Sobre la amenaza de derogación de ley IVE

En el marco de la discusión por las enmiendas presentadas por la bancada del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, su presidente, Arturo Squella, expresó el pasado domingo que, en caso de convertirse en mayoría en el Congreso, presentarían un proyecto para derogar la ley de aborto en tres causales. Si bien la posición del Partido Republicano no es sorprendente, sobre todo considerando que dos de sus diputados enviaron en octubre pasado un proyecto de ley que busca eliminar del Código Sanitario la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, sí constituye un recordatorio constante de que como mujeres no podemos dar nuestros derechos por garantizados. Basta con mirar los 24 estados en Estados Unidos, cuyos legisladores han prohibido, establecido restricciones o han iniciado acciones contra el aborto tras la anulación de la sentencia del caso de Roe v. Wade.

En este sentido, resulta importante que recordemos qué es lo que hemos ganado con la ley IVE, de manera tal que no retrocedamos sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Esto pese a que su implementación se ha visto obstaculizada, entre otros elementos, por el protocolo que regula la ejecución de la objeción de conciencia.

En primer lugar, como numerosas organizaciones feministas lo han expresado anteriormente, el aborto es un problema de salud pública, y su criminalización pone en riesgo la vida de miles de mujeres, especialmente de quienes pertenecen a sectores socioeconómicos más bajos. En 2015, antes de la promulgación de la ley 21.030, la Razón de Mortalidad Materna por 100.000 nacidos vivos era de 3,7, disminuyendo a 0,9 en 2018 (DEIS, 2023a). Si bien estas cifras no se pueden atribuir directamente a la ley IVE, ciertamente ésta contribuido a la disminución de tal cifra.

A lo anterior cabe agregar que desde 2018 se ha logrado salvar 1300 vidas gracias a la primera causal que permite la interrupción del embarazo cuando se encuentre en riesgo la vida de la madre (DEIS, 2023b). Estas cifras muestran como el aborto realizado bajo las condiciones adecuadas puede ser un procedimiento seguro, especialmente para aquellas mujeres que por su condición socioeconómica o de vulnerabilidad no pueden acceder a este tipo de procedimientos.

En segundo lugar, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo le ha dado la posibilidad a cientos de mujeres de no continuar con un embarazo inviable. De esta forma, parece un sinsentido e incluso una crueldad obligar a las mujeres a proseguir con un embarazo donde la posibilidad de dar a luz a un hijo o hija viva es extremadamente baja. En esta línea, un estudio realizado por Kamranpour et. al (2020) muestra que las mujeres experimentan pena y dolor tras enterarse de la inviabilidad fetal y de la necesidad de abortar. De esta manera, la existencia de profesionales con experiencia que puedan prestar atención continua y apoyo psicológico a las mujeres que pasan por una situación tan difícil como la relatada es fundamental para aliviar en algo el dolor causado por tal pérdida. En el marco de la ley IVE, 3361 mujeres han podido acceder a un acompañamiento psicosocial por parte de un equipo interdisciplinario de salud que las acoge ante situaciones de extrema complejidad como la anteriormente señalada (DEIS, 2023b; MINSAL, 2018).

En tercer lugar, la despenalización del aborto le ha permitido tanto a mujeres como adolescentes librarse de la carga que significa criar a un niño o niña que fue concebido sin su consentimiento, como resultado de una violación. Del total de mujeres y adolescentes que optan por la interrupción voluntaria de su embarazo aduciendo a la tercera causal, un 50% tiene menos de 23 años y un 25% menos de 16 años (DEIS, 2023b). Por lo tanto, derogar la ley IVE significaría obligar a mujeres y sobre todo adolescentes a continuar con el trauma que significa ser víctimas de una violación.

Chile no puede volver a formar parte del ínfimo grupo de países en los que realizarse un aborto sin importar la causa, signifique la criminalización de miles de mujeres y adolescentes. Si consideramos, además, que un 99% de los abortos realizados en Chile siguen siendo clandestinos pese a esta ley (ODEGI, 2021), deberíamos estar dando pasos en la dirección contraria: avanzando hacia una democracia sana, donde el aborto libre sea un derecho garantizado para todas. No podemos permitir que iniciativas como las planteadas por el Partido Republicano echen por tierra lo que hemos avanzado hasta la fecha en términos de derechos sexuales y reproductivos.

Fuentes:

DEIS. (2023a). Defunciones y Razón de Mortalidad Materna. https://informesdeis.minsal.cl/SASVisualAnalytics/?reportUri=%2Freports%2Freports%2F001a528a-9fa8-4853-97a7-dc00517e0de3&sectionIndex=1&sso_guest=true&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&sas-welcome=false

DEIS. (2023b). Reporte Ley 21.030. https://informesdeis.minsal.cl/SASVisualAnalytics/?reportUri=%2Freports%2Freports%2F382105c8-521f-4356-b1b8-6bad21ba8b08&sectionIndex=0&sso_guest=true&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&sas-welcome=false

Kamranpour, B., Noroozi, M., & Bahrami, M. (2020). Psychological experiences of women with pregnancy termination due to fetal anomalies: A qualitative study from the perspective of women, their spouses, and healthcare providers in Iran. Reproductive Health, 17, 109. https://doi.org/10.1186/s12978-020-00959-y

MINSAL. (2018). Orientaciones técnicas. Acompañamiento y acogida psicosocial en el marco de la Ley 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. MINSAL. https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/OT-Acompan%CC%83amiento-Psicosocial-IVE-Resoluci%C3%B3n-Exenta-401.pdf