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Año 1978: la respuesta constitucional de los demócratas

por 14 febrero, 2020

Año 1978: la respuesta constitucional de los demócratas
En 1978 la dictadura y los grupos civiles que la apoyaban, pregonaban a los cuatro vientos que a los chilenos no se les podía dejar solos, que la salida de la dictadura para volver a la democracia, a la forma republicana de gobierno, era una invocación al caos, porque esa democracia “solo traía en su seno el germen de su propia destrucción”. Pero no todos pensaban así. Ese año, juristas, cientistas sociales y politólogos crearon el “Grupo de los 24”, una coalición de académicos de oposición democrática y pluralista al régimen militar que consensuó las bases institucionales para un Chile democrático. Nunca vio la luz, sino hasta 1992, cuando se publicó en formato libro: “Las Propuestas democráticas del Grupo de los 24”. Sería oportuno releerlo.
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El Gran Acuerdo por la Paz y la Democracia, suscrito por casi todos los partidos políticos del país, la noche del 15 de noviembre de 2019, abrió un escenario, generando  un punto de inflexión, en la evolución de la Crisis Social que vivimos. Junto con invocar la necesaria paz social –que en el caso de Chile tendrá que incluir cambios estructurales para la justicia y la igualdad–, la Declaración constituyó un salto político manifiesto: convocar al pueblo soberano para que resuelva  qué tipo de convivencia tendremos y en qué casa común viviremos.

En este maremágnum de acontecimientos, no se ha evocado, casi, una iniciativa que tuvo sus orígenes en 1978, cuando en Chile imperaba una dictadura que, en el mismo día de su entronización, se había arrogado el Poder Constituyente Originario (¡una Hoja en blanco de verdad!). En efecto, la Junta de Gobierno, mediante los Decretos Leyes N.os 1, 128 y 178, se había atribuido la potestad constituyente, habiendo cesado, en los hechos, la vigencia de la Constitución de 1925 y el sistema institucional que fundaba.

En ese año de 1978 hacía mucho tiempo que los gobernantes y los grupos civiles que los apoyaban, pregonaban a los cuatro vientos que a los chilenos no se les podía dejar solos, que la salida de la dictadura para volver a la democracia, a la forma republicana de gobierno, era una invocación al caos, porque esa democracia “solo traía en su seno el germen de su propia destrucción”. Lo decían profusamente los ideólogos del régimen y, por escrito, lo santificaría el mismo dictador Pinochet en su libro Patria y Democracia. No se abominaba de la democracia –cómo no–, pero había que generar una nueva, exenta de los vicios del pasado: la “democracia protegida”.

Pero en ese año de 1978, no todos pensaban así. Un grupo de juristas, cientistas sociales y politólogos creían en la democracia de siempre. Siempre perfectible, siempre en evolución. Ese año 1978, cuando se cumplían cinco años desde que Jaime Guzmán y sus colegas diseñaban, entre cuatro gruesas paredes, esa democracia protegida, se creó el Grupo de Estudios Constitucionales, llamado también “Grupo de los 24”.

Fue el primer grupo organizado, académico y político, “de oposición democrática y pluralista al régimen militar”. Sus propuestas fueron el fruto de un trabajo prolijo y acabado de quienes, proviniendo de diversos domicilios ideológicos, reconocían en la democracia, “así, sin adjetivo deformante alguno (…), como el único régimen político congruente con la evolución política del pueblo de Chile”. Bajo esas banderas comunes y constituyéndose en grupos locales y regionales a lo largo de todo el país, fueron debatiendo, proponiendo y consensuando las bases institucionales para un Chile democrático.

Coalición interacadémica y política, fue el Grupo de los 24, en su composición pluralista, en sus interacciones y conclusiones, una demostración concreta de que cuando los demócratas se juntan a discutir, analizar y dialogar, aun en las más incómodas de las condiciones, es posible llegar a acuerdos, consensuar diferentes puntos de vista  y conciliar distintas escuelas de pensamiento. Para arribar a propuestas democráticas de impecable factura académica.

Aunque no elaboró una nueva Constitución, el Grupo de los 24 tomó como base la Constitución de 1925, Carta que se aspiraba a reformar de una manera drástica, de forma tal que fuera vehículo para un nuevo orden institucional, con pleno respeto a los Derechos Humanos, en un marco de convivencia que condujese a una “democracia con contenido  social”.

