CULTURA
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participó junto con su par danés en la recolección de antecedentes que muestran preocupantes hallazgos sobre la afectación de garantías en ese sector y además la vulneración de derechos en el área laboral, socio-ambiental y en temas relacionados con los pueblos indígenas.
El “Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos” presentaron hoy el Instituto Danés de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El documento aborda los efectos de la industria sobre las regiones del sur de Chile, donde se desarrolla su actividad principal y alerta que no sólo se están lesionando derechos medioambientales, sino aquellos de quienes trabajan en estas empresas y viven alrededor.
El informe fue dado a conocer por el director del INDH, Sergio Micco, junto con la asesora senior del Instituto Danés de Derechos Humanos, Tulika Bansal, y el consejero del INDH Yerko Lujbetic.
En su intervención, el director recordó que el INDH elaboró un mapa de conflictos socioambientales, cuyo desarrollo se remonta a 2012 y que éste muestra que el 44% de los problemas se relacionan con el derecho al agua y 35% ocurre en territorio indígena.
“Es una problemática que va mucho más allá de la industria salmonera e impacta profundamente en el desarrollo; es decir, en la democracia, el bienestar material, la cohesión socio-cultural y por supuesto en la sustentabilidad”, dijo el director.
También destacó la preparación y divulgación de este informe, en el marco de “múltiples desafíos y tareas pendientes, que el instituto va a seguir abordando y promoviendo, en particular respecto a empresas y derechos humanos. De ahí la importancia de este evento, que releva la centralidad de este empeño, en especial en el contexto de la discusión de un texto constitucional, que es la norma fundante de un nuevo pacto político, socio-económico y cultural”.
En tanto, la asesora senior del Instituto Danés de Derechos Humanos, Tulika Bansal, recordó que el informe es parte del proyecto Océanos Sostenibles, un programa de cinco años que financia la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional.
Además dijo que se resolvió estudiar la industria salmonera porque se trata de una actividad productiva de gran importancia para Chile y que, por su tamaño, es la segunda en el mundo después de Noruega. Pero también por “los antecedentes de tensión que existen entre la industria y las comunidades en varias regiones de Chile”.
Mientras que el consejero del INDH Yerko Ljubetic señaló que en el informe se plantean dos desafíos. Uno sobre la obligación del Estado de proteger los DD.HH., que se expresa en establecer marcos normativos adecuados para la industria.
“Es una obligación del Estado dotar de marcos que faciliten la fiscalización, la supervisión y la sanción de quienes desarrollan actividades sin consideración a los derechos humanos”, sostuvo.
Y en segundo lugar, el informe recomienda un mayor compromiso del Estado en la promoción de la debida diligencia, instrumento por el cual las empresas se obligan a respetar derechos e instaurar mecanismos eficientes para su cumplimiento.
“Se concluye la necesidad de que el Estado se involucre y se comprometa en promover y estimular la utilización de la debida diligencia por parte de las empresas en términos reales, para garantizar el respeto a los derechos humanos”, añadió.
El Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos se realizó como Evaluación de Impacto Sectorial y detectó, entre otros, una vulneración de los derechos en tres áreas: laboral, socio-ambiental y en temas relacionados con los pueblos indígenas. El informe de 367 páginas, plantea en su parte final una serie de pasos a las autoridades con el propósito de enmendar anomalías.
En lo que se refiere a a derechos laborales, el documentó reveló varios problemas. Uno es el salario que perciben los trabajadores. Si bien se encuentra por sobre el sueldo mínimo, está por debajo de un “sueldo digno”.
También alerta sobre el sistema de turnos de 14 días de trabajo, que tiene efectos en la vida familiar y la salud mental. Identifica como factor de riesgo el tipo de contrato, que pone en cuestión la posibilidad de tener vacaciones, de acceder a un nivel de salud física adecuado y a sindicalizarse.
Como punto específico señala los derechos de las mujeres. En particular por la falta del derecho a la salud, con condiciones sanitarias inadecuadas en sitios de trabajo, por descuentos salariales de las horas médicas de las embarazadas e incluso con la solicitud de test de embarazo antes de contratar. A estos hay que añadir falta de resguardo para evitar acoso sexual o situaciones de riesgo a la salida del lugar de trabajo, donde se han registrado violaciones.
En cuanto a los impactos de la industria salmonera en el medio ambiente, el informe sitúa en primer lugar la ocupación de lugares de libre acceso, lo que afecta no sólo la cotidianeidad de una comunidad sino que pone en riesgo sus prácticas culturales y rituales. Además, está la afectación del acceso al agua, porque en las zonas donde la industria ocupa esta queda contaminada con desechos químicos y biológicos.
Aquí se hace presente que otro derecho afectado es el de participación, porque la voz de la comunidad no es tomada en cuenta cuando la autoridad resuelve si aprueba o no un proyecto. A muchos de ellos sólo se les pide una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que sí consideran la participación de la ciudadanía aunque ésta, en la normativa chilena, no es considerada obligatoria y vinculante.
Respecto de los derechos de los pueblos originarios, está la percepción de que Estado y empresas entienden el desarrollo de modo diferente a estos pueblos e imponen su manera, lo cual amenaza el derecho a la libre determinación. A eso se añade que las empresas se han emplazado –con la anuencia del Estado- en áreas usadas por comunidades indígenas con diversos fines, lo que vulnera el derecho de los pueblos indígenas de conservar sus sistemas políticos, económicos y sociales.
