BRAGA
Entre los años 2020 y 2023, fueron 32.539 las denuncias realizadas por presunta desaparición de niñas y mujeres: 30.209 casos recibió Carabineros de Chile (26.785 fueron resueltos) y 2.331 la Policía de Investigaciones (sin cifra de casos resueltos). En su mayoría, estos apuntan a menores de 18 años y de nacionalidad chilena. Ante la carencia de unificación de búsqueda, en octubre de 2022 se promulgó una ley para crear un sistema unificado, pero aún falta el reglamento.
Thiare Alejandra Elgueda Acuña (19) es una joven de piel morena y sus ojos, al igual que el pelo, son café oscuros. Mide entre un metro cincuenta y un metro cincuenta y cinco y tiene un tatuaje de un ave en el pecho y un escrito en el muslo derecho. El 2 de noviembre de 2020 fue vista por última vez en el sector Hacienda San Pedro de la comuna de Copiapó: familia, amistades y agrupaciones feministas no han parado de buscarla, pero –hasta la fecha– no hay mayores indicios de su paradero.
Sumando el caso de Thiare, son 32.539 denuncias por presunta desaparición de niñas y mujeres las que se realizaron entre 2020 y 2023. Según una solicitud de información realizada vía Transparencia por El Mostrador Braga, del total de casos, en su mayoría fueron registrados por Carabineros de Chile (30.209) –institución que reportó la resolución de 26.785 de ellos– y otra pequeña parte por la Policía de Investigaciones (2.331), que señaló no contar con la cifra de casos resueltos.
Si bien no es posible establecer tasas exactas por región, dadas las distintas formas de registrar la denuncia que tienen Carabineros y PDI –por ejemplo, la primera institución registra las denuncias distinguiendo entre Santiago Este u Oeste, y la segunda, como Región Metropolitana–, el mayor número de ellas radica en el territorio mencionado.
Asimismo, el mayor número de denuncias por presunta desaparición se refiere a menores de 18 años (el 62%) y el resto (38%) a mayores de edad. Respecto de la nacionalidad, más del 70% son chilenas y el resto venezolanas, bolivianas, colombianas, haitianas, ecuatorianas y peruanas.
En el caso de las mujeres de otras nacionalidades, el abordaje del problema puede ser más complejo. Esto, dado que la trata de personas con fines de explotación sexual y otros semejantes es un delito en el cual una cifra importante de las víctimas son mujeres migrantes, que suelen llegar engañadas al país, en búsqueda de mejores oportunidades laborales y de vida, o derechamente secuestradas por organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que suele plagiar a migrantes en Pisiga (Bolivia) para traerlas a Chile y someterlas a explotación sexual, como ha quedado en evidencia en distintas investigaciones. Según los últimos datos de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, entre 2011 y 2022, existió un total de 347 víctimas y el 59% de ellas fueron mujeres. Del total de las mismas, el 71% fue víctima de trata con fines de explotación sexual.
Para la responsable de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) de Chile, Erica Svriz, históricamente un gran porcentaje de las víctimas de trata –denunciadas como desaparecidas– está compuesto por mujeres migrantes, pero quienes figuran en las estadísticas es porque han denunciado, es decir, cuando el proceso ha sido iniciado a nivel de Ministerio Público.
Otra de las complejidades sobre estos casos la representan las mujeres migrantes en situación irregular, pues –según la investigadora– “lo que sucede con las mujeres indocumentadas es que no denuncian” y, por lo tanto, muchas veces no aparecen ni siquiera en las estadísticas.
Sobre estos casos, la jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup), Karen Hernández Aravena, detalló que ingresan como “personas en situación de vulnerabilidad”, donde están además niños, niñas y adolescentes (NNA), personas de tercera edad y mujeres en general, que se catalogan “de alto riesgo”.
Familias y amistades de niñas y mujeres desaparecidas, así como agrupaciones de búsqueda, apuntan a la lentitud de los procesos y la falta de integración en el desarrollo de la investigación por parte de las instituciones involucradas. Sobre este tema, desde el equipo de prensa de Carabineros compartieron las cifras solicitadas, pero precisaron no contar con vocería para responder preguntas.
En cambio, desde la PDI accedieron a responder, aunque no entregaron las cifras de los casos resueltos por no contar con la información solicitada, como ya está indicado. Al respecto, la jefa de la Briup señaló que “todas las denuncias por Presunta Desgracia se investigan desde que se toma conocimiento de la desaparición. Se realiza una serie de diligencias de análisis y aplicación de inteligencia policial en la investigación, que mejora la capacidad de respuesta inmediata ante los requerimientos”.
Además de explicar que la cantidad de denuncias se mantiene dentro de los mismos parámetros históricos tradicionales, Hernández sostuvo que, a partir de la promulgación de la Ley 21.500, que unifica los sistemas de búsqueda de personas perdidas, “se ha mejorado el estándar de respuesta en las primeras 24 y hasta las 48 horas luego de haber recibido la denuncia”.
“La eventual demora en algunos casos se relaciona con búsquedas en lugares de difícil acceso, con una geografía agreste o por falta de datos conducentes a establecer un lugar preciso donde se registró la desaparición”, agregó.
El 20 de octubre de 2022 se promulgó la Ley 21.500. Popularmente conocida como “Ley de extraviados”, el cuerpo legal se relaciona con los mecanismos de acceso a la información del sistema, la forma de tratamiento de sus datos y con cómo se realizará la categorización de riesgo de la persona desaparecida, además de cualquier otro aspecto necesario para la concreta implementación y funcionamiento del sistema.
Además, la norma deberá contar con un reglamento que la regule, el que debe ser expedido por el Ministerio del Interior y determinará una serie de elementos, como la información que se deberá incorporar al sistema y la forma en que se realizará el ingreso de los datos. Asimismo, indicará las entidades públicas o privadas que tendrán la calidad de organismos colaboradores y la forma en que aportarán información.
Sin embargo, ante el atraso en la dictación de dicho reglamento, pues el plazo para ello venció en abril, un grupo de diputadas y diputados del Partido Comunista (PC) pidió este jueves, por medio de una resolución, que la reglamentación se dicte a la brevedad. La solicitud fue firmada por Marisela Santibáñez, María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, Karol Cariola, Nathalie Castillo, Luis Alberto Cuello, Lorena Pizarro, Matías Ramírez y Carolina Tello, además de Ana María Gazmuri (PAH).
