Opinión
¿Por qué se involucró personalmente en esta historia Hinzpeter? ¿Era necesario que se juntara con Ubilla para “avalar” a los españoles? Por supuesto que no, más aún sabiendo que, tarde o temprano, la información se sabría e involucraría a Andrónico Luksic en un nuevo escándalo que golpea a un Gobierno, como antes lo fue el préstamo a la pareja Dávalos-Compagnon. Aún la duda central de la historia es si sus asesores españoles hicieron el estudio por su cuenta y riesgo o alguien invirtió políticamente para darle una mano a La Moneda. Por los actores involucrados, esta historia tiene muchas similitudes con lo que vimos en la elección de Trump, en la cual el uso de las redes sociales fue clave para manipular a la opinión pública.
Partamos por el hecho de que Big Data es la capacidad de cruzar y poder interpretar un número importante de datos que circulan a través de las redes sociales, particularmente Twitter. Es decir, a partir de esa información podríamos identificar tendencias o proyectar escenarios que permitan establecer estrategias o tomar decisiones. Tiene, por tanto, un valor cualitativo, pero nada más que eso. No es ciencia, ni menos valor exacto. Una de las principales dificultades, a la hora de interpretar, es que un porcentaje significativo de las cuentas son bots, o sea, falsas, perfiles creados que inventan noticias, atacan personas, levantan un personaje o alaban sus logros. Son tuiteros de mentira, pero que pueden convertir un hecho en tendencia.
Un artículo de The New York Times, “¿Cómo desenmascarar una cuenta falsa”, entrega pistas de cómo identificarlos: no publican fotografías y menos foto de perfil, son agresivos, tienen pocos seguidores –también falsos–, pero siguen a casi 7.500 cuentas, el máximo permitido por la red social.
El 19 de diciembre, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, daba un golpe noticioso al entregar al Fiscal Nacional “información sofisticada” que apuntaba a que grupos internacionales habían participado activamente de un plan para desestabilizar al Gobierno y fomentar la violencia en la crisis social que vivimos desde el 18 de octubre. La Moneda se jactaba de aportar pruebas concretas, que apoyaban la tesis que el Presidente Sebastián Piñera estaba sosteniendo en las múltiples entrevistas a medios extranjeros y diarios como El Mercurio y La Tercera.
[cita tipo=»destaque»]Ya está claro que lo que Blumel calificó como “información sofisticada” ha terminado siendo nada más que un listado de inconsistencias, intrigas y datos irrelevantes, que incluso llevó –la semana pasada– al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a señalar que “no hemos encontrado ningún valor” al informe Big Data, en el que quedó involucrado Quiñenco. Es decir, no aportó nada que pudiera ser constitutivo de delito ni, menos, logró probar la estrategia del Presidente y del Gobierno respecto de una supuesta intervención extranjera. Esperemos, que la estrategia de generar miedo –hasta ahora un fracaso total– a la que se han sumado Andrés Allamand y otros, no implique inventar otro estudio similar. Tal vez, es la hora de que lean con atención las encuestas disponibles –la CEP aporta muchos datos– y traten de entender mejor a la ciudadanía.[/cita]
Sin embargo, a los pocos días, trascendió el verdadero contenido del informe Big Data: entre los instigadores estaban los futbolistas Gary Medel y Claudio Bravo, el género musical coreano K-Pop, el cantante español Ismael Serrano y Mon Laferte, entre otros. Papelón.
De inmediato, distintas autoridades intentaron desvincularse del tema, negando cualquier relación con el informe. Incluso, el exdirector de la Secom, Jorge Selume, descartó tener algo que ver con el estudio, pese a que su propia empresa se dedica a ese negocio. Curiosamente, nadie lo había encargado y, menos, pagado. El Gobierno intentó enterrar el tema lo antes posible e hizo un giro hacia una nueva estrategia: la del miedo.
Por supuesto, Piñera y Blumel dejaron de hablar de intervención extranjera, pero lo mejor de la trama vendría después. Una empresa española, Rodrigo Hinzpeter, Andrónico Luksic y Rodrigo Ubilla se incorporarían como protagonistas de un caso que puede tener consecuencias políticas insospechadas.
