Opinión: La crisis permanente del Consejo de Monumentos Nacionales

Desde el año 1925 existe en nuestro país el Consejo de Monumentos, antes que la DIBAM, antes, mucho antes, que el Consejo Nacional de las Cultura y las Artes o que cualquier otro departamento o unidad dedicada al tema del patrimonio dentro del Estado. Sin embargo, pese a su larga tradición y enorme relevancia, ha vivido en una precariedad que con el tiempo se ha hecho permanente. Pese a que hoy se escribe, se habla y se invierte más que nunca en la difusión y protección del patrimonio, el Consejo de Monumentos continua en una situación critica.

Desde los años 90 en adelante, el Consejo tuvo un desarrollo explosivo. El impulso económico de las últimas décadas y el desarrollo de nuevas industrias conllevó un aumento de las externalidades negativas que se fueron acumulando sin una adecuada regulación y control, tales como relaves, sitios arqueológicos destruidos, contaminación de ríos, cascos históricos demacrados, etc. Ante eso, la protección del patrimonio urbano, arqueológico y ambiental que se logro concretar antes de la creación de la CONAMA, SEA y  del Ministerio del Medioambiente, resulto de un esfuerzo titánico e inorgánico de parte del Consejo de Monumentos, echando mano a los recursos que el Estado poco a poco le ofrecía. Un ejemplo claro de esta improvisación institucional, fue el desordenado crecimiento de su organigrama y su forma irregular de aumentar su personal, la gran mayoría contratados como prestadores de servicios a través de facturas y no como funcionarios públicos.

Esta situación, junto a una ley desactualizada, han generado un estado de precariedad permanente en el Consejo de Monumentos Nacionales. Algo totalmente inentendible cuando es a través de sus oficinas por donde pasa buena parte de la inversión de grandes proyectos del país mediante las autorizaciones arqueológicas, medioambientales y urbanas. Para los privados no ha quedado más que la resignación en la tramitación de autorizaciones y permisos, que algunas veces a llegado a ser una prueba iniciática, en que la paciencia y tolerancia se ponen a prueba. Pero ha sido para el propio Estado para el cual ,el Consejo de Monumentos se ha convertido en una verdadera molestia.

Municipalidades, ministerios, empresas estatales, servicios y seremis, entre otros, han sido son los principales incumplidores de la Ley de Monumentos, muchas veces actuando de facto para luego mediante oficios regularizar, pedir excusas o simplemente ignorar lo que al privado se le exige con tanto celo. Al parecer al Estado no le gusta que le digan que no, y menos que un órgano técnico con pretensiones de independencia le ponga trabas -casi siempre totalmente necesarias y razonables- a la ejecución de sus proyectos.

Por esto, no se entiende que dada la gran relevancia de las funciones que cumple el Consejo de Monumentos y con todo el discurso meloso acerca del patrimonio y su protección, no se hayan tomado las medidas urgentes y necesarias para mejorar la situación del Consejo, en términos de las condiciones laborales de sus trabajadores, su capacidad y facultades de fiscalización y su estructura orgánica.

Coherente con lo anterior, en el proyecto de creación del Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, el único órgano que realmente es modificado es el Consejo de Monumentos Nacionales, de acuerdo a la propuesta que se ha conocido. Esta modificación viene a poner la estocada final a este Consejo y su Secretaría, desvinculando al Consejo de sus funciones ejecutivas, y aumentando su número de consejeros, incorporando a más organismos públicos (léase políticos) y eliminando otros que han tenido un destacado rol en el Consejo todos estos años. La propuesta considera modificar la estructura y funcionamiento del Consejo, pero sin modificar -con un proyecto coherente- la Ley de Monumentos Nacionales. Lo que conocemos es que el Consejo como órgano colegiado pasara a ser una especie de Consejo del Patrimonio, ubicado sobre la actual DIBAM, que abarcará las mismas materias actuales, más todas las que están relacionadas a la DIBAM, es decir Museos, Archivos y Bibliotecas, algo que nadie entiende. Y la Secretaria Ejecutiva, que hoy es el brazo que ejecuta los acuerdos del Consejo, pasará a ser una oficina en lo que es la actual DIBAM, lejos del Consejo, y sin una dependencia directa y jerárquica directa de este órgano colegiado. Es decir, se quiere desarmar, desarticular y dejar sin brazo ejecutor al Consejo, sin que exista una propuesta integral que solucione los problemas reales de este organismo.

Cabe también indicar que esta manera de abordar la restructuración del Consejo de Monumentos conlleva un riesgo y contingencia tremenda para el éxito de una aprobación expedita del futuro Ministerio de Cultura. La Ley de Monumentos Nacionales establece una serie de limitaciones al derecho de propiedad,  imponiendo cargas, restricciones y gravámenes a los privados. Si se busca modificar estas funciones, el proyecto generará una dura discusión en el Congreso y el Tribunal Constitucional, donde seguramente se hará un intenso lobby de parte de grande empresas para disminuir dichas facultades en orden a proteger el derecho de propiedad que esta tan resguardado y sacralizado en nuestra Constitución. Esto implica un grave riesgo de que se entre en ese debate sin un pensamiento orgánico, coherente e inteligente de cómo mejorar nuestra ley de monumentos nacionales.

Por ende, no cabe más que concluir que pese a los discursos, buenas intenciones y anuncios, al Estado de Chile el Consejo de Monumentos realmente no le interesa, y lo que se esta proponiendo en lugar de fortalecerlo, es desbaratarlo, debilitarlo, para no tener que estar pidiendo permiso. Muchas veces se dice que el problema del Consejo son sus consejeros, lo cual es una tremenda falacia. Los problemas reales del Consejo son la falta de recursos económicos, una orgánica débil y las condiciones irregulares en que sus trabajadores prestan servicios, que hoy son quienes llevan la batuta en cuanto a hacer visible esta problemática.

Es tanta la relevancia del Consejo de Monumentos Nacionales y del estricto cumplimiento de sus funciones que debiera tener una orgánica que sea totalmente independiente del poder político de turno, con autonomía similar a la que posee el Banco Central. Chile tiene un rico patrimonio, y lamentablemente es el propio Estado el que contribuye a su destrucción. Sólo tomemos como ejemplo el DAKAR, subsidiado por el Estado durante años, al cual se hizo muy difícil oponerse y exigir responsabilidades por los daños reales que se ocasionaron. Decirle que no a un Presidente, a un Alcalde, un Ministro, a Codelco o a las empresas más grandes del país requiere una autonomía y un empoderamiento tremendo, que hoy el Consejo de Monumentos no posee, y que lo hace susceptible de todo tipo de presiones. Si vamos a hablar de proteger nuestro Patrimonio, hagámoslo en serio. Se requieren instituciones fuertes y sólidas que resistan el embate de presiones políticas y económicas.

Es de esperar que el actual Gobierno no concrete su intención de desarmar el Consejo de Monumentos y de reemplazarlo por un hibrido legal y administrativo. Esta institución luego de 80 años de existencia tiene mucho para seguir aportando al país, y si alguna vez le dieran un verdadero apoyo será una institución que nos hará sentir orgullosos de cómo el Estado protege el patrimonio, y no de provocarnos rabia, pena y resignación cuando vemos lo que pasa en el país ante el avance de torres, malls y muros de containers.