BRAGA
La impugnación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres por parte de diputados de oposición se centra en el concepto de educación sexual integral en los establecimientos educacionales, argumentando que vulnera la libertad de enseñanza de los padres.
Tras siete años de tramitación, diputados y diputadas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Republicanos, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Social Cristiano han presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la recientemente aprobada Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.
El principal punto a discutir reside en el concepto de educación sexual contenido en la normativa. Argumentan que este aspecto atenta contra la libertad de enseñanza de los padres, quienes según su criterio deberían tener la potestad de decidir la educación de sus hijos.
El inciso 2 del artículo 12 del proyecto establece que “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género”. Para los diputados de oposición, esta disposición coarta el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de enseñanza, contraviniendo la Constitución.
El requerimiento presentado ante el TC argumenta que la ley, bajo la justificación de proteger a las mujeres, vulnera los derechos de los padres y la autonomía de los establecimientos educacionales, al imponer un enfoque único y excluyente en la educación sobre la persona y su sexualidad. Asimismo, señalan que la normativa contradice tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
Este movimiento de la oposición ha provocado diversas reacciones. Mientras algunos sectores respaldan la acción como una defensa de los derechos individuales y la libertad de enseñanza, desde el oficialismo y el gobierno se critica duramente esta iniciativa, calificándola como un obstáculo en la lucha contra la violencia de género.
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha expresado su compromiso en la defensa de esta ley, destacando su importancia transversal y trascendental en la protección de las mujeres y la promoción de una sociedad más igualitaria.
