BRAGA
El rechazo a la perspectiva de género en El Salvador y Argentina genera preocupación por posibles retrocesos en la igualdad. En uno se excluye la perspectiva de género de las escuelas, y en el otro se prohíbe el lenguaje inclusivo y el enfoque de género en la administración pública.
La perspectiva de género permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. En los últimos años, ha existido un avance en esta materia, implementando el enfoque de género en los gobiernos y creando políticas públicas que disminuyan las brechas.
Sin embargo, en algunos países de América Latina como El Salvador y Argentina, los gobiernos actuales han rechazado la implementación de la perspectiva de género, provocando retrocesos en materia de igualdad.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidió que no se incluya el enfoque de género en la educación pública del país centroamericano, señalando que no permitirá “esas ideologías en las escuelas y en los colegios”. Bukele cuenta con un gran apoyo de la población, lo que ve como una carta en blanco para implementar medidas como estas.
El Ministerio de Educación de dicho país anunció que implementará esta decisión. “Confirmado: todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, afirmó el ministro, José Mauricio Pineda.
Por otro lado, en Argentina, el mandatario Javier Milei ordenó hace unos días prohibir el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública.
“Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y toda la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder utilizar la ‘e’, la arroba, la ‘x’ y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública”, explicó el representante del gobierno, Manuel Adorni.
Uno de los motivos para tomar esta decisión, en palabras de Adorni es su creencia de que la perspectiva de género ha sido utilizada como “negocio de la política”.
Estas medidas de ambos países, han despertado una variedad de críticas desde organizaciones feministas, quienes consideran que se violentan los derechos de las mujeres y se retrocede en términos de equidad y protección.
El Salvador es uno de los países que cuenta con una de las tasas de muertes violentas de mujeres más altas en la región. Según datos de la ONU, en 2019 la tasa fue de 6,48 por cada 100.000 mujeres.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, el primer semestre de 2021 fueron reportadas como desaparecidas 315 mujeres, mientras que la Encuesta Nacional de Violencia Sexual de 2019 reflejó que el 63% de las mujeres a escala nacional (6 de cada 10) expresó haber vivido al menos un hecho de agresión sexual.
En cuanto a Argentina, las decisiones del gobierno en contra de la perspectiva de género podrían llegar a implicar retrocesos en las conquistas del movimiento feminista en el país, por ejemplo, en ámbitos como el de la justicia o el trabajo.
Desde distintos sectores han recordado, tras el anuncio del Gobierno, que Argentina mantiene “compromisos asumidos en tratados internacionales de derechos humanos” y que eliminar la perspectiva de género significaría “arrasar con el respeto a las diversidades”.
