MERCADOS|BLOOMBERG
Fernando Atria quiere que el Tribunal Constitucional de Chile dictamine que las personas pueden retirar fondos de sus cuentas personales de jubilación cuando lo deseen. El sistema de pensiones privado, creado durante la dictadura del difunto Augusto Pinochet en 1980, dice que esto debilitaría una industria que constituye la base de los mercados de capitales de Chile.
Un socialista quiere enseñar a la élite empresarial de Chile sobre derechos de propiedad privada, en un caso judicial que amenaza con perturbar una industria de US$217.000 millones.
Fernando Atria quiere que el Tribunal Constitucional de Chile dictamine que las personas pueden retirar fondos de sus cuentas personales de jubilación cuando lo deseen. El sistema de pensiones privado, creado durante la dictadura del difunto Augusto Pinochet en 1980, dice que esto debilitaría una industria que constituye la base de los mercados de capitales de Chile.
«Nuestro objetivo es mostrar la contradicción fundamental en el corazón de los fondos privados de pensiones», dijo Atria, profesor de derecho y exaspirante presidencial, en una entrevista. “Este es un sistema de ahorro forzado, de modo que el dinero pertenece al individuo. No es un sistema de seguridad social».
El caso judicial es parte de una campaña más amplia para reformar la industria de pensiones privadas establecida por los llamados Chicago Boys, discípulos del premio Nobel y economista de la Universidad de Chicago Milton Friedman. Atria y sus colegas quieren que el sistema redistribuya la riqueza a los pobres, mientras que los fondos de pensiones, o AFP, quieren que más dinero, no menos, vaya a las cuentas individuales.
El gobierno está tratando de encontrar un punto medio, respaldando un proyecto de ley que obligue a los empleadores a contribuir a las cuentas de ahorro individuales, al tiempo que aumenta la pensión estatal mínima. Para Atria, eso es totalmente inaceptable.
Los ahorros para la jubilación han proporcionado gran parte de los fondos que impulsaron cuatro décadas de crecimiento económico, con lo que Chile se ha convertido en el país más rico de Sudamérica. Los retiros anticipados frenarían e incluso detendrían el crecimiento de los fondos.
En el centro de todo esto está María Angélica Ojeda, una maestra jubilada. Ella quiere retirar dinero de su cuenta para pagar su hipoteca. Su AFP se negó y dijo que sus ahorros de aproximadamente 40 millones de pesos (US$56.000) le dan una pensión mensual de 185.000 pesos, o aproximadamente 60% del salario mínimo. Un tribunal local le pidió al Tribunal Constitucional que diera su opinión.
La organización Casa Común de Atria está respaldando su caso. Además, la oposición del sistema de pensiones puede estar debilitándose. Bajo ciertas circunstancias, un retiro anticipado de fondos tiene sentido, «particularmente en casos que involucran gastos de salud», dijo Ricardo Guerra, director ejecutivo de la recién formada AFP Uno, en una entrevista con la Radio Pauta Bloomberg el 2 de octubre.
Alfonso Swett, presidente del grupo industrial más grande de Chile, dijo a CNN Chile que sería «lógico» que alguien pueda retirar los fondos para pagar hipotecas, pero solo después de jubilarse. La industria de las pensiones no está de acuerdo.
«Estamos convencidos de que el propósito de estos fondos debe ir exclusivamente al pago de pensiones», dijo en una entrevista telefónica Fernando Larrain, director ejecutivo de la asociación AFP de Chile.
El gobierno ha hecho eco de este comentario.
«Si a las personas se les permite gastar en otras cosas, no les quedará dinero para sobrevivir en el momento en que se jubilen», dijo el ministro de Finanzas, Felipe Larraín, a periodistas el 3 de octubre.
Atria desecha ese argumento de un gobierno de derecha, en un país donde los derechos de propiedad se consideran sagrados.
Si Ojeda gana el caso, su solicitud volverá a la corte de apelaciones, lo que podría otorgarle su deseo de retirar fondos y abrir las puertas a decenas de miles de solicitudes similares. En caso de que pierda, Atria está preparando otros casos para llevar ante los tribunales, confiado en que la tendencia empieza a favorecer la campaña por el cambio. Un tribunal en la ciudad sureña de Punta Arenas ya solicitó al Tribunal Constitucional que revise otro caso similar.
Parece que la industria discutirá los límites de los derechos de propiedad durante los meses o años por venir.
