujeres crecen cada día, la situación empeora aún más cuando se trata de adolescentes y niñas que son violadas en el marco del confinamiento y quedan embarazadas. “En muchos hospitales están naturalizando los embarazos de niñas, pocos intentan hacer consejerías para identificar que es producto de un abuso sexual y por ende no le dan la información de que tiene derecho también a interrumpir ese embarazo”, asegura Agustina Ramón.
El Consorcio contra el aborto inseguro, afirma, está recabando datos de mortalidad y morbilidad por abortos inseguros.
En América Latina queda mucho camino por recorrer respecto al acceso al aborto, aseguran las especialistas. Para lograrlo, afirman, los estados deben comprometerse a cumplir, por ejemplo, con los tratados internacionales que incluyen los derechos sexuales y reproductivos como un derecho fundamental.
“Sin embargo, y pese a que muchos estados son laicos, priman intereses políticos y religiosos que hacen difícil esta despenalización, porque es un tema en el que nadie quiere involucrarse. A pesar de que sean claras las cifras de afectación de salud y la vida de las mujeres por abortos inseguros, nadie quiere vincularse con este problema porque pierde popularidad y pierde votos. Claramente ir en contra del sistema patriarcal tiene unas implicaciones políticas que pocos estados están dispuestos a asumir”, agrega Laura Gil.
Agustina Ramón, de Argentina, también cree que hay que enfatizar en la dimensión del derecho al aborto, más que la dimensión criminal. “En la mayoría de nuestros países hay casos de abortos permitido, tenemos que hablar de esos casos en lenguaje de derechos y obligaciones. Esto se tiene que hablar también en las facultades de medicina”.
La investigadora sostiene además que es necesario que se realicen campañas de difusión sobre los abortos que están permitidos. “Que son el derecho de los mujeres, para que vayan a los servicios de salud y los reclamen como derechos”.
Pero por sobre todo, añade, se debe abrir una conversación regional sobre la penalización del aborto y los daños que genera. “Los daños en la salud y vida de las mujeres, los costos para el sistema de salud y su ineficacia. No es que la penalización hace que las mujeres aborten menos, sino que hace que las mujeres aborten en condiciones de inseguridad”.
