Opinión
El desprestigio de la sentencia y la construcción de una “verdad científica” acerca de que no hubo homicidio –hecha con el auspicio de una universidad prestigiosa, pero algunos de cuyos miembros aparecen vinculados directamente a los hechos- habla muy mal de la honestidad intelectual del país. La patota de la impunidad, especialmente los médicos, no pueden argumentar certidumbre científica de la inexistencia del delito. Ello es francamente patético, porque es un imposible.
No es algo ocasional que poderes mediáticos, políticos o institucionales en Chile se conchaben para, de manera sistemática, oscurecer una verdad evidente o sembrar la duda en torno a ella con el ánimo de producir impunidad. Los detenidos desaparecidos fueron en una época “presuntos desaparecidos” para la prensa uniformada nacional, y un juez de la Corte Suprema se permitió el lujo de decir que lo “tenían curco” con el tema, soslayando la respuesta por la falta de verdad y justicia. En el caso de la sentencia por el magnicidio de Eduardo Frei Montalva, el tema ya alcanza ribetes de escándalo histórico. La mala conciencia nacional constituida en patota intelectual sale a rebatirla y desprestigiarla, bajo argumentos de interpretación legal y/o certeza médica, a través de jueces, médicos e instituciones, como la rectoría de la Universidad Católica, que expresan insistentemente y por todos los medios a su alcance “su convicción” de que el asesinato es inexistente.
A quienes así actúan les da lo mismo que el concurso de hechos delictuales que constató la línea investigativa del juez instructor no podría haber tenido otro objetivo que facilitar la muerte de la víctima y borrar toda huella del asesinato.
La presencia de agentes del servicio secreto de la dictadura controlando los procesos de la clínica donde la víctima estaba hospitalizada, los médicos que actuando como verdugos voluntarios colgaron como una res al ex-Presidente y evisceraron su cadáver para borrar cualquier rastro de envenenamiento, no son actos inmotivados. A esta patota de la impunidad le da lo mismo que ello se hiciera por médicos ajenos al centro asistencial donde la víctima estaba internada, ya que fueron a “desguazarlo” desde el hospital clínico de la Universidad Católica, y que hicieran lo que hicieron en una habitación cualquiera, sin ningún protocolo ni asepsia tanatológica que resguardara al menos los hallazgos…, sin ningún respeto por el cuerpo. Y que luego escondieran esa autopsia durante años, dándola por “administrativamente extraviada”.
[cita tipo=»destaque»] Quizás si lo más chocante en las opiniones de la patota de la impunidad es la cerrada campaña de desprestigio de la sentencia que inducen las autoridades de la Pontificia Universidad Católica. Primero con una enorme impudicia para no hacerse cargo del ocultamiento de pruebas en que participaron funcionarios de su hospital clínico por más de 20 años, como el actual subsecretario de Redes Asistenciales. Luego, para omitirse de los actos cómplices y la obstrucción a la justicia que implica que médicos de su institución hicieran una autopsia y evisceración clandestina al expresidente asesinado, presumiblemente para limpiar cualquier huella.[/cita]
En este contexto, la entrevista dada hace algunos días por el exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, al diario La Tercera resulta más que escandalosa. Sin ningún tapujo y demostrando una falta de sutileza y de respeto intelectual por sus excolegas, busca abiertamente pautear al máximo tribunal de justicia sobre un fallo que este seguramente deberá revisar, diciendo que no ve delito alguno en los hechos, que el juez se equivocó y que la sentencia está errada. Lo hace con absoluta impudicia, apenas a un año de haber dejado su cargo y sabiendo que nadie podrá o le querrá responder, provocando con ello una justa indignación en el poder judicial. Tanto por lo que dice como por lo que es, pues llegó nombrado en septiembre de 2006 por Michelle Bachelet, como parte de los llamados “extranjeros”; esto es, abogados externos que pueden acceder a ciertos cupos de ministro de la Suprema creados por la reforma impulsada por Eduardo Frei Ruiz Tagle, oh, paradoja, hijo del presidente asesinado. Todo lo de Valdés es muy consonante con sus posturas antilaborales, el haber sido gerente de la Sofofa durante años y precursor del llamado principio «in dubio pro empresario» en sus sentencias.
Quizás si lo más chocante en las opiniones de la patota de la impunidad es la cerrada campaña de desprestigio de la sentencia que inducen las autoridades de la Pontificia Universidad Católica. Primero con una enorme impudicia para no hacerse cargo del ocultamiento de pruebas en que participaron funcionarios de su hospital clínico por más de 20 años, como el actual subsecretario de Redes Asistenciales. Luego, para omitirse de los actos cómplices y la obstrucción a la justicia que implica que médicos de su institución hicieran una autopsia y evisceración clandestina al expresidente asesinado, presumiblemente para limpiar cualquier huella.
Junto con los cientos de llamados telefónicos que cruzan el país, las opiniones de “autoridad” como las del exministro Valdés, las columnas de opinión y los reportajes de prensa (en algunos de los cuales a Eugenio Berrios -químico de la DINA asesinado por su organización y muy relacionado con el caso Frei- se lo menciona solo como “fallecido”), resulta de mal gusto el uso del “alma mater” PUC para desprestigiar la sentencia. Se usan incluso las relaciones laborales, lo que ha llegado a tocar hasta a la propia familia Frei, como queda en evidencia en las declaraciones del fin de semana recién pasado del nieto del expresidente asesinado, Juan Pablo Beca Frei, funcionario de la UC.
El desprestigio de la sentencia y la construcción de una “verdad científica” acerca de que no hubo homicidio– hecha con el auspicio de una universidad prestigiosa pero algunos de cuyos miembros aparecen vinculados directamente a los hechos- habla muy mal de la honestidad intelectual del país. La patota de la impunidad, especialmente los médicos, no pueden argumentar certidumbre científica de la inexistencia del delito. Ello es francamente patético, porque es un imposible.
Si alguna duda hay actualmente en círculos judiciales es solo producto de la hermeticidad legal, y nada más, la que tiene requerimientos que pueden producir hasta impunidad por aspectos de formalidad procesal. Pero nadie hace lo que hicieron con Eduardo Frei Montalva en plena dictadura si no es para asesinarlo. Por favor, no pretendan tapar el sol con un dedo ni piensen que el país está dominado por la estupidez.