Volvamos al capítulo uno. A las pocas horas que Blumel entregaba al Ministerio Público y a la ANI la “información sofisticada”, el hecho comenzaba a tomar características vergonzosas. Un trabajo que podía hacer una buena cantidad de empresas chilenas –con un nivel de análisis e interpretación muy superiores gracias a entender que, poner en las conclusiones que dupla Medel/Bravo estaba detrás de la intervención extranjera, era ridículo–, estaba elaborado por Alto Data Analytics, firma española ansiosa de entrar al mercado chileno con un producto no muy novedoso. Además, muchas personas lograron asociarla a un video que circulaba en diversas redes de WhatsApp -desde un par de semanas antes– en que se presentaba el estudio, concluyendo la supuesta intervención.
Si la intención de los españoles era darse a conocer en el mercado chileno, por supuesto que lo lograron, pero difícilmente conseguirán clientes. El estigma de un estudio lleno de sospechas, de conclusiones simples y ridículas no será una buena carta de presentación. Más aún cuando se conoció que su cliente chileno era Quiñenco.
Una empresa como Alto Data Analytics debería saber que no hay nada peor para un cliente que contrata a una consultora por un problema de seguridad –después que uno de sus ejecutivos casi sufrió un atentado–, que dicha firma termine estando en boca de todos. Estas consultorías suelen ser de muy bajo perfil.
De seguro, con la intención de desligarse de las sospechas, Quiñenco emitió un comunicado aclaratorio, luego que una investigación periodística los involucrara en el caso. La versión del grupo es que su participación se restringió a presentar a la empresa española al entonces subsecretario Ubilla. En la reunión, habría participado Hinzpeter, exministro del Interior de Piñera en su primer Gobierno y, a su vez, exjefe de Ubilla. Por supuesto, aún nadie ha aclarado quién financió el estudio y qué intención tuvo, sin embargo, de aquí en adelante la historia deja de ser una simple colaboración “desinteresada” y pasa a constituir parte de una estrategia política, cuya finalidad era probar la tesis con que el Gobierno quería intencionar la percepción pública.
¿Por qué se involucró personalmente en esta historia Hinzpeter? ¿Era necesario que se juntara con Ubilla para “avalar” a los españoles? Por supuesto que no, más aún sabiendo que, tarde o temprano, la información se sabría e involucraría a Andrónico Luksic en un nuevo escándalo que golpea a un Gobierno, como antes lo fue el préstamo a la pareja Dávalos-Compagnon. Aún la duda central de la historia es si sus asesores españoles hicieron el estudio por su cuenta y riesgo o alguien invirtió políticamente para darle una mano a La Moneda. Por los actores involucrados, esta historia tiene muchas similitudes con lo que vimos en la elección de Trump, en la cual el uso de las redes sociales fue clave para manipular a la opinión pública. Así las cosas, esta sería nuestra primera trama chilena o, mejor dicho, una»Big Trama» chilena.
Ya está claro que lo que Blumel calificó como “información sofisticada” ha terminado siendo nada más que un listado de inconsistencias, intrigas y datos irrelevantes, que incluso llevó –la semana pasada– al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a señalar que “no hemos encontrado ningún valor” al informe Big Data, en el que quedó involucrado Quiñenco. Es decir, no aportó nada que pudiera ser constitutivo de delito ni, menos, logró probar la estrategia del Presidente y del Gobierno respecto de una supuesta intervención extranjera. Esperemos, que la estrategia de generar miedo –hasta ahora un fracaso total– a la que se han sumado Andrés Allamand y otros, no implique inventar otro estudio similar. Tal vez, es la hora de que lean con atención las encuestas disponibles –la CEP aporta muchos datos– y traten de entender mejor a la ciudadanía.
Este es un hecho que debe aclararse en todas sus aristas y participantes, porque los estándares de transparencia que requiere Chile no están a la altura de esta operación con evidentes fines políticos. En un momento en que las instituciones sufren la peor crisis de credibilidad de nuestra historia, en que el Gobierno navega sin rumbo con apenas un 6% de apoyo ciudadano, en que los problemas persisten y en que se espera un 2020 muy complejo en lo político y social, lo que se requiere es que se actúe no solo con transparencia, sino también –de una vez por todas– se produzca la separación entre el poder político y el económico.
El proceso constituyente que vamos a vivir durante dos años, debe dar garantías a todos los actores de que los poderes fácticos deberán ser muy cuidadosos para no imponer sus puntos de vista, velando por sus intereses particulares. La votación en el Senado que rechazó el agua como bien de uso público, es una mala señal de lo que puede pasar en esa discusión, después que se comprobara que 4 de los 12 senadores tenían algún conflicto de interés en el tema. Chile merece políticos y empresarios a la altura de esta crisis.
