Propuestas desde la Unesco: Medios públicos versus intereses privados

Debatir en un marco de amplitud y pluralidad acerca de los contenidos e indicadores de calidad de las emisoras públicas de nuestro continente resulta un ejercicio fundamental.

Al menos en el caso chileno porque estimula nuestra imaginación ampliando los horizontes de lo posible en un debate de sordos en el que la ciudadanía siempre lleva todas las de perder en lo que a derecho a la información y libertad de expresión se refiere.

Digo esto a la luz de las limitaciones de la reciente aprobación de la ley de TV Digital, y de la transversal ausencia de voluntad política  para modificar la ley de TVN que finalmente la convierta en una estación realmente pública y no rehén de  los embates del mercado, como nos argumentan cuando desde distintos ámbitos exigimos una televisión pública de calidad y en sintonía con la sociedad chilena.

Algunas premisas contenidas en el estudio presentado por la Unesco “Indicadores de Calidad de las Emisoras Públicas – Evaluación Contemporánea”, de los periodistas brasileños Eugenio Bucci, Marco Chiaretti y Ana María Fiorini, resultan particularmente interesantes  para detenerse y debatir, en tanto si bien se levantan como pilares indiscutidos de una sociedad democrática, en nuestro país son rebatibles en tanto contradicen la ya naturalizada lógica del mercado.

Por ejemplo, que las bases de los sistemas de emisoras públicas de Europa y EEUU, surgidas con fuerza desde la primera mitad del siglo XX, son las mismas en las que se apoyan los actuales: proteger la multiplicidad de opiniones e impedir  que el mercado sea capturado por intereses oligopólicos; o que ya no resulta razonable la presunción de que las emisoras  públicas se oponen a las privadas,  porque ambos sistemas son necesarios y complementarios en una democracia sólida; o bien que las emisoras solamente son públicas si son autónomas del Estado e independientes no sólo del  gobierno sino también del  mercado.

Esto tiene que ver con un concepto central precisado en este estudio:

“En las democracias las emisoras públicas existen para garantizar el derecho de la sociedad a información, cultura, expresión de las diferencias, caracterización de las carencias y potencialidades, y libre comunicación de las ideas”.

“Las emisoras públicas, acotan, deben garantizar el derecho del público a criticar al poder, imaginar un mundo diferente, comunicar la evolución de sus críticas e ideas, y utilizarlas en beneficio de su libertad.”

Bajo estos fundamentos habría sido impensable, por ejemplo, que TVN se negara, sin explicaciones públicas de su directorio, a transmitir el documental “El Diario de Agustín”, del cineasta y profesor del ICEI, Ignacio Agüero, pese a haber adquirido sus derechos por tres años.

Menos, que uno de sus máximos ejecutivos señalara como argumento para esta censura que la razón estaba en la presunción del productor del documental, el periodista Fernando Villagrán, de que el directorio temía al poder del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards.

Porque como nos dice el estudio realizado por  los consultores de la Unesco Bucci, Chiaretti y Fiorini,  si bien en varios de nuestros países existen distintos modelos de sistemas de radiodifusión pública, estos deberían tener algunas características comunes como por ejemplo

“1-Independencia editorial y financiera;

2-Autonomía de los órganos de gobernanza;

3. Pluralidad, diversidad e imparcialidad de la programación;

4. Mandato de servicio público definido, establecidos en los documentos jurídicos que sean pertinentes;

5. Rendición de cuentas a la población y a órganos reguladores independientes.”

Es decir, más allá de los sistemas que cada país adopte, lo que imposibilita crear sólo una única alternativa de indicadores  que certifiquen la calidad de una estación, es fundamental contar con ellos.

Por ejemplo, el grado de diversidad de una programación puede y debe ser medido con indicadores, como las interrogantes propuestas en este mismo informe:

“¿Incluye la grilla programas destinados a públicos de distintas regiones geográficas?;

¿Refleja la grilla la diversidad de las identidades étnicas, religiosas, populares, etarias, de orientación sexual, de preferencias estéticas?”

Las casi 200 preguntas que forman parte de esta propuesta de indicadores, y que abarcan distintos aspectos a los que deben responder estas emisoras en tanto su dimensión pública, contienen sin duda toda la riqueza y provocación de un debate.

Un debate que se juega no sólo en las preguntas sino en afirmaciones rotundas como “un programa que en su superficie y plasticidad tenga aspectos que denoten esmero técnico, no generará lo que se espera de la calidad de una emisora pública si está al servicio del enaltecimiento de una dictadura, dado que no estará comprometido con la emancipación de los ciudadanos y con la causa final de la democracia.”

Porque en las emisoras públicas, concluye este estudio, por lo menos “no se puede hablar de estética sin ética, aunque más no sea de manera indirecta”.

En Chile este trabajo es un estímulo para las instituciones e instancias de la sociedad civil que exigen y aspiran a un sistema de medios públicos dentro de estándares internacionalidades y no en el contexto de una excepcionalidad chilena.

Más cuando el debate se produce horas después que el Congreso aprobara la ley de TV digital terrestre, señalada como insuficiente en puntos estratégicos de la democratización del uso del espectro radioeléctrico.

Porque  resulta  provocador en el marco del Chile actual, ya no constatar cuán lejos estamos de tener un sistema de medios públicos que sintonice con la ciudadanía y fortalezca nuestra densidad democrática.

Lo interesante también es desmoronar una vez más la naturalización de los argumentos sobre el poder de las leyes del mercado utilizando herramientas  como  estos indicadores que junto con constatar nuestras falencias nos permiten enriquecer un debate necesario sobre políticas públicas serias para una democracia de verdad.