Este aspecto –democracia con contenido social– justifica, toda vez que “en el orden económico, la democracia se caracteriza por una intensa búsqueda del beneficio y progreso de todos, para así avanzar hacia una sociedad en que el indispensable crecimiento económico vaya acompañado de una más equitativa distribución de sus resultados”. Pero esta democracia social propuesta exigía avanzar –algo perfectamente vigente en estos días– desde niveles bajos de la participación, política, social y económica "hacia aquellos en que es posible la participación activa de toda la comunidad organizada…”, de las personas y grupos, no solo en la vida política, sino también de las múltiples expresiones sociales, económicas, recreativas y culturales de la vida en sociedad”.

No es posible hacer una síntesis en estas líneas del vasto estudio constitucional del Grupo de los 24, pues incluye prácticamente todas las materias propias de un ordenamiento constitucional democrático, entre ellas: las bases del régimen político democrático y las constitucionales del nuevo orden económico; el estatuto de la organización del Estado; las diversas alternativas de Gobierno, incluyendo la de un régimen Semipresidencial; los mecanismos de la reforma constitucional que incorporan la iniciativa popular y la Asamblea Constituyente; la constitución y funcionamiento de un Consejo Económico y Social, etc.

Hoy en día –quizás por aquello de que “el ladrón cree que todos son de su condición”– los que ayer aplaudían sin reservas el Poder Constituyente Originario, y su fruto, la Constitución impuesta al país en 1980, dicen temer una supuesta “Hoja en Blanco”. Sugieren de esta forma que en esta ocasión se aplicará a su sector la misma medicina que aplicaron al país entero.

Nada más pertinente, entonces, que traer a la memoria el testimonio de ese Grupo numerosísimo de abogados y cientistas sociales y políticos que, con fe y convicción, ese año 1978 inició su fecunda ruta en medio de un ambiente hostil y repleto de descalificaciones.

Para proponer para Chile, ni más ni menos, que un Orden Político democrático, pacífico y justo.

Los tiempos que siguieron a la terminación de su tarea, de negociación y de renuncias que solo la historia juzgará, desfavorecieron la implementación de sus propuestas. Imperaba el Gobierno dictatorial, bajo cuyas reglas se efectuó y ganó el plebiscito de 1980 –la famosa Constitución de 1980– y la derecha de entonces, incluso rompiendo compromisos, se negó a modificar drásticamente “su Constitución".

Jaime Guzmán ejercía su influencia y Pinochet sería por diez años Presidente, comandante en Jefe y senador vitalicio. El sistema binominal, el Consejo de Seguridad Nacional, la inamovilidad de los comandantes en Jefe y los senadores designados, amén de las leyes de quorum calificado y otros “cerrojos”, estarían allí –y por muchos lustros–, para imponer la tutela, para “proteger” la democracia. Para que, lampedusianamente hablando, “todo cambiara para que nada cambiara”.

Como se ha dicho, la historia juzgará si, además, hubo en los demócratas de entonces responsabilidades adicionales para que las cosas sucedieran como sucedieron o si es que pudieron hacerse de otra manera.

El colofón fue que las propuestas democráticas, tan trabajadas durante diez años, pasaron a engrosar el archivo de las curiosidades, con la excepción de algunas que, en pro de un país más justo y requiriendo solo de cambios legales, fueron acogidas en la legislación, particularmente en lo referente a las leyes de familia, incluidas las de filiación y de divorcio.

Quizás, durante el debate necesario que tendrá lugar en el tiempo que viene, sea el momento de recoger el valioso insumo entregado por ese Grupo, para lo cual encuentro indispensable la lectura de un texto muy modesto, autoeditado el año 1992, que se titula Las Propuestas democráticas del Grupo de los 24. Este texto, de no más de 300 páginas, contiene las piezas más relevantes del fruto de ese esfuerzo notable.

De nuestra parte, en la persona de Manuel Sanhueza Cruz, recordado amigo y distinguido profesor, que cocreara y presidiera ese Grupo de los 24 durante todo el período en que funcionó, cabe el homenaje a quienes, asumiendo desinteresadamente riesgos personales y apretando el puño cuando muerde el miedo, dieron lo mejor de sí en la tarea de soñar y construir las bases de una auténtica democracia para Chile.

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