BRAGA
“Quisiera hacer el llamado a respetar los derechos de los pacientes, reserva de sus diagnósticos y antecedentes de salud”, comentó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana sobre el caso de la seremi de la Mujer de Ñuble, quien fue denunciada por intentar abortar al interior de su inmueble. “Denunciamos violencia mediática: criminalización, revictimización y exposición de información sensible sobre la salud sexual y reproductiva de una mujer”, es parte de la declaración de la Coordinadora 8M.
Esta mañana en diversos medios de comunicación se publicó la noticia que la seremi de la Mujer de Ñuble habría intentado realizar un aborto, el cual fue denunciado por su pareja.
Recordemos que el aborto libre y seguro en Chile no es ley, y si no es bajo las tres causales (cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo, cuando el feto no tenga posibilidades de sobrevivir fuera del útero y/o cuando el embarazo sea producto de una violación), puede ser penalizado como delito. “Estamos atentas al curso judicial que tome esto”, enfatizó la ministra Orellana.
Tras la viralización de este caso en los medios de comunicación, El Mostrador Braga abordó la exposición a la que se ve expuesta la Seremi y la importancia de la perspectiva de género a la hora de abordar la situación.
En primer lugar, se debe considerar, tal como señalan desde Aprofa, que “es importante dejar en claro que los medios de comunicación deben respetar los derechos de las personas y en este caso, de la paciente (…) los y las periodistas deben ser conscientes de que, esto se trata de una denuncia y un supuesto aborto, por lo tanto se debe partir desde la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso legal que traiga consigo el caso”.
Por otra parte, desde la Asociación de ginecólogas feministas de Chile añaden que, “la vida sexual y reproductiva así como la información personal de una mujer ha sido expuesta de manera sensacionalista y maliciosa, faltando a toda ética periodística, violando además la ley de derechos y deberes de los pacientes, exponiendo sus antecedentes médicos”.
Comentan además que, “mientras a sospechosos e imputados por diferentes tipos de causas, incluyendo a violadores y femicidas, se les mantiene en el anonimato hasta no ser declarados culpables, en cambio a las mujeres se les juzga y condena social y públicamente, antes incluso de cualquier proceso”.
En este sentido, distintas organizaciones de salud y feministas expresaron su malestar por cómo se está tratando este tema.
“Hoy los medios de comunicación le hacen un favor a los sectores más conservadores en la criminalización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular al derecho al aborto, desde la autonomía de nuestros cuerpos y los procesos de atención en salud sexual”, opina la directora ejecutiva de Asomat, Katiuska Rojas.
Por su parte, desde la Coordinadora Feminista 8M, declararon:
“Denunciamos violencia mediática: criminalización, revictimización y exposición de información sensible sobre la salud sexual y reproductiva de una mujer.
Denunciamos la violencia mediática que se ha desplegado en esta jornada, en la que se ha difundido como cierta en todos los medios de prensa una denuncia por un delito que no debería existir.
El maltrato y la violencia hacia las mujeres y personas gestantes respecto a su salud sexual y reproductiva corresponde a una violación de los derechos humanos y pasa a llevar el principio de una atención de salud digna y respetuosa para todas las personas.
Hemos visto a los medios de comunicación divulgar sin pudor antecedentes personales y diagnósticos médicos privados, considerados sensibles de acuerdo a la ley Chilena (Ley 20584 de Derechos y Deberes del paciente), así como también difundir información imprecisa y falsa sobre el aborto, utilizando términos que desinforman e impactan sobre la opinión pública respecto a este derecho fundamental que nos es negado en este país.
Esta violencia simbólica y política, tan ampliamente difundida, provoca una profunda normalización de la vulneración de derechos hacia mujeres y disidencias. Que su pareja haya decidido denunciarla es también una manifestación brutal de violencia. Ante esto, declaramos a la compañera involucrada que estamos todas con ella, frente a la violencia patriarcal que enfrentamos día a día, sea que venga de quienes dicen amarnos, de los medios de prensa o del
Estado”.
También alzó la voz AML Defensa Mujeres:
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Finalmente, desde el Frente feminista Comunes, señalaron:
“Durante esta mañana se ha dado a conocer una supuesta interrupción de embarazo por parte de una mujer que a su vez ostenta un cargo público. No habiendo claridad alguna respecto a lo ocurrido, de la presunta provocación o espontaneidad del hecho, la prensa ha decidido exponer su identidad y situación clínica, vulnerando toda reserva e intimidad.
Tanto el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de nuestro país, como la ley 19.628, protegen la vida privada, honra y datos personales. Los medios de comunicación y las instituciones que han filtrado esta información incurren en la vulneración de un derecho constitucional, lo que es absolutamente condenable. Urge que las editoriales y el periodismo chileno tengan obligación ética respecto a estas situaciones, y el deber de dejar de exponer a las mujeres a situaciones de revictimización constante que significa para ellas el tratamiento inadecuado de estas noticias.
Además, condenamos tajantemente la violencia de su pareja, quien en un acto absolutamente repudiable criminalizó mediante la denuncia esta situación. El control sobre el cuerpo y vida de las mujeres, ha sido sustento de las peores expresiones de violencia de género, incluyendo el feminicidio y la criminalización social y penal del aborto”.
