BRAGA
Créditos: Foto de Kat Jayne en Pexels
Desde el año 2019 se encuentra el fono de orientación para mujeres víctimas de violencia (1455). Sobre este servicio de atención, el ente fiscalizador detectó falencias en la atención de llamadas, faltas en la derivación, acreditación y demora en los seguimientos de las llamadas graves o vitales.
Este miércoles, la Contraloría General de la República presentó informe final de la auditoría cuyo objetivo era indagar sobre el cumplimiento de las funciones y medidas contra el COVID-19 implementadas en casas de acogida y otros centros de atención de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).
De acuerdo con el documento emitido por el ente fiscalizador, la revisión realizada consistió en verificar si la entidad estableció medidas tanto oportunas como eficaces para la disminución de los riesgos de infección por COVID-19 de las mujeres víctimas de violencia que atienden, de sus familiares y también de los funcionarios.
Dentro de las conclusiones de la Contraloría, se alertó la detección de debilidades en las medidas de prevención y detección temprana de situaciones graves contra mujeres. Entre marzo y agosto de 2020 “se determinaron 53 hechos graves de violencia de género, de los cuales 50 no acudieron a algunos de los canales o dispositivos habilitados por el SernamEG para brindar apoyo y orientación”.
En tanto, aquellos casos en los que sí hubo contacto con SernamEG, “se determinó la falta de acreditación de las intervenciones y seguimientos en los casos que se indica -conforme a las respectivas orientaciones técnicas-“.
Asimismo, “la entidad no acreditó haber adoptado medidas concretas de coordinación con Carabineros de Chile, en cuanto a aplicar determinados procedimientos frente a la eventual circunstancia de que una mujer que está siendo violentada tome la decisión de salir de su domicilio, en horario de toque de queda, para efectuar una denuncia o pedir ayuda”.
La situación anterior se evidencia con el caso de una mujer que fue detenida el año pasado en Osorno tras acudir a una comisaría para presentar una denuncia por violencia intrafamiliar. Lamentablemente, la misma situación se registró en la comuna de Pichilemu por una mujer que fue víctima de violación.
En suma, el ente fiscalizador también se verificó el incumplimiento en el servicio de atención de llamadas (fono 1455), donde “se detectaron falencias en la atención de llamadas, con faltas en la derivación, acreditación y demora en los seguimientos de las llamadas graves o vitales”, se señala a través de su Twitter.
Del mismo modo, el servicio presentó carencias en la trazabilidad de las llamadas recibidas e inexistencia de evidencia respecto de seguimientos de denuncias informadas por Carabineros de Chile.
Sobre lo anterior, desde Contraloría señalan que “se contrató a una empresa para implementar atención vía WhatsApp, pero no hay certeza de los mensajes recibidos y, además, se encontraron errores en el servicio, por ejemplo, en ocasiones el sistema “Botmaker” volvía enviar mensajes a las mujeres una vez culminada la conversación, lo que pudo poner en riesgo a las víctimas”.
Respecto al funcionamiento de dispositivos en pandemia, “se determinaron incumplimientos de las orientaciones técnicas de los dispositivos Casas de Acogida y Centros de la Mujer, principalmente, en lo relativo a la falta de información respecto de las atenciones psicosociojurídicas realizadas por personal de los organismos ejecutores”.
A través de un comunicado, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, señala que esta situación “da cuenta de una situación gravísima, negligente e intolerable. El Estado de Chile no puede seguir restando importancia a la violencia machista y obviando su magnitud con medidas superficiales que no se hacen cargo del problema, ni permiten garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres”.
