CULTURA|CIENCIA
Según la entidad, la precariedad laboral de quienes cursan postgrados, de las y los investigadoras/res y trabajadoras/es del conocimiento, requiere de perfeccionamiento en la regulación de los instrumentos que existen, considerando que la desigualdad de oportunidades laborales en relación al género, y el origen socioeconómico de la trabajadora o el trabajador del conocimiento, determina su salario y la jerarquía en la carrera del investigador/a.
La Asociación Nacional de Investigadores (ANIP) presentó un documento sobre la precariedad laboral que afectados a las y los investigadores.
“Creemos que es necesario que el ministerio comience a formalizar las promesas que se hicieron al principio de este gobierno, donde se dijo que se pondría enfasis en mejorar las condiciones laborales y la inserción de nuevas/os investigadoras/es ya que hasta ahora no tenemos luces de estas de esas mejoras y con la baja en el programa para el presupuesto 2024, claramente no vendrán implementaciones para este próximo año, lo cual es extremadamente preocupante”, comentó la presidenta de ANIP, Ximena Báez.
Según el documento, la precariedad laboral de quienes cursan postgrados, de las y los investigadoras/res y trabajadoras/es del conocimiento, requiere de perfeccionamiento en la regulación de los instrumentos que existen, considerando que la desigualdad de oportunidades laborales en relación al género, y el origen socioeconómico de la trabajadora o el trabajador del conocimiento, determina su salario y la jerarquía en la carrera del investigador/a.
“Por consiguiente, es de suma urgencia regular y velar por mecanismos que mejoren las condiciones laborales de las y los trabajadoras/es del conocimiento en las universidades”, señala.
Según los autores, el diagnóstico sobre las condiciones laborales de las y los trabajadoras/es del conocimiento es un fenómeno que se arrastra por décadas, y los datos que brinda el texto son conocidos entre quienes se desempeñan en este sector y las autoridades. Y si bien han existido diagnósticos desde antes que emergiera el ministerio, “ninguno de ellos ha materializado mejoras concretas de las condiciones laborales”.
“En relación a los datos esgrimidos, encontramos que las y los investigadoras/es en postgrado carecen de seguridad social, al momento de desempeñarse en la investigación o docencia vinculada”, es una de las conclusiones.
Los salarios son en promedio similares a quienes tienen los mismos estudios de pregrado, pero sin postgrado, tal como lo indican los datos del censo de los socios de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP) en donde se identifica que el rango de salarios mayoritario fluctúa entre $400.000 pesos y $1.000.000, correspondiente a un universo aproximado de un 37% de las y los encuestadas/os (Censo ANIP, 2022).
Además, los autores constatan que el sistema de matrícula de programas de postgrado se ha incrementado por sobre la disponibilidad de puestos de trabajo en la última década, sin definiciones claras desde el Estado, con una precarización laboral de investigadoras e investigadores, y nula responsabilidad sobre la inserción adecuada en las distintas instituciones.
De hecho, al día de hoy la gran mayoría de investigadoras/es se desempeñan en la academia, principalmente bajo la figura de contrato a honorarios, con inestabilidad y precariedad laboral, mientras que sólo un 7% se emplea en la empresa y un 4% en la administración pública (Encuesta trayectoria de profesionales con grado de doctor en Chile, 2019; Censo ANIP, 2022).
Se desconoce el número exacto de investigadoras/es y trabajadoras/es del conocimiento fuera del ámbito laboral o realizando labores distintas a los estudios realizados, ni tampoco hay conocimiento de la tasa real de desempleo de científicas/os o investigadoras/es en Chile.
Sumado a lo anterior, la matrícula de magíster en Chile ha aumentado entre 2007 al 2021 un 163% en magister y en doctorado un 122% (Servicio de información de educación superior, Ministerio de Educación, 2021).
“Sin embargo, nuestras encuestas muestran que cerca de dos tercios de aquellos investigadoras/es en postgrado mantienen una relación laboral sin contrato indefinido y cerca del 37% tiene contrato indefinido (Encuesta ANIP, 2018).
Para solucionar estas problemáticas, la mesa de equidad ANID 2021 desarrollada con las universidades propuso como soluciones a estas problemáticas: institucionalizar a las o los profesionales, especialmente a través de una jerarquización temporal del o la postdoctorante; se propuso que la contratación se realice dentro del marco regulatorio del código del trabajo, a través de la creación de corporaciones, para las instituciones estatales.
Sin embargo, estas soluciones conllevan dificultades burocráticas y económicas para su concreción, como los altos costos que se asocian a su creación, y que de considerar su implementación, ésta debe ser gradual, entre otras (Mesa de equidad ANID, 2021).
Además, en la misma mesa se observó que los ítems de remuneración de los proyectos debieran ser institucionales, específicamente para el personal de apoyo técnico y de postdoctorado.
También se puso acento en los gastos de administración (Overhead) para pagar y rendir gastos como los costos que generará la contratación formal (finiquitos, feriados legales, derechos sindicales, complemento al seguro de salud, indemnización); el aumento de entre un 20% y 30% en el ítem de remuneración por proyecto adjudicado, para generar contratación formal, por los costos asociados que ésta conlleva; la necesidad de vinculación laboral con el código del trabajo que peermitirá avanzar en la formalización laboral y disminuir la brecha de precarización; contratación a honorarios sólo aplicable para labores técnicas específicas, es decir, la entrega de un servicio puntual y sin subordinación.
