Desnaturalizando la democracia directa

Recientemente hemos vivido un cierto auge de las consultas ciudadanas. A pesar de que la elite política transversalmente defiende que debemos regirnos siempre y en todo momento por el mecanismo de la representación generado en elecciones, al parecer la crisis de la misma ha llevado a intentar nuevos mecanismos.

Primero fueron algunas consultas en comunas de altos ingresos, luego fue la consulta indígena impulsada por el actual Gobierno y, finalmente, lo que ha tenido mayor repercusión mediática: la consulta de ocho municipios para restringir el horario de circulación de los jóvenes y niños por las calles de nuestras ciudades. Lamentablemente, en vez de ampliar e institucionalizar mecanismos de democracia directa que amplíen la decisión ciudadana, asistimos a una peligrosa tendencia a utilizar las consultas como una herramienta para restringirla y manipularla.

En el caso de la consulta indígena, el proceso está regulado por un instrumento internacional: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por el Gobierno de Chile, que busca dar voz y voto a los pueblos indígenas en los asuntos que les competen. El actual gobierno, en cambio, optó por someter a consulta un conjunto de temas propios de la agenda privatizadora, que nada tienen que ver con los intereses indígenas, sino con un modelo económico que se busca instalar también allí donde rige una legislación indígena.

[cita tipo=»destaque»]Lo que corresponde es modificar las barreras de entrada, para que la ciudadanía pueda proponer materias a ser plebiscitadas, establecer mecanismos de financiamiento que no vuelvan elitistas estos procesos y los expandan hacia comunas de menores ingresos, junto con garantizar las condiciones de la deliberación. Todo lo contrario de lo acaecido con este simulacro, que solo desnaturaliza lo que podría ser una poderosa herramienta de fortalecimiento de nuestra democracia local.[/cita]

Las comunidades indígenas han rechazado mayoritariamente el proceso y el nuevo ministro de Desarrollo Social, actuando con prudencia y sensatez, ha optado por congelar el proceso para revisarlo y replantearlo. No se puede realizar una consulta en contra de los interesados.

En el caso de las ocho comunas, en cambio, en vez de utilizar el mecanismo de los plebiscitos comunales, que utiliza la regla de la mayoría para la toma de decisiones, los alcaldes se inclinaron por una consulta virtual, sin reglas de quorum mínimo. Así, con la participación de 8,9% de los habilitados para votar (a favor se inclinó un 7,6%), se ha dado la medida como aprobada y se trabaja activamente en su implementación.

Las cifras indican menos de un cuarto de personas participando que en la última elección municipal, la menos votada de todas. Más allá de ello, la materia consultada –restricción de la libre circulación– está resguardada como derecho constitucional y no puede ser sometida a una consulta comunal. Y, peor aún, los directamente interesados, los jóvenes menores de 16 años, ¡no fueron consultados!

Verdaderamente es el mundo al revés: si se quiere avanzar en una democracia ciudadana más fuerte, se deben estimular mecanismos legítimos de participación y no maniobras populistas sin regla ninguna para su ejecución. La Ley Orgánica Constitucional de Municipios de 1999 consagra el plebiscito comunal, incluido el originado en la propia ciudadanía, pero lo regula de tal forma que lo hace impracticable.

Lo que corresponde es modificar las barreras de entrada, para que la ciudadanía pueda proponer materias a ser plebiscitadas, establecer mecanismos de financiamiento que no vuelvan elitistas estos procesos y los expandan hacia comunas de menores ingresos, junto con garantizar las condiciones de la deliberación. Todo lo contrario de lo acaecido con este simulacro, que solo desnaturaliza lo que podría ser una poderosa herramienta de fortalecimiento de nuestra democracia local.