BRAGA
Llama profundamente la atención el silencio y la omisión que rodea el tratamiento de las violencias hacia mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad. Escasa atención reciben las graves experiencias de violencia que atraviesan sus trayectorias vitales.
Cada 3 de diciembre se conmemora internacionalmente el Día de las Personas con Discapacidad, hito que surgió l año 1992 mediante resolución 47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día busca hacer eco de las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad y promover un llamado a la acción por sus derechos humanos, inclusión y vidas dignas de ser vividas.
En Chile, según datos del tercer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC), el 17,6% de la población chilena mayor de 18 años presenta algún tipo de discapacidad. De este porcentaje, 13,1% son hombres y 21,9% son mujeres (ENDISC, 2022). Esta diferencia porcentual revela la importancia de profundizar en las trayectorias vitales de las mujeres con discapacidad, en tanto han sido en su mayoría experiencias invisibilizadas en el debate político, público y social.
A este respecto, recientemente se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres. Llama profundamente la atención el silencio y la omisión que rodea el tratamiento de las violencias hacia mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad. Escasa atención reciben las graves experiencias de violencia que atraviesan sus trayectorias vitales.
Organizaciones chilenas como el Círculo Emancipador de Niñas y Mujeres con Discapacidad [CIMUNIDIS], la Asociación Nacional de Usuarios de Salud Mental [ANUSAM] y Corporación Humanas, activistas e investigadoras en discapacidad, se han hecho parte del desarrollo de informes sombra para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en diversos ámbitos, aunque especialmente, en los espacios de salud y educación vinculados a la salud sexual y reproductiva. Algunas de estas prácticas involucran torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como las esterilizaciones forzadas, la aplicación de electroshock o la violencia sexual ejercida en el marco institucional.
El estigma ha perpetuado en la sociedad una representación negativa de la discapacidad asociada a la incapacidad, infantilización, asexualidad o hipersexualización, desencadenando la excesiva medicalización, aplicación de tratamientos sin consentimiento, la anulación de sus deseos de maternidades elegidas o la falta de protocolos de asistencia y/o pertinencia de los acompañamientos de cara a los ajustes técnicos y razonables dispuestos en la Ley 20.422.
Todo ello ha impedido una experiencia de autonomía, libertad y respeto a sus elecciones de vida. Lo señalado apunta a un capacitismo institucional, que establece “patrones y mandatos normativos sobre los cuales se conducen formas de gobierno y subjetividad. A partir de esto se puede establecer qué cuerpos son legítimos y cuales son ilegítimos” (Pino-Morán y Rodríguez-Garrido, 2019, p.2).
En ese sentido, a raíz de la ilegitimidad de los cuerpos de las mujeres con discapacidad es que las prácticas institucionalizadas, estigmas y omisiones sobre sus subjetividades las condenan al sufrimiento psíquico-corporal en el continuo de su ciclo vital, reproductivo y no reproductivo. Este sufrimiento crónico no suele recibir tratamiento oportuno, ni mucho menos reparación por parte de las instituciones que debieran brindar protección, cuidados oportunos y con sensibilidad.
Frecuentes son las denuncias en entrevistas, investigaciones o encuentros de mujeres con discapacidad, y también de cuidadoras, testigos de experiencias de abuso, negligencia, abandono o malos tratos en las instituciones, las que rebotan en las paredes de la indolencia y el silencio.
A ello se añade la omisión de las violencias que viven las mujeres con discapacidad en las encuestas, estadísticas nacionales, en el debate público, en la prensa, o en los discursos institucionales, es una deuda que nos invita a preguntarnos por sus condiciones de vida y los compromisos asumidos por el Estado para promover culturas respetuosas de todas las formas de existencia, y un llamado a la acción por una inclusión que garantice condiciones de justicia, igualdad, reparación y acceso pleno a derechos.
Respecto a ello y en el marco actual del debate constitucional, nos preguntarnos si una vida libre de violencia, educación sexual integral –inclusiva–, sistema de cuidados, y la protección de los derechos sexuales y reproductivos ¿están resguardados para las mujeres y, especialmente, para aquellos grupos invisibilizados y oprimidos por el sistema capitalista, colonial, capacitista y patriarcal?
A nuestro parecer, la omisión de las mujeres con discapacidad es una constante de la actual propuesta constitucional, pues limita las posibilidades de una plataforma de derechos humanos en todos los ámbitos y contextos de desarrollo. Limita, en definitiva, habitar una vida digna. “No seremos libres mientras otra mujer no lo sea, aunque sus cadenas sean diferentes a las mías” (Audre Lorde).
