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Multimillonarios del país y la denegación de justicia en materia ambiental

por 19 enero, 2019

Multimillonarios del país y la denegación de justicia en materia ambiental
La economía nace enferma porque la ganancia proviene del sufrimiento de otros: aguas contaminadas, sino escasas o inexistentes; moscas, basuras, deformaciones congénitas, envenenamientos. Todo supuestamente a cambio de más trabajo y más crecimiento.  Como ejemplos al canto, ahí está el Parque Industrial Ventanas en la Bahía de Quintero, y su enjambre de empresas peligrosas, públicas y privadas: Codelco, Oxiquim, AES Gener, ENAP, Enel, Cementos Melón, Gasmar, GNL Quintero, ENEX, Puerto Ventanas, Catamutún, Shell, Copec, Anglo American y minera Montecarmelo. Las ganancias de sus dueños son, literalmente, a costa de los pulmones de la gente de la zona. Se repite la historia de infamia de Lota y el carbón de hace un siglo atrás.
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Pese a los episodios de crisis ambiental de Puchuncaví /Quintero, a raíz de los cuales fueron atendidas por intoxicación grave más de 1500 personas el 2018, la mayoría niños y ancianos, las industrias contaminantes siguieron funcionando en la zona, y la población esperando que un nuevo plan de descontaminación mejore la situación. Las decenas de recursos judiciales, los informes del Instituto de Derechos Humanos o los trabajos de la Comisión Investigadora creada en la Cámara de Diputados, no han sido suficientes para conmover –de verdad- la consciencia de la elite. Los ciudadanos permanecen desamparados y la justicia no cambia su criterio: los pobres tienen menso derechos, y en una economía de mercado, el dinero manda.

Por estos días, la esquizofrenia política del país está de fiesta. La elite se solaza en la convocatoria de un Congreso Futuro, a la que asisten parte de las mentes más lúcidas del planeta, para contarnos los hallazgos, las buenas nuevas y los peligros. El eco de fondo es la balada del vertedero, que como marcha fúnebre, esa misma elite culta le ha endilgado al país con sus acciones y omisiones,  transformándolo, mar y tierra, en un basural continuo de norte a sur. La justicia?, bien gracias, sea administrativa o del Poder Judicial.

El tema no es solo basura y contaminación. También la infección de la corrupción que construyen  muchas empresas para usurpar y abusar de recursos irreemplazables como el aire limpio o el agua limpia. Esa infección les permite omitir permisos y mitigaciones, y gozar sin límites de su poder e impunidad.  El mejor argumento frente a la administración corrupta es buscar una actitud pro-inversión. Ninguna medida de control es posible si presiona o pone en riesgo las inversiones, y ellas se ponen en riesgo si aumentan los costos, por ejemplo, con el real cuidado o mitigación ambiental.

El año 1993 Minera Zaldívar obtuvo su permiso ambiental por 20 años (RCA 574/1993) en la que se incluía una extracción de agua de 500 litros por segundo del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo. El año 2010 Minera Zaldívar obtuvo una nueva RCA sobre la misma explotación con un Proyecto de Modificaciones de la Faena Minera Zaldívar que le permitía extender la operación más allá del 2015, fecha en que expiraba el primer permiso. La nueva  autorización es la RCA 47/2010. Pero en esta, se excluyó de manera expresa en la presentación la evaluación ambiental  del componente agua. Por tanto, este continuaba rigiéndose por la autorización ambiental de 1993 y terminaba en 2015.

La economía nace enferma porque la ganancia proviene del sufrimiento de otros: aguas contaminadas, sino escasas o inexistentes; moscas, basuras, deformaciones congénitas, envenenamientos. Todo supuestamente a cambio de más trabajo y más crecimiento.  Como ejemplos al canto, ahí está el Parque Industrial Ventanas en la Bahía de Quintero, y su enjambre de empresas peligrosas, públicas y privadas: Codelco, Oxiquim, AES Gener, ENAP, Enel, Cementos Melón, Gasmar, GNL Quintero, ENEX, Puerto Ventanas, Catamutún, Shell, Copec, Anglo American y minera Montecarmelo. Las ganancias de sus dueños son, literalmente, a costa de los pulmones de la gente de la zona. Se repite la historia de infamia de Lota y el carbón de hace un siglo atrás.

La economía de Chile es una de las más concentradas del mundo. Toda actividad o problema económico converge en pocas manos que dominan desde bancos y grandes conglomerados internacionales, hasta el verdadero asalto a mano armada contra los pobres del país, ante la impasibilidad o indiferencia del Estado de cartón que cada cuatro años se recicla en el sistema electoral.

Minera Zaldívar (CMZ) es una minera de cobre que opera en la Región de Antofagasta desde 1995. Desde 2015 es propiedad s en partes iguales de  Antofagasta Minerals, perteneciente al grupo Luksic, y Barrick, la minera canadiense dueña del fracasado proyecto Pascua Lama.

El año 1993 Minera Zaldívar obtuvo su permiso ambiental por 20 años (RCA 574/1993) en la que se incluía una extracción de agua de 500 litros por segundo del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo. El año 2010 Minera Zaldívar obtuvo una nueva RCA sobre la misma explotación con un Proyecto de Modificaciones de la Faena Minera Zaldívar que le permitía extender la operación más allá del 2015, fecha en que expiraba el primer permiso. La nueva  autorización es la RCA 47/2010. Pero en esta, se excluyó de manera expresa en la presentación la evaluación ambiental  del componente agua. Por tanto, este continuaba rigiéndose por la autorización ambiental de 1993 y terminaba en 2015.

Minera Zaldívar presentó entre 2010 en adelante numerosos proyectos pero ninguno tuvo relación con la extracción de agua desde el acuífero de Negrillar, mencionado más arriba. Eso significa que durante más de tres años CMZ, propiedad compartida por el Grupo Luksic y un inversionista extranjero, ha estado utilizando agua de ese acuífero de manera ilegal.

Recién en el año 2018 Minera Zaldívar vuelve a presentar un proyecto de continuidad operacional  para extender su operación hasta el año 2031, y en éste sostiene que tiene un permiso vigente de agua hasta el 2025, por 500 litros por segundo e indica que de ser aprobada la continuidad operacional disminuiría la extracción de agua hasta 229 litros por segundo, y el año 2029 a solo 30 litros por segundo. Claramente en un intento por blanquear la ilegalidad.

La disputa en nuestro  Estado de papel cartón se produce entre la Dirección de Aguas del MOP, que entiende que hay una situación ilegal en la operación de CMZ e interpela al SEA para  que intervenga, y este último servicio, que dice que una operación minera se entiende como un todo y que la RCA de 2010 incluye los derechos de agua. Pese a que expresamente en su petición CMZ los excluyó.

Obviamente, lo actuado por el SEA es ilegal, ya sea al otorgar un permiso ultrapetita (sin que se lo hayan pedido) y, lo más importante, que no ha sido evaluado ambientalmente como ordena la ley.

La ilegalidad de MZ puede ser solucionada con el pago de las multas e indemnizaciones a que haya lugar. Al parecer, a Antofagasta Minerals le resulta más fácil la presión  de carácter indeterminado, y lograr una decisión administrativa a través de una ilegalidad del Sistema de Evaluación Ambiental, SEA, que meter todo en un mismo saco: continuidad de operaciones y blanqueo del uso ilegal de las aguas de Negrillar.  Eso es un país sin Estado de derecho en materia ambiental.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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