Yo opino
Créditos: Nicolás Le-Blanc / Agencia Uno
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha reconocido que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.
Esta violencia específica se agrava por la presencia de factores de discriminación, como la clase o la etnia y en las mujeres que pertenecen a grupos sociales insertos en una vulnerabilidad mayor producto de la división sexual del trabajo (mayor pobreza feminizada, desocupación formal por cuidados, entre otros).
Esta lamentable realidad social ni siquiera ha podido disminuirse debido a la visión fragmentada de las políticas del Estado, que se expresan en el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
[cita tipo=»destaque»] Nuestro nuevo gobierno electo tendrá la titánica labor de incorporar la perspectiva de género y feminista en cada una de las reflexiones y directrices en el Estado. [/cita]
La violencia contra las mujeres es un problema estructural que cruza todas las áreas de nuestra vida (familia, educación, trabajo remunerado y no remunerado, salud, pensiones, etc). Pese a ello, históricamente nos encontramos con ausencia de leyes integrales para abordarla en la vida material de las mujeres, pues esta no se puede dividir en compartimentos porque no se es madre medio día, después lesbiana y al otro día pobre, por ejemplo, siendo toda esa complejidad a la vez, las 24 horas de los 7 días de la semana.
Actualmente, tenemos políticas estatales inconexas, sin coherencia orgánica e incluso antagónicas, donde la mayor falencia es la prevención, alimentando muchas de ellas solo la sanción, el punitivismo social e incluso endureciendo los roles y estereotipos de género.
Producto de las políticas desarticuladas, se generan respuestas estatales insuficientes y hasta contradictorias para las mujeres, las cuales se ven obligadas a asistir a múltiples dependencias y a relatar reiteradamente sus testimonios, quedando incluso muchas de las experiencias de violencia fuera de cobertura institucional.
Esto agudiza los efectos traumatizantes de la violencia, constituyendo un nuevo agravio que es la victimización secundaria por parte de las instituciones, es decir, un nuevo ejercicio de violencia en contra de aquellas víctimas pero esta vez proveniente del propio Estado.
La fragmentación, impide analizar la violencia integralmente, valorar su gravedad y hasta quienes involucra, por ejemplo, hijos e hijas en común con el agresor. A la vez, dicha fragmentación obliga a duplicar los esfuerzos generando una inadecuada utilización de los recursos fiscales.
La Convención de Belém do Pará refiere que “no basta sólo con transmitir el contenido normativo sino fundamentalmente proporcionar las herramientas que
permitan visualizar las desigualdades estructurales de las mujeres, de modo de generar una práctica transformadora” es decir, avanzar en la superación de políticas asistencialistas a las mujeres y adquirir políticas feministas.
El Estado chileno ha asumido obligaciones internacionales a través de las cuales se compromete a prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violencia contra las mujeres, lo cual será conseguido mediante políticas públicas que sean implementadas en conjunto y de manera coordinada. De ahí, que nuestro nuevo gobierno electo tendrá la titánica labor de incorporar la perspectiva de género y feminista en cada una de las reflexiones y directrices en el Estado, debiendo con ello además -todo el gabinete- asumir la tarea de interpelarse e implementar dicho paradigma.
