Opinión
El plebiscito del 26 de abril será la principal medición de fuerzas y, a su vez, marcará el rumbo posterior del proceso político. Será el primer resultado institucional del estallido. Le proporcionará a la protesta social su primera victoria política e institucional y, a partir de su resultado, se realinearán las estrategias de los diversos actores políticos. Si, como todo indica, una mayoría de la población se inclina por aprobar el inicio de un proceso constituyente, cabe preguntarse si los actores políticos, empezando por el Gobierno, serán capaces de conducirlo adecuadamente, garantizando una sana convivencia ciudadana.
Luego de más de 100 días desde el inicio del estallido social, el panorama político chileno muestra aún muchos elementos de incertidumbre. El manejo del poder sigue difuso y, si bien la legalidad continúa acotada a lo que indica la actual institucionalidad, los principales actores políticos –tanto los formales como los emergentes– no logran construir una hegemonía clara sobre la sociedad en su conjunto.
En una breve síntesis, el Gobierno está aislado política y socialmente. A más de tres meses, aún no logra dar respuesta a la movilización ni menos encauzarla. La negociación política se ha trasladado al Congreso, pero los actores que allí interactúan –parlamentarios, partidos y funcionarios–, si bien tienen legalidad, carecen de legitimidad ante la mayoría de la población.
Por su parte, el movimiento social mantiene su ofensiva, pero al carecer de mando y programa único, no logra transformar su fuerza en poder político.
[cita tipo=»destaque»]El panorama para el año se muestra dinámico, poco predecible. Para algunos sectores de la sociedad, eso es esperanzador porque en la base de la protesta está una demanda de cambio, especialmente en lo que se refiere a la redistribución del ingreso y, con ello, el fin de privilegios y abusos. Pero también la incertidumbre es vista, por parte de la sociedad, con preocupación por los efectos –para empezar– que la prolongación de la crisis pueda ocasionar en la economía, el empleo y la inflación en especial.[/cita]
En este cuadro, el plebiscito del 26 de abril será la principal medición de fuerzas y, a su vez, marcará el rumbo posterior del proceso político. Será el primer resultado institucional del estallido. Le proporcionará a la protesta social su primera victoria política e institucional y, a partir de su resultado, se realinearán las estrategias de los diversos actores políticos.
Dos son los principales riesgos que emergen en este periodo: la incertidumbre y el orden público.
El panorama para el año se muestra dinámico, poco predecible. Para algunos sectores de la sociedad, eso es esperanzador porque en la base de la protesta está una demanda de cambio, especialmente en lo que se refiere a la redistribución del ingreso y, con ello, el fin de privilegios y abusos. Pero también la incertidumbre es vista, por parte de la sociedad, con preocupación por los efectos –para empezar– que la prolongación de la crisis pueda ocasionar en la economía, el empleo y la inflación en especial.
Por su parte, el orden público está afectado y lo más complejo es que no se observa capacidad del Estado para garantizarlo. Todo ello redunda en la incertidumbre aludida. La principal responsabilidad recae en el Gobierno, que tiene la conducción de las diversas agencias estatales encargadas de asegurarlo. Si bien se han presentado numerosos proyectos de ley, surgen interrogantes sobre si se basan en un diagnóstico acertado de la movilización, ya que las medidas legislativas propuestas hacen énfasis en el tema de orden, pero no atienden con la misma fuerza a las demandas sociales que están en la base de la movilización.
También se ha hecho evidente una ineficiente gestión de parte de la conducción civil respecto a las Fuerzas Armadas y de Orden que venía desde antes del estallido. En particular, a la fecha no han mejorado ni la conducción política ni el desempeño de la policía uniformada.
Con estos antecedentes, surgen fuertes interrogantes respecto al escenario que se abrirá con posterioridad al plebiscito. Si, como todo indica, una mayoría de la población se inclina por aprobar el inicio de un proceso constituyente, cabe preguntarse si los actores políticos, empezando por el Gobierno, serán capaces de conducirlo adecuadamente, construyendo certezas en la política, en la economía y, con ello, garantizando una sana convivencia ciudadana.
En Chile, la hegemonía sigue en disputa. El malestar social se ha manifestado con elocuencia en estos meses, la realización del plebiscito de abril abrirá un nuevo periodo. Será el principio de una nueva fase de nuestro proceso político. Resta por ver si su conducción estará a cargo de actores políticos y sociales organizados o emergerán diferentes liderazgos carismáticos, como ha ocurrido en otras sociedades contemporáneas.
