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Chile vota si aprueba o rechaza una de las constituciones más feministas del mundo BRAGA Créditos: EFE/ Ailen Diaz

Chile vota si aprueba o rechaza una de las constituciones más feministas del mundo

Actualmente, la prohibición de la discriminación por sexo o género está presente, por ejemplo, en Alemania, Egipto, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.


En menos de dos décadas, Chile ha pasado de ser uno de los países más conservadores de la región, con el divorcio y cualquier tipo de aborto siempre prohibidos, a escribir una de las propuestas más feministas del mundo, un texto que pivota sobre la igualdad de género y que se plebiscitará.

La paridad en las instituciones, la interrupción voluntaria del embarazo y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados son algunos de los aspectos más vanguardistas, junto al reconocimiento a una vida libre de violencia machista o la implantación de sistemas de salud y Justicia con perspectiva de género.

«El feminismo en este texto no es un simple artículo dentro de un capítulo, es una perspectiva que lo atraviesa todo y que articula un entramado normativo que pone la vida de las mujeres, las niñas y las disidencias en el centro», explica a Efe la exconstituyente y portavoz de la Coordinadora Feminista 8M, Alondra Carrillo.

Carillo formó parte de la convención de 155 miembros elegidos democráticamente que durante un año redactó el texto, un órgano que rompió moldes al ser el primero del mundo integrado por igual número de hombres y mujeres.

Para Tomás Jordán, abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, la propuesta muestra que «órganos colegiados paritarios dan resultados paritarios», ya que al menos 36 de los 388 artículos hablan de feminismo, según un recuento de ONU Mujeres. La coordinadora de la agencia en Chile, María Inés Salamanca, señala que la prohibición de la discriminación por sexo o género está presente, por ejemplo, en Alemania, Egipto, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.

Mientras que Nepal, Túnez, Ecuador y Bolivia incluyen, en tanto, mandatos para el desarrollo de políticas públicas contra la violencia machista.

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