Lo antes mencionado, evidencia las dificultades para implementar mejoras en las condiciones laborales en las y los trabajadoras/es del conocimiento (Mesa de equidad ANID, 2021).
Otras problemáticas que afectan en la inserción y condiciones laborales de las y los trabajadoras/es del conocimiento en instituciones de la educación superior son la brecha de género y el origen educativo de los mismos, indica el documento de ANIP.
Respecto a la brecha de género, ésta se evidencia en su contratación, salario y funciones desplegadas, donde solo un 22% de mujeres ocupa cargos de profesora titular al interior de las universidades CRUCH, segregación que requiere ser disminuida, ya que la mujer ejerce trabajos más precarizados (Radiografía de género, 2020).
Con relación al origen educativo de las y los trabajadoras/es del conocimiento, quienes desarrollaron estudios en establecimientos municipales ganan casi $300.000 pesos menos que quienes desarrollaron sus estudios en establecimiento escolar privado (Censo ANIP 2022).
Esto se vincula además, a que son estos mismos egresados, los que estudiaron con crédito universitario de distinta índole (CORFO, CAE, Fondo Solidario), los que presentan mayores dificultades económicas para poder cursar sus postgrados. Ya sea por la alta carga monetaria mensual que conlleva la deuda, o peor aún por el endeudamiento que presentan, se les impide optar a becas o financiamiento para seguir cursando sus postgrados, limitando su carrera académica.
Para implementar en parte, algunas de las soluciones propuestas por las mesas de trabajo desarrolladas en 2021 por el Ministerio de Ciencia y por las demandas históricas de las organizaciones de investigadoras/es como ANIP, la Comisión de Derechos Laborales de esta última, plantea como propuesta desarrollar modificaciones a la normativa de la CNA, luego de revisar la diversidad de objetivos desarrollados en los informes, ya que en su redacción se evidencia cierto nivel de ambigüedad en los criterios planteados, relacionados con los aspectos laborales respectivos al ámbito de la docencia.
La CNA señala que “la carrera o programa dispone de un núcleo de docentes/académicos de alta dedicación y permanencia, que en su conjunto lideran y le dan sustentabilidad en el tiempo al proyecto educativo, y permiten cubrir las necesidades del plan de estudios en todas las sedes, jornadas y modalidades”.
Según la ANIP, lo anterior implica regular más la dotación de trabajadoras/es del conocimiento, ya que en varios planteles el núcleo docente con contrato corresponde solamente a la planta de coordinación, cuando un número importante de cátedras las y los docentes las realizan en modalidad a honorarios.
A esto se suma, a juicio de la ANIP, la necesidad de mayor regulación en la contratación de personal por medio de mecanismos o concursos con criterios y evaluaciones de selección transparentes, por lo que sería necesario complementar o generar modificaciones a otras sección de la normativa de la CNA.
“La institución a la que pertenece la unidad que imparte la carrera o programa, cuenta con normas y mecanismos conocidos de selección, contratación, evaluación, promoción y desvinculación de los docentes, los que se aplican de manera formal y sistemática, pudiendo disponer de normas especiales para dicha unidad”, señala la CNA.
Para la ANIP, el diagnóstico y la propuesta explicitada apuntan a mejorar los mecanismos que permitan superar la precariedad laboral en el corto y mediano plazo de las y los trabajadoras/es del conocimiento, y que se inicien el camino para un marco regulatorio de fiscalización, o uno mayor como un estatuto laboral de la investigación y el conocimiento u otro similar.
“Dentro de los cambios, es de gran importancia integrar a las organizaciones del conocimiento en el directorio permanente de la CNA, para dirimir sus argumentos en las regulaciones y decisiones sobre las carreras de pregrado y postgrado dentro de las universidades, debido a la propia experiencia de las organizaciones”, señala.
A su juicio, otro actor relevante en este escenario para disminuir la inestabilidad laboral es el propio Estado, “quien ha promovido la generación de nuevos investigadoras/es desde inicios del siglo XXI, pero ha dejado de lado su inserción, evidenciándose en el programa de inserción de investigadoras/es, programa que presenta un porcentaje de ejecución del presupuesto entre los años 2021 al 2023 de un 0%”. (ANID, 2023).
“Por último y no menos importante, es necesario un mayor compromiso de las universidades en generar condiciones laborales dignas para sus trabajadoras/es, quienes con su labor aportan en el día a día a mejorar los estándares académicos, de conocimiento de sus estudiantes, de desarrollo para las propias universidades y de las comunidades territoriales a las que se vinculan. Con docentes e investigadoras/es con condiciones laborales estables, con contratos que procuren mejorar la calidad de vida de quienes ejercen la enseñanza superior, generando un contexto provechoso para toda la sociedad en su conjunto que se vincule a estas instituciones”, concluye el documento.
El texto fue elaborado por la Comisión Laboral de la Asociación Nacional de Investigadores de ANIP, integrada por Ximena Báez, Marianela Aravena, Carolina Quintero, José Manuel Jiménez, Antonella Bacigalupo, Claudio Pérez y Bastián Lillo